El gobierno de Chile consideró hoy positiva para su demanda contra la extradición a España del ex dictador Augusto Pinochet la cláusula incorporada a la declaración final de la IX Cumbre Iberoamericana que rechaza la aplicación de leyes con carácter extraterritorial.
El gobierno chileno reiteró en La Habana que recurrirá a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para buscar una solución definitiva a la disputa jurisdiccional en el caso del ex dictador (1973-91).
"El proceso que se ha desarrollado hasta ahora viola principios del derecho internacional, lo cual debe ser visto por el tribunal internacional de La Haya", dijo a IPS el canciller de Chile, Juan Gabriel Valdés.
Tras abandonar la sala donde se celebró la cumbre, el ministro manifestó que consideraba satisfactoria la Declaración de La Habana, "por cuanto recoge el punto de vista de Chile respecto de la necesidad de evitar las incursiones de tribunales en forma extraterritorial".
Valdés, quien representó al presidente Eduardo Frei en la cumbre, advirtió que las interferencias judiciales que afectan a Chile y otros países podrían extenderse en el futuro al resto de la comunidad iberoamericana "generando un caos jurídico".
Frei se abstuvo de concurrir a la cumbre en muestra de desacuerdo con el gobierno español en el caso del ex dictador chileno (1973-91).
Valdés aseguró que la impunidad quedó atrás en su país, que "tiene una larga tradición democrática y no necesita de tutorías", y añadió que las pretensiones de "establecer juicios sobre delitos cometidos por chilenos en Chile contra chilenos constituyen una ingerencia en el proceso de transición".
La cuarta versión de la Declaración de La Habana reitera el "enérgico rechazo a la aplicación unilateral y extraterritorial de leyes o medidas nacionales que infrinjan el derecho Internacional e intenten imponerse en terceros países a sus propias leyes".
Sin embargo, España parece hacer una lectura distinta del párrafo, modificado en su formulación según el primer borrador a propuesta de la delegación chilena.
Según fuentes cercanas al gobierno español de José María Aznar, "en la medida que esa extraterritorialidad sea acorde con el derecho internacional es aceptable", pero en caso contrario, sería condenable.
En este último caso, el gobierno español ubica a la Ley Helms- Burton, que permite a Estados Unidos sancionar a empresas de terceros países con inversiones en Cuba.
"Tenemos diferencias bastante serias, así que no me extraña que tengan una visión distinta de lo que sucede", comentó Valdés.
El ministro chileno dijo que el canciller español Abel Matutes le informó que el gobierno de Aznar considera la posibilidad de una reforma a la legislación española que obliga al Consejo de Ministros a acoger de manera irrestricta cualquier solicitud de extradición que se le haga por parte de los tribunales.
"Las relaciones con España no están ni mejor ni peor que antes de la cumbre. Lo que hemos hecho es hacer un planteamiento que Madrid conoce perfectamente bien", puntualizó Valdés.
Aznar, en cambio, considera que se trata de un pronunciamiento que "satisface a todos", según declaró este martes en rueda de prensa, en la que evitó comentar en detalle el proceso de extradición de Pinochet, detenido en Londres desde octubre de 1998, cuando se desarrollaba la VIII Cumbre, en Oporto, Portugal.
Ante una pregunta sobre si no consideraba paradójica la posición de España en contra de la ley Helms-Burton y "la extraterritorialidad de la justicia aplicada en el caso Pinochet", Aznar respondió que no hay que "confundir las circunstancias".
Por su parte, Matutes aseguró el lunes que el pronunciamiento contenido en la Declaración de La Habana no tiene nada que ver con el proceso llevado en España contra Pinochet.
Para el canciller español, lo único que aparece claro es la insistencia "con especial énfasis" en la exhortación al gobierno de Estados Unidos "para que ponga fin a la aplicación de la ley Helms-Burton, de conformidad con las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas".
España sostiene que en el caso de Pinochet no se trata de la aplicación de leyes nacionales a un tercer país, sino de cumplir con la Convención Internacional contra la Tortura de 1988.
El juez español Baltasar Garzón espera una respuesta positiva por parte de Gran Bretaña a su solicitud de extradición de Pinochet.
En la cumbre de La Habana tampoco participó el presidente de Argentina, Carlos Menem, quien alegó que en la comunidad iberoamericana no se están respetando los convenios suscritos sobre gobernabilidad y territorialidad de la justicia.
El presidente de Cuba, Fidel Castro, se manifestó a favor de que Pinochet sea juzgado por los crímenes cometidos durante la dictadura, pero al mismo tiempo sostuvo que está al lado de lo que sea más conveniente para Chile. (FIN/IPS/pg-da/ag/ip/99
