El gobierno de Cuba aplaudió como una nueva victoria diplomática la aprobación hoy en la Asamblea General de la ONU de una condena al bloqueo comercial y económico de Estados Unidos contra la isla.
La moción presentada por el presidente del parlamento cubano, Ricardo Alarcón, ante el máximo organismo deliberativo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) recibió el voto favorable de 155 países, ocho abstenciones y sólo dos votos en contra (Estados Unidos e Israel).
El resultado fue previsto por las autoridades cubanas, pese a que varias naciones que el año pasado apoyaron a la isla no pudieron votar en esta ocasión por estar en mora con sus contribuciones a la ONU.
En 1998, una resolución similar obtuvo 157 votos a favor, 12 abstenciones y la oposición de Estados Unidos e Israel.
Cuba llevó el asunto por primera vez a la ONU en 1992, cuando recibió el respaldo de 59 países y el voto contrario de Estados Unidos, Israel y Rumania.
Desde entonces, la diplomacia cubana logró que cada año se sumaran más países a la condena del embargo. En 1993, los votos favorables fueron 88, al año siguiente, 101, y en 1995 alcanzaron 117. En 1996 llegaron a 137 y en 1997, a 143.
En conferencia de prensa, el canciller cubano Felipe Pérez Roque alertó que Cuba es hoy el único país al que se impide comprar medicinas y alimentos a Estados Unidos, luego del levantamiento de las prohibiciones que pesaban sobre contra Corea del Norte, Irán, Libia y Sudán.
Sin embargo, Pérez Roque desestimó un cese parcial de las restricciones que permitiera la exportación estadounidense de alimentos y medicinas a la isla, por cuanto las demás limitaciones del embargo la impedirían.
"El levantamiento de la prohibición de venderle a Cuba alimentos y medicinas no es nada dentro del esquema y las complejas y estrictas regulaciones del bloqueo", señaló el canciller, a la misma hora en que la Asamblea General de la ONU escuchaba a Alarcón en Nueva York.
"Por Internet no se puede mandar el arroz a Cuba desde Texas", ironizó, pues el embargo vigente desde hace cuatro décadas impide a embarcaciones estadounidenses tocar puertos de la isla.
Además, la Ley Torricelli, de 1992, restringió la entrada a puertos estadounidenses de cualquier barco que hubiera atracado en Cuba, independientemente del país al que perteneciera.
En opinión del canciller, se requeriría autorizar el transporte marítimo y establecer procedimientos comerciales normales que permitan a La Habana recibir turistas estadounidenses y así tener ingresos para las compras que efectúe a Estados Unidos.
El turismo devino en los últimos años principal fuente de recursos para Cuba, que, según fuentes especializadas, comenzó a desplazar al estado estadounidense de Florida como destino de alemanes, brasileños, británicos y canadienses.
"Habría que autorizar la actividad económica financiera normal entre los dos países, aceptar que el bloqueo es una aberración, que es muestra de una política que no respeta los intereses de la mayoría del pueblo norteamericano", dijo Pérez Roque.
Bajo el título de "Necesidad de poner fin al bloqueo economico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba", la resolución aprobada en la ONU hace especial mención a la Ley Helms-Burton, de 1996.
Esa norma intensificó las sanciones, que pueden, incluso alcanzar a terceros países que negocien con la isla.
En ese sentido, la votación mayoritaria en favor del cese del embargo refleja el rechazo casi unánime de los países a regulaciones que afectan su propia soberanía, por los efectos extraterritoriales de la Ley Helms-Burton al castigar a compañías no estadounidenses que comercian con la isla.
Una de las empresas bajo amenaza de sanciones es la española Sol Meliá, la más importante cadena hotelera con inversiones en Cuba, pero sus directivos ratificaron que no piensan abandonar sus negocios en la isla.
En evidente muestra de apoyo a sus connacionales, el presidente del gobierno español, José María Aznar, y su delegación tiene previsto alojarse en uno de los hoteles Melía en La Habana durante la IX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en la capital cubana la semana próxima.
El proyecto de declaración final de la reunión de jefes de Estado y de gobierno iberoamericanos reitera la exhortación de los 21 países al gobierno estadounidense a que ponga fin a la aplicación de la Ley Helms-Burton, "de conformidad con las resoluciones" de la ONU. (FIN/IPS/pg/mj/ip/99
