La Asociación de Magistrados Brasileños (AMB), representativa de los 14.600 jueces de todo el país, promovió hoy una movilización nacional por mejores salarios y en protesta contra una supuesta campaña de debilitamiento del Poder Judicial.
Con manifestaciones y debates públicos en las principales ciudades del país, los jueces trataron de explicar la importancia de la justicia para la democracia y los derechos de la población, y lo que consideran un intento su subordinación a los intereses políticos y económicos de otros sectores.
No se trató de una huelga, sino de realizar actos y audiencias públicas en defensa de una institución amenazada, según el presidente de AMB, Luiz Fernando de Carvalho, aunque actividades judiciales menos urgentes estuvieron paralizadas este jueves.
La protesta nacional, decidida en un Congreso de Magistrados a fines de septiembre, constituye una reacción ante presiones que viene sufriendo el Poder Judicial en Brasil desde principios de este año.
Una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado estudiará desde abril denuncias de irregularidades cometidas por jueces y tribunales, mientras la Cámara de Diputados trata de aprobar una reforma del sistema.
Estos procesos pusieron en tela de juicio a la justicia en el país, revelando numerosos delitos practicados por jueces, como corrupción, nepotismo y complicidad con el narcotráfico. Una de las propuestas de reforma consiste en imponerle un órgano de control independiente.
Los ataques de autoridades ejecutivas y de líderes parlamentarios se intensificaron desde el 30 de septiembre, cuando el Supremo Tribunal Federal consideró inconstitucional la pretensión del gobierno de cobrar contribuciones previsionales de funcionarios públicos jubilados.
El fallo obligó al gobierno a reducir sus inversiones previstas en el próximo año y a aumentar tributos sobre empresas, para cubrir la pérdida de 1.250 millones de dólares y mantener así las condiciones para cumplir el ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional.
Ministros acusaron a la Corte Suprema de perjudicar las cuentas públicas y, por tanto, a la economía, al sostener privilegios de los empleados públicos, que se jubilan ganando en promedio ocho veces más que los trabajadores del sector privado.
El presidente Fernando Henrique Cardoso, sin atacar directamente a los jueces, calificó de patética la situación mantenida por la decisión judicial, con jubilados mejor remunerados que los funcionarios en actividad, ya que siguen ganando lo mismo pero dejan de contribuir a la previsión social.
El presidente del Senado, Antonio Carlos Magalhaes, llegó a proponer un recorte del presupuesto destinado al Poder Judicial, argumentando que sería "una medida educativa", y atacó duramente al presidente del Supremo Tribunal Federal, Carlos Velloso.
Detrás de la polémica está también el reclamo de los jueces por mejores salarios. La Corte Suprema aspira al techo salarial del sector público, una exigencia constitucional, fijado en 6.700 dólares, argumentando que es lo que ganan sus miembros que acumulan funciones en la justicia electoral.
Cardoso y Magalhaes, como jefes de los poderes ejecutivo y legislativo, quieren un límite 15 por ciento más bajo, el salario máximo de los jueces sin adicionales.
El objetivo consiste en evitar un aumento del déficit fiscal, pues un techo más elevado representaría una avalancha de aumentos salariales en todo el sector público, donde los sueldos de niveles inferiores suelen fijarse como un porcentaje del ganado por el jefe.
Los gastos subirían mucho especialmente en el Poder Judicial, que según el gobierno ya disfruta en promedio de las mayores remuneraciones.
El manifiesto con que la AMB justifica el Día Nacional de Movilización y Protesta destaca que los jueces ganan menos que otras autoridades, como comisarios de la Policía Federal o auditores fiscales.
Las remuneraciones de los magistrados están congeladas hace cinco años, mientras el gobierno concedió aumentos a 120 categorías funcionales de los poderes Ejecutivo y Legislativo, argumenta.
Brasil, con un juez en actividad cada 23.000 habitantes, tiene uno de los menores índices mundiales, destacó el presidente de AMB, quien indicó que en Alemania la proporción es de uno cada 3.000.
Desde 1988, los procesos judiciales se multiplicaron por 25, mientras la cantidad de jueces sólo se duplicó, haciendo que algunos de ellos tengan 12.000 casos bajo su responsabilidad, añadió Carvalho, juez de apelación en Río de Janeiro.
En esta situación, la persistencia de baja remuneración y la campaña de desprestigio debilitan al Poder Judicial, amenazando la democracia y los derechos ciudadanos, argumentan los jueces en conflicto. (FIN/IPS/mo/ag/ip/99
