Los jefes de gobierno de la Commonwealth (Comunidad Británica de Naciones) concluyeron hoy una cumbre en esta ciudad de Sudáfrica con el compromiso de defender la democracia, los derechos humanos y el buen gobierno.
Pero aunque el presidente sudafricano Thabo Mbeki y el secretario general del bloque, jefe Emeka Anyaoku, declararon que el encuentro de cuatro días fue un éxito absoluto, grupos de derechos humanos se manifestaron decepcionados por el resultado.
Entre los inconformes hay organizaciones de "sin techo" y otros grupos que exigían la expulsión del bloque de algunos países que violaron los derechos humanos.
En un comunicado divulgado al final de la reunión, los 54 gobernantes solicitaron mayor cooperación internacional para apoyar a las democracias en la lucha contra la pobreza.
Los dirigentes también dijeron que no sólo los gobiernos, sino también los partidos políticos, la sociedad civil y el público, tienen la misma responsabilidad de defender la ética democrática.
Así mismo, el grupo de gobernantes, integrado exclusivamente por hombres, reafirmó su compromiso con la igualdad de género como elemento esencial de la igualdad y los derechos humanos.
Durante la cumbre, los gobernantes condenaron el derrocamiento inconstitucional del gobierno democráticamente elegido de Pakistán el 12 de octubre, y exigieron el retorno inmediato a la democracia.
Los líderes pidieron al Grupo de Acción de Ministros de la Commonwealth que analice la situación en Pakistán y esté preparado para recomendar que se tomen medidas ulteriores, si no se logran avances rápidamente.
Así mismo, la cumbre exhortó que se aplique en su totalidad el Acuerdo de Paz de Lomé firmado para poner fin a la guerra civil en Sierra Leona.
Deploraron las violaciones al acuerdo y pidieron a todas las partes en conflicto que cumplan con sus obligaciones y cooperen con el proceso de desarme, desmovilización y reintegración a la sociedad de los combatientes.
También apoyaron el cese del fuego firmado en julio para el conflicto en República Democrática de Congo (RDC, ex Zaire) que comenzó hace más de un año.
La guerra se desató en RDC cuando los rebeldes, con el apoyo de Ruanda y Uganda, invadieron el país e intentaron derrocar el gobierno de Laurent Kabila.
Kabila accedió al poder después de que sus combatientes, paradójicamente también apoyados por Ruanda y Uganda, derrocaron al dictador Mobutu Sese Seko.
La cumbre también discutió la guerra civil de Angola, que ya lleva 25 años, y expresó su preocupación por el continuo sufrimiento del pueblo angoleño debido a que la rebelde UNITA no cumple el Protocolo de Lusaka ni la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que exige su acatamiento.
Los gobernantes instaron a la comunidad internacional a aumentar la ayuda humanitaria a los millones de desplazados por los conflictos en el mundo.
Con respecto a la corrupción, los líderes dijeron que esta se había convertido en algo mundial y que debe ser atacada con medidas nacionales e internacionales.
Pero grupos activistas, como Artículo 19, dijeron que quedaron decepcionados porque la Commonwealth no se pronunció con la firmeza debida contra los violadores de derechos humanos.
Aunque apoyaron la decisión del bloque de enviar misiones a Gambia y Camerún para evaluar la situación de derechos humanos, Artículo 19 declaró este lunes que la decisión de esperar hasta que ocurran las crisis para tomar medidas restará credibilidad a la idea de que los derechos son una prioridad para el bloque.
Activistas por los derechos de la comunidad homosexual y un centro de investigación de relaciones internacionales con sede en Londres pretendían la expulsión de Kenia, Sri Lanka, Zambia y Zimbabwe por violar los derechos humanos.
El presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, declaró que los homosexuales son peores que los "cerdos y los perros", y su gobierno es criticado por detener y torturar a dos periodistas que informaron de un intento de golpe de Estado que el régimen aseguró no existió.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional también señaló que la cumbre no trató importantes cuestiones de derechos humanos relacionadas con la policía y los militares.
"Aunque varias organizaciones exigen reformas legislativas en este ámbito, los jefes de gobierno de la Commonwealth optaron por hablar de los derechos humanos en vez de adoptar decisiones significativas para aplicarlos", declaró a IPS Felicity Harrison, de Amnistía Internacional-Sudáfrica.
"Hay muchos países en la Commonwealth plagados por la inseguridad y las violaciones de derechos humanos. Estos abusos son fomentados por otros gobiernos que exportan armas, entrenamiento y equipos para militares y policías, con poco o ningún interés en las consecuencias de sus acciones", dijo Harrison. (FIN/IPS/tra-en/lm/pm/aq/ip-hd/99
