Burundi está al borde de una crisis humanitaria y de derechos humanos, advirtió hoy la organización Amnistía Internacional en respuesta a una escalada del conflicto civil del país centroafricano en las últimas semanas.
"Si no se toman medidas inmediatas para proteger a la población civil, habrá repercusiones catastróficas en la situación de derechos humanos del país", previno Amnistía.
La organización denunció informes sobre desapariciones y torturas en la capital, Bujumbura, así como otros graves abusos que incluyen ejecuciones extrajudiciales en campamentos de reagrupación de civiles.
"Como las conversaciones de paz se reanudarán en breve, todas las partes del conflicto tienen la oportunidad de prevenir un desastre mayor. La búsqueda de un nuevo mediador debe ser una oportunidad de fortalecer el proceso de paz", exhortó Amnistía.
Las partes en pugna buscan un nuevo mediador para sustituir a Julius Nyerere, el presidente de Tanzania fallecido en octubre.
Miembros de las Fuerzas Armadas sostienen que grupos opositores armados se infiltraron en campamentos de reagrupación, lo que pone en riesgo la vida de civiles, según Amnistía.
Además, los grupos rebeldes también intensificaron sus ataques contra civiles en muchas provincias del país.
"Así mismo, varios partidos enojados porque el gobierno y las fuerzas de seguridad no protegen adecuadamente la capital promueven la tensión étnica y realizan velados llamados a la violencia", denunció la organización defensora de los derechos humanos.
Durante tres semanas de septiembre, el ejército predominantemente tutsi trasladó por la fuerza a más de 320.000 personas, en su mayoría hutus, de las cercanías de la capital a unos 50 refugios transitorios, y las organizaciones humanitarias no pueden acceder a muchos de ellos, señaló Amnistía.
"Las condiciones son espantosas; en muchos campamentos no hay refugio alguno ni agua potable. En la primera semana de reagrupación, al menos 30 personas habrían muerto de deshidratación, en su mayoría mujeres y niños", agregó.
El asesinato de dos trabajadores de las Naciones Unidas en la provincia de Rutana, el 12 de octubre, exacerbó la situación en los campamentos, ya que las organizaciones humanitarias internacionales retiraron a la mayor parte de su personal.
"El gobierno sostiene que la reubicación de civiles tuvo por finalidad proteger su vida, pero en realidad los expuso al hambre, las enfermedades, el miedo y las violaciones a los derechos humanos", denunció Amnistía.
Informes no confirmados señalan que hasta 36 personas, incluidas 22 mujeres, fueron ejecutadas por miembros de las Fuerzas Armadas cerca del campamento de reagrupación de Kibembe, en la provincia de Bujumbura Rural, el 29 de octubre.
Aparentemente, los soldados se enojaron porque los civiles protestaron por las condiciones del campamento. El gobierno afirmó que los ejecutados eran miembros de la oposición armada.
Los reiterados ataques en Bujumbura de grupos hutus armados, que causaron decenas de muertes, provocaron una dura represión del gobierno, que en muchos casos detiene personas arbitrariamente y los acusa de colaboración con los rebeldes.
Decenas de personas desaparecieron en la capital en las últimas semanas.
"La comunidad internacional debe garantizar que todas las partes del conflicto tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población civil e impedir otro desastre en Burundi", exhortó Amnistía.
El conflicto en Burundi se reavivó en 1993 debido al asesinato del presidente hutu Melchior Ndandaye por soldados tutsis renegados.
Aunque la tentativa de golpe de Estado fracasó, el asesinato de Ndadaye dio lugar a una de las peores matanzas de la historia de Burundi y a la formación de milicias armadas extremistas, hostiles a la convivencia con la otra etnia.
Desde entonces, más de 150.000 personas murieron en el pequeño país centroafricano de seis millones de habitantes. (FIN/IPS/tra- en/mn/mlm/hd/99
