El gobierno de Brasil anunció hoy la creación de un grupo especial de combate contra el crimen organizado para asegurar los objetivos de la "operación manos limpias" lanzada por el parlamento.
La ofensiva gubernamental se aceleró después del sorprendente éxito de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) en desbaratar una red nacional de narcotráfico y revelar su infiltración en los poderes del Estado.
La CPI, designada por la Cámara de Diputados en abril, obtuvo indicios suficientes para poder apresar y enjuiciar a más de 60 personas, además de la probable inhabilitación de cinco diputados, uno de los cuales ya fue detenido.
Esa cifra debe elevarse a por lo menos 150, dijo el relator de la comisión, Moroni Torgan, quien estima en 200.000 las personas involucradas en el tráfico de drogas en Brasil, "más que el total de efectivos del Ejército".
Líder de las investigaciones que desnudaron la alarmante extensión del crimen organizado en el país, el diputado Torgan, un ex comisario de la Policía Federal, ocupó el lugar que en Italia le tocó a los jueces que golpearon duramente a las mafias.
Torgan defiende medidas osadas, como el rompimiento de relaciones diplomáticas con Suriname, al que acusó de nombrar para su embajada en Brasil a personas relacionadas con el narcotráfico, en una entrevista publicada el domingo en Jornal do Brasil, diario que se edita en Río de Janeiro.
El actual embajador de Paramaribo en Brasilia, Rupert Lawrence Chistopher, era el "brazo derecho" del ex presidente de Suriname, Desi Bouterse (1981-1988), "un traficante internacional buscado", según Torgan, quien añadió que también trabaja en la embajada el hijo de Bouterse.
Varias revelaciones como ésta, en especial la contaminación de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo, confirmaron que el narcotráfico gana una extensión antes apenas sospechada.
El presidente Fernando Henrique Cardoso determinó, al tomar conocimiento del problema, una amplia operación de combate contra el crimen organizado, concertada entre varios organismos del gobierno.
Es necesario dar consecuencia represiva a las investigaciones de la CPI, lo cual exige acción policial y judicial, explicó el ministro de Justicia, José Carlos Dias, al anunciar este lunes la creación del grupo encargado de combatir "con más agilidad" la criminalidad.
Dos comisarios de la Policía Federal, dos procuradores del Ministerio Público y representantes del Ministerio de Justicia, del Banco Central y de la autoridad fiscal compondrán el grupo, que será formalizado en los próximos días.
El presidente Cardoso y algunos ministros se reunirán este martes en Brasilia con dirigentes de la CPI para buscar definir estrategias y la cooperación mutua, con el fin de evitar que Brasil se convierta en una nueva Colombia.
Sin los resultados obtenidos por la CPI, "en cinco años" el narcotráfico en este país hubiera alcanzado similar nivel al colombiano, estimó Torgan.
La situación se había tornado difícil porque en Brasil, que posee un gran territorio y limita con países que son los mayores productores de cocaína, la represión policial se concentraba en las rutas internacionales y no en el combate al "tráfico interno", argumentó el legislador.
La comisión identificó vínculos entre grupos delictivos que operan en 14 de los 27 estados brasileños, con la participación de decenas de policías, la existencia de sistemas de lavado de dinero ilegal y de envío al exterior, además de actividades criminales relacionadas.
Muchos de los camiones robados, un grave problema económico en el país, se destinaba al transporte de vehículos para vender en Bolivia, con el fin de adquirir drogas y armas, reveló Jorge Meres, miembro de la red criminal.
Meres, ex conductor de camiones robados, se convirtió en testigo clave de la CPI al decidirse a delatar el grupo y los diputados que lo encabezaban. Para esa decisión contribuyó el asesinato de su mujer y la oferta de protección, como lo estipula una ley aprobada este año para estimular delaciones.
El grupo especial de combate al crimen organizado complementará el trabajo de la CPI y hará más ágiles las medidas necesarias, incluso por su movilidad, desplazándose hacia donde hay denuncias y situación de emergencia, afirmó el ministro Dias.
El Banco Central podrá contribuir mucho a las investigaciones si ofrece informaciones solicitadas por la CPI en menos de 72 horas, dijo el presidente de la comisión, el diputado Magno Malta.
Un acceso rápido a cuentas bancarias de personas sospechosas de cometer ilícitos puede ser decisivo para el éxito de la investigación, explicó. (FIN/IPS/mo/dm/ip/99
