El programa de sustitución de cultivos de drogas por desarrollo alternativo de Colombia, apoyado por Estados Unidos, debe tener "tratamiento integral", afirmaron el director de la Policía Nacional y un investigador privado.
El jefe de la policía colombiana, Rosso Serrano, afirmó que es pertinente unificar las acciones contra grandes y pequeños productores de cocaína, amapola y marihuana en todo el territorio y "no por separado", como sostienen funcionarios y expertos de Estados Unidos.
Serrano dijo el martes a IPS que el programa de erradicación de cultivos ilícitos en ejecución en Colombia es "efectivo".
Agregó que en los últimos dos años la policía antinarcóticos erradicó 500.000 hectáreas de plantaciones de hoja de coca y amapola en el sur, nordeste y oeste del país.
Las acciones del gobierno, a partir de la ayuda de Estados Unidos, están obteniendo resultados positivos, pero esa inyección de dinero y las actividades de la policía antinarcóticos "generan polémica" entre funcionarios de Washington, afirmó.
Por su parte, el investigador en Colombia de la organización Acción Andina, Ricardo Vargas, dijo este miércoles a IPS que la situación en el país es muy compleja, debido al conflicto armado interno, lo cual incide en la lucha contra el narcotráfico y el plan de sustitución de cultivos ilícitos.
Vargas entiende que el problema de la ayuda estadounidense es que está "centrada en el área militar para acabar con la insurgencia", factor que fortalece a los traficantes de drogas que controlan 88 por ciento del mercado de estupefacientes.
Acción Andina, conformada por investigadores en el tema de drogas de la región, informó que los cultivos de hoja de coca en Colombia crecieron de 45.550 hectáreas en 1995 a 101.200 hectáreas en 1998.
Ese aumento es alarmante, a pesar de la erradicación continuada que lleva a cabo el gobierno a través de un programa que se sustenta en la necesidad de la "defensa de la democracia hemisférica", que tiene en el narcotráfico "a una de sus principales amenazas", indicó Vargas.
El embajador de Estados Unidos en Colombia, Curtis Kamman, cuestionó el lunes en Washington el programa colombiano de sustitución de cultivos ilícitos y sostuvo que su país no ampliará la ayuda económica mientras siga latente la amenaza de la guerrilla y los paramilitares en las zonas de plantaciones.
En tanto, Pino Arlacchi, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, aseguró en un foro celebrado en Washington que Colombia carece de un "plan creíble" para la erradicación de cultivos ilegales.
Acción Andina sostiene que el comercio de drogas ilegales reporta a los grupos armados beneficios económicos, sobre todo por el dominio territorial que ejercen en la zona selvática del sur del país, principal área de localización de los cultivos.
Serrano respondió a las críticas de Kamman señalando que "es muy fácil polemizar desde un escritorio", y añadió que los funcionarios estadounidenses "deben asistir al escenario" de acción de la policía antinarcóticos.
"Los altos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos que nos visitaron últimamente quedaron satisfechos con los operativos militares de erradicación de plantaciones ilícitas", porque muestran "90 por ciento de efectividad", dijo.
Las últimas dos visitas oficiales que recibió Colombia para tratar el tema de la cooperación estadounidense fueron las del jefe de la oficina de política nacional antidrogas de Washington, Barry Mc Caffrey en junio y del jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Charles Wilhem, en octubre.
Tras su visita, Mc Caffrey solicitó a la secretaria de Estado Madeleine Albright un aumento de la ayuda a Colombia de 1.000 millones de dólares para intensificar la lucha contra las drogas, que libran las fuerzas de seguridad en especial en el sur y sudeste del país.
Durante la misión de Wilhem el gobierno colombiano anunció la creación de una central de inteligencia con asesoría estadounidense, que operaría en el sudeste del país para combatir a los grupos armados que participan en el narcotráfico, incluida la guerrilla.
Washington otorga cada año ayuda militar a Colombia por 300 millones de dólares, lo cual convierte a este país sudamericano en el tercer mayor receptor de ese tipo de recursos, detrás de Israel y Egipto.
Acción Andina enfatizó que los montos de esa ayuda militar, otorgada en nombre de la lucha antidrogas, "repercute sobre la construcción de la autonomía que la nación requiere para resolver sus propios conflictos". (FIN/IPS/mjll/dm/ip/99
