La controversia sobre el financiamiento de las campañas electorales retomó actualidad en Chile, luego de que el principal asesor del candidato presidencial derechista Joaquín Lavín tomara el control del mayor banco privado del país.
El protagonista central de esta polémica es el empresario Carlos Alberto Délano, consultor económico y principal asesor de "marketing" de Lavín, abanderado del derechista pacto Alianza por Chile para las elecciones presidenciales del 12 de diciembre.
El grupo Penta, que encabeza Délano, elevó su participación en el Banco de Chile a 30 por ciento del capital accionario, con lo cual asumió el control de esta casa financiera, la más antigua y fuerte del país, señaló el diario estatal La Nación.
Dirigentes de la gobernante Concertación por la Democracia, de centroizquierda, dijeron este martes que el papel protagónico de Délano en la campaña de Lavín demuestra los estrechos vínculos entre los poderes económicos y el candidato derechista.
Partidarios de Lavín replicaron que hay también connotados empresarios aproyando la postulación de Ricardo Lagos, candidato de la coalición gobernante, que integran fuerzas socialistas, demócratacristianas y socialdemócratas.
En las elecciones del 12 de diciembre se medirán seis candidaturas, pero la lucha por el triunfo está circunscrita a Lagos y Lavín, según diversas encuestas cuyos resultados fueron difundidos en las dos últimas semanas.
Lagos aparece con una ligera ventaja de dos a tres puntos porcentuales sobre Lavín, pero es muy probable que ambos deban enfrentarse en una segunda vuelta electoral el 16 de enero, si en la primera elección no se registra un ganador por mayoría absoluta.
La derecha, que apoyó la larga dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90), aspira a recuperar con Lavín en estos comicios el poder del que fue desplazada el 11 de marzo de 1990 cuando se restableció la democracia.
Délano pertenece a un grupo de administradores que ocupó cargos secundarios en dependencias oficiales o grupos económicos durante la dictadura y que emergió al mundo empresarial en la década de los 80 con la privatización de empresas estatales.
El grupo Penta se estructuró a partir de las ventas de las compañías estatales de seguros, que se adjudicaron a bajo precio para luego traspasarlas a consorcios locales y extranjeros con un alto margen de ganancia.
En el sector de la energía ocurrió algo similar, con antiguos funcionarios de la entonces estatal Empresa Nacional de Electricidad que pasaron a ser sus dueños, para dar nacimiento a un consorcio vendido hace un año a empresarios españoles.
Según Antonio Leal, diputado del oficialista Partido Por la Democracia, entre los empresarios que apoyan a Lavín se destacan aquellos que "se favorecieron con los grandes escándalos económicos del régimen militar".
Su adhesión al abanderado de la Alianza por Chile "se debe a que tienen la seguridad de que sus intereses económicos serán protegidos y podrán hacer grandes negociados, al igual que durante la dictadura", sostuvo Leal.
El hecho de que Délano y sus asociados alcanzaran el control del Banco de Chile muestra que detrás de la candidatura de Lavín "está el poder del dinero", afirmó la ex ministra Adriana Delpiano, subdirectora del comando de campaña de Lagos.
La diputada Angélica Cristi, del Partido Renovación Nacional, mienbro de la alianza derechista, comentó que es legítimo el interés de los empresarios en apoyar a uno u otro candidato y recordó que Carlos Cardoen es uno de los financistas de Lagos.
Cardoen es un empresario que se enriqueció como fabricante de artefactos bélicos, en especial de bombas aéreas de racimo, que vendió en grandes cantidades al gobierno de Iraq durante su prolongada guerra con Irán en la década de los 80.
Los dos principales candidatos para los comicios de diciembre necesitan contar con aportes significativos de dinero por las altas inversiones que requieren sus campañas, con costos que se calculan entre 20 y 30 millones de dólares.
En el trasfondo de las polémicas acerca de Délano y Cardoen está la falta de regulaciones legales claras en Chile sobre el financiamiento de las campañas electorales, un tema que emerge en vísperas de cada contienda presidencial o parlamentaria.
La dictadura de Pinochet expidió algunas normas sobre el financiamiento de los partidos y campañas en las postrimerías del régimen, cuando se volvió a permitir la actividad proselitista tras largos años de receso político.
Según la ley, los recursos sólo pueden provenir de pagos de cuotas de militantes, donaciones, herencias testamentarias y de los ingresos que rindan bienes que pertenecen al patrimonio de los partidos.
Los expertos estiman que esta norma, además de vaga, es restrictiva, lo cual determina que las principales fuentes de financiamiento, que son los aportes empresariales y las donaciones externas, se oculten o disfracen.
Existen propuestas para una ley que permitiría la entrega de subvenciones estatales a los partidos de acuerdo a su respaldo electoral o número de militantes, pero cualquier debate al respecto está diferido para después de las elecciones presidenciales. (FIN/IPS/ggr/dm/ip/99
