Las autoridades ambientales de Brasil desataron una ofensiva contra la destrucción de bosques por parte de madereros y hacendados, aprovechando una nueva ley que aumentó la pena a cifras millonarias.
La Ley de Delitos Ambientales, vigente desde el 21 de septiembre, multiplicó hasta más de mil veces las multas sobre la tala o quema ilegal de árboles, que siguen ocurriendo en gran escala en la Amazonia brasileña.
Al grupo empresarial Juary le fue aplicada hace a fines de octubre una multa record de 4,7 millones de dólares por haber incendiado un área de bosques primarios de 9.000 hectáreas, en el sur de Pará, el estado amazónico más afectado por actividades de deforestación.
Una suma más elevada aún alcanzó el total de penas impuestas a otras haciendas, empresas madereras y productores de carbón vegetal en la región, durante la última quincena de octubre. La ley anterior no permitía cobrar más que el equivalente a 2.600 dólares por cada infracción.
La extracción ilegal de maderas como la caoba y el cedro es uno de los blancos principales de los inspectores del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), órgano ejecutor de la política ambiental en el país, con poder de policía.
Las empresas del sector fueron multadas por más de dos millones de dólares en los dos últimos meses. La más elevada le correspondió a Cella, por talar caoba, un árbol de madera muy demandada y cara, cuya explotación está prohibida ante el riesgo de extinción.
El movimiento ambientalista, que considera a las madereras como una de las peores amenazas para los bosques amazónicos, apoya esa intensificación represiva, pero tiene dudas sobre su eficacia.
Sin continuidad, ese esfuerzo no será efectivo, por eso es demasiado temprano para una evaluación, según Roberto Smeraldi, coordinador en Brasil de la organizacin no gubernamental (ONG) Amigos de la Tierra.
Además, "la sola vigencia de una ley más severa es insuficiente para cambiar los hábitos de las madereras", sostuvo Smeraldi, en base en su larga experiencia en defensa de los bosques. Hay muchas brechas para burlar la ley, indicó.
En el año pasado, ejemplificó, sólo dos por ciento de las multas impuestas a madereras en la Amazonia fueron efectivamente pagadas. Recursos judiciales, postergaciones y variadas maniobras permiten eludir la sanción.
Las maderas decomisadas se pierden o vuelven a caer en manos de ilegales, a veces adquiridos en subastas públicas por la misma empresa castigada, a precios irrisorios, según el ambientalista.
Hay que esperar los resultados. Si dentro de unos seis meses las sanciones cobradas se elevan en 20 o 30 por ciento, se logrará un fuerte factor de inhibición, porque las multas encarecerán la extracción ilegal, haciendo más competitivas a las madereras que cumplen con la ley, razonó Smeraldi.
Un control eficaz de la actividad exige "que las inspecciones no sean esporádicas" y hechas por agentes que no conocen la realidad local, sino que se haga un seguimiento permanente y "sin excesos represivos", para que la autoridad ambiental "no aparecezca sólo como enemiga", añadió.
De todas formas será una tarea gigantesca. Los incendios son una técnica tradicional de los agricultores brasileños para preparar la tierra para la siembra. En la época seca se hacen generalizados en una extensa faja en el este y sur de la Amazonia.
El 80 por ciento de la madera extraída de la Amazonia es ilegal, según el experto Eduardo Martins, ex presidente del IBAMA y también militante ambientalista. El negocio, muy lucrativo, permite sobornar a autoridades y grupos indígenas, cuyos territorios poseen árboles de gran valor comercial.
Además, el instituto dispone de sólo 380 inspectores, una cantidad reconocidamente insuficiente para la inmensa extensión amazónica. Y la escasez de recursos técnicos y financieros se agrava por las dificultades financieras del Estado brasileño. (FIN/IPS/mo/ag/en/99
