El asesinato de Dorcelina Folador, alcaldesa de la localidad de Mundo Novo, en el centro-oeste de Brasil, mostró la disposición del crimen organizado al enfrentamiento, pese al desbaratamiento de una red nacional de narcotráfico.
El combate a las "mafias del contrabando" era una de las principales banderas de la alcaldesa de 36 años de edad, cuya muerte el sábado en la noche conmocionó el estado de Mato Groso del Sur, donde se ubica Mundo Novo. Miles de personas participaron en el sepelio este lunes.
Profesora de la enseñanza básica y militante del Movimiento de los Sin Tierra (MST) antes de ser elegida gobernante municipal en 1996, Folador siempre participó en luchas sociales e integraba el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).
Por eso la policía local y algunos dirigentes del PT no descartan la posibilidad de un crimen político. Folador recibía amenazas de muerte desde la campaña electoral, según el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Nilmario Miranda, también del PT.
Pero la principal sospecha recae sobre la "mafia" que, según ella, era su principal enemiga y controlaba tanto la política local como el contrabando de drogas, armas, automóviles robados y "hasta niños" llevados al exterior para su adopción irregular.
Mundo Novo se encuentra a 18 kilómetros de la frontera con Paraguay, un área de intensa actividad del crimen organizado.
El asesinato tuvo repercusión nacional. El ministro de Justicia, José Carlos Dias, ordenó a la Policía Federal encargarse del caso.
La población debe manifestarse en las calles por la vida de personas como Folador y la libertad de todos y para protestar contra "la impunidad que hace arrogantes a los criminales", indicó en una nota del presidente del Colegio de Abogados de Brasil, Reginaldo de Castro.
Un Estado ausente en la seguridad pública y autoridades omisas están en la raíz de la impunidad, sostuvo el abogado.
La repercusión del caso fue mayor por sumarse a las últimas revelaciones sobre la extensión del crimen organizado en el país, promovidas por la Comisión Parlamentaria de Investigaciones (CPI) sobre narcotráfico.
La labor de la CPI permitió desbaratar un grupo criminal del estado de Acre, en la frontera con Bolivia y Perú, que controlaba el narcotráfico local y asesinó a decenas de personas. Su jefe era el diputado Hildebrando Pascoal, inhabilitado en septiembre.
Las investigaciones ya comprobaron la existencia de una red con conexiones en 14 estados de los 27 estados brasileños. Otros dos diputados, representantes de estados del Nordeste, fueron señalados, junto con Pascoal, como jefes de la red.
Robo de camiones en Brasil para canjearlos en Bolivia por cocaína era la actividad principal de la banda que, según testigos, asesinaron a numerosas personas, por disputas, disensiones internas o venganza.
El relator de la CPI, diputado Moroni Torgan, ex comisario de la Policía Federal, prevé que sus averiguaciones conducirán al enjuiciamiento de 150 personas involucradas con el narcotráfico.
Esta semana, la comisión se desplazará a Campinas, a 100 kilómetros de Sao Paulo, ciudad conocida por la gran cantidad de vehículos robados. Ese delito estaría vinculado a la red del narcotráfico, según las denuncias, que apuntan un empresario local como otro jefe del grupo.
La amplitud de las conexiones por todo el país, involucrando a políticos, jueces y policías, agravó los temores de que el narcotráfico promueva en Brasil un proceso de violencia similar al de Colombia, caracterizada, entre otros factores, por los numerosos asesinatos de alcaldes. (FIN/IPS/mo/mj/ip/99
