El gobierno de Cuba parece interesado en subrayar que su diferendo ideológico con Estados Unidos sobrevivirá a un eventual levantamiento del embargo económico que Washington mantiene sobre este país caribeño desde hace 40 años.
Observadores sitúan en ese contexto la demanda interpuesta por el Tribunal Provincial de Ciudad de La Habana, que este martes sentenció a Washington a indemnizar a las víctimas de cuatro décadas de política agresiva.
La sentencia, que contempla el pago de 181.100 millones de dólares por daños humanos causados a la isla en ese período, podría quedar reducida al terreno de lo simbólico, pero en términos políticos intentó recoger evidencias del daño humano y material causado.
Haga lo que haga Estados Unidos respecto a las obligaciones por daños humanos emanadas de este proceso, "las pruebas son irrebatibles y los hechos, públicamente reconocidos por sus ejecutores", sostuvo el presidente de Cuba, Fidel Castro.
La demanda, presentada por varias organizaciones sociales cubanas, reclama a Washington por la muerte de 3.478 ciudadanos cubanos y la situación de incapacidad de otros 2.099.
El proceso, realizado en julio pasado, fue trasmitido en vivo por la televisión estatal, que lo retrasmitió posteriormente en sesiones de varias semanas, en una muestra elocuente de la decisión gubernamental de hacerlo parte de la historia oficial cubana para las próximas generaciones.
Casi 193 personas, entre testigos y peritos, desfilaron ante el tribunal durante la práctica de pruebas, apoyadas también en documentos desclasificados el año pasado en Estados Unidos.
La larga lista de agresiones denunciadas en la demanda incluyen la fracasada invasión de playa Girón en 1961, el apoyo a las bandas armadas antigubernamentales en los años 60, la presunta introducción de epidemias y plagas, y numerosos intentos de asesinar a Castro y otros dirigentes revolucionarios.
Sólo Castro fue objeto de 637 conspiraciones, descubiertas y abortadas por los organismos de seguridad cubanos, según declaró ante el Tribunal el perito José Pérez Fernández, quien aseveró que las tentativas se han centrado en esta década en las cumbres iberoamericanas.
El mandatario cubano ha participado activamente en esas citas, cuya novena edición se realizará los días 15 y 16 en La Habana, con la ausencia prevista de al menos cinco mandatarios latinoamericanos.
Sin embargo, el centro de las preocupaciones este año no está en las deserciones sino en supuestas maniobras de sectores de derecha y del exilio cubano en Estados Unidos para desestabilizar la cumbre.
En una larga presentación televisiva que se prolongó hasta la madrugada del martes, Castro acusó directamente al Departamento de Estado y su Oficina de Intereses en La Habana de conspirar para sabotear la IX Cumbre.
En concreto, mencionó que Charles Shapiro, nuevo coordinador para asuntos cubanos del Departamento de Estado, instó a la oposición cubana a organizar una reunión paralela a la cita iberoamericana.
Castro también se refirió a informes fidedignos según los cuales la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), una poderosa organización del exilio con sede en Miami, estaría tratando de impulsar a sectores disidentes y la Iglesia Católica.
En esta operación, encaminada según Castro a presentar un frente opositor unido a los mandatarios que asistan a la Cumbre, el líder cubano mencionó al obispo de Santiago de Cuba, Pedro Meurice, un crítico del régimen.
La reacción de la jerarquía católica no se hizo esperar y el cardenal Jaime Ortega emitió en la tarde del mismo martes un comunicado en el que rechaza cualquier "intento de manipulación política".
Ortega aclaró además que "las palabras, homilías o declaraciones públicas" de Meurice han sido dictadas por "su conciencia de pastor solícito" y no es fruto de manipulaciones.
"Ni antes de la Cumbre Iberoamericana, ni después de ella, la Iglesia en Cuba servirá como instrumento" para fines distintos a los de anunciar el Evangelio y procurar la reconciliación y la paz, concluyó Ortega.
Varios dirigentes opositores mencionados por Castro, entre ellos Elizardo Sánchez, presidente de la ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación, también negaron que estuvieran participando en una conspiración para desestabilizar la reunión Iberoamericana.
Castro aseguró que funcionarios de la Oficina de Intereses de Estados Unidos, a los que acusó de haber impuesto una entrevista con opositores cubanos al gobernador de Illinois, George Ryan, están en la isla "no sólo para dar visas, sino para hacer guerra, para conspirar".
En su visita La Habana la semana pasada, Ryan dejó en claro su posición favorable al levantamiento del embargo comercial y económico a Cuba, expresión de un sector cada vez más amplio en Estados Unidos. (FIN/IPS/pg/ag/ip/99
