Las comisiones parlamentarias brasileñas contra la corrupción llegan a la última etapa de investigaciones que pueden determinar el enjuiciamiento de un senador, ex directores del Banco Central y jueces.
El Poder Legislativo, que en los últimos años expulsó a muchos de sus miembros corruptos o involucrados en delitos, se ubicó en el centro de un proceso de depuración de las instituciones del país.
La comisión parlamentaria que investiga irregularidades en el Poder Judicial aprobó este miércoles el primer informe, en que el senador Luiz Estevao es acusado de daños al patrimonio público, enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos.
El parlamentario, dueño de una firma constructora de Brasilia, sería uno de los principales beneficiados por la desviación de 87 millones de dólares destinados a la construcción de la sede del Tribunal Regional del Trabajo en Sao Paulo .
El juez Nicolau dos Santos Neto y otra empresa constructora también deben responder por los fraudes que multiplicaron el costo previsto de la obra, la dejaron inconclusa y la convirtieron en un símbolo de corrupción.
La comisión parlamentaria pidió al Ministerio Público que efectúe una investigación judicial sobre esas personas. En consecuencia, Estevao podría ser sometido a un proceso político e inhabilitado por sus pares del Senado.
Los expulsados del Poder Legislativo por "falta de decoro parlamentario" aumentaron en los últimos años.
Otra comisión parlamentaria, la que investiga el sistema financiero, está en la fase final de elaboración de los informes. Su relator, el senador Joao Alberto Souza, adelantó que pedirá un juicio penal contra el ex presidente del Banco Central Francisco Lopes, entre otros funcionarios.
Souza concluyó que hubo ilegalidad en la ayuda prestada por la autoridad monetaria a dos bancos en quiebra a causa de la devaluación cambiaria del 13 de enero, con el pretexto de que había un riesgo de "colapso sistémico" del sector bancario.
La operación provocó una pérdida de 1.180 millones de dólares al cambio de entonces. Hay acciones populares interpuestas ante la justicia en Brasilia reclamando la devolución al Estado de ese dinero por parte de los ex funcionarios del Banco Central y los banqueros involucrados en la operación.
El senador Souza pretende someter su informe a la aprobación de la Comisión a fines de mes. Además de apuntar irregularidades y sus responsables, sugiere varias medidas para dar mayor solidez y transparencia del sistema financiero brasileño.
Sus propuestas son, entre otras, crear una comisión de senadores para supervisar la actividad del sector, retirar del Banco Central la función de fiscalizar los bancos para que se concentre en las tareas de autoridad monetaria y exigir la publicación de los balances de todas las grandes empresas.
Las dos comisiones investigadoras del Senado fueron creadas en marzo, por iniciativa de dos partidos, pero respondieron a una serie de escándalos que involucraron a jueces y a los cambios dispuestos por el gobierno a la política cambiaria, que causaron una depreciación del real de más de 30 por ciento.
La comisión que investiga al Poder Judicial presentará sus conclusiones sobre casos ruidosos, como la liberación irregular de narcotraficantes y fallos que incluían indemnizaciones muy sobrevaluadas a cargo del gobierno.
También figura el caso de un juez que obligó a decenas de mujeres a ceder sus hijos para adopción por extranjeros.
Pero la comisión parlamentaria investigadora que viene presentando los resultados más espectaculares fue creada por la Cámara de Diputados, también hace siete meses, para investigar el narcotráfico, cuyas actividades fueron prorrogadas hasta abril con posibilidades de convertirse en permanente.
Esta comisión desató un proceso al que ya se compara con la "Operación Manos Limpias" de Italia, pues desnudó conexiones del crimen organizado con parlamentarios, jueces, policías y casas de cambio que hacen lavado de dinero.
El descubrimiento de una red nacional de tráfico de drogas y armas, robo de camiones, asesinatos y otros crímenes que opera en 14 de los 26 estados brasileños llevó a la prisión y proscripción de un diputado federal, el mismo destino seguro para otros cinco parlamentarios nacionales y estaduales.
En la senda abierta por la comisión parlamentaria investigadora, el Ministerio Publico pidió la prisión preventiva de 55 involucrados en el estado de Acre, una puerta de entrada de drogas, en la frontera con Bolivia y Perú.
El gobierno decidió crear un Núcleo de Combate a la Impunidad, grupo operativo compuesto de altas autoridades judiciales, fiscales, federales y monetarias, para enfrentar el crimen organizado que, según el presidente Fernando Henrique Cardoso, penetró en el Estado más de lo imaginado y amenaza la democracia.
El diputado Moroni Torgan, relator de la comisión, convertido en un héroe nacional, estimó en 200.000 personas las involucradas en el narcotráfico en Brasil.
La comisión parlamentaria investigadora del narcotráfico investiga ahora en Campinas, ciudad de un millón de habitantes a 100 kilómetros de Sao Paulo, donde los diputados creen está el cabecilla de la red nacional, el principal centro de lavado de dinero y la conexión con los carteles colombianos de las drogas. (FIN/IPS/mo/mj/ip/99
