A un paso del siglo XXI, en Bolivia sobrevive un sistema que mantiene en condiciones de servidumbre a unas 700 familias indígenas guaraníes, que serán liberadas en los próximos tres años con ayuda internacional.
El Consejo de Capitanes Guaraníes puso en marcha el proyecto "Rekota Tekove" (Liberación de Familias en guaraní), con una contribución económica superior al millón de dólares aportada por el gobierno de la comunidad española de Navarra y Medicus Mundi.
Aunque la Constitución boliviana prohibe cualquier tipo de servidumbre, los gobiernos vivieron indiferentes a este sistema que rige en algunas provincias de los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, en el sudeste del país.
De los 14.240 indígenas guaraníes que viven en esa región del Chaco boliviano, unos 4.250 se encuentran en una situación de dependencia de hacendados para los que trabajan largas jornadas seis días a la semana y durante todo el año sin percibir salario.
A cambio del trabajo en las haciendas, los patrones les pagan a los indígenas con ropa y víveres en cantidades apenas suficiente para sus familias, pero a fin de año, cuando hacen las cuentas, en muchos casos resultan deudores de los hacendados.
En aquella región se conocen casos en que las nuevas generaciones de guaraníes comienzan a trabajar a los 10 años, heredan las deudas de sus padres ante los terratenientes y reproducen así una cadena sin fin de explotación.
Las mujeres guaraníes, que trabajan para los mismos patrones que sus esposos, no gozan de permiso durante la gestación y muchas niñas son violadas antes de cumplir 12 años.
El maltrato físico y los abusos no son menos dramáticos que la situación laboral.
Durante décadas los indígenas no tuvieron ante quien quejarse, porque las autoridades pertenecían a la misma cadena de explotación o estaban vinculados por lazos familiares con los hacendados.
Sólo desde este año existe una oficina de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, en la ciudad de Monteagudo, unos 1.200 kilómetros al sudeste de La Paz y la más cercana a las comunidades donde persiste el sistema de servidumbre.
Por primera vez en varias décadas un miembro del gobierno visitó este mes la zona para conocer las denuncias. El viceministro de Justicia y Derechos Humanos, Edgar Moreno, comprobó el dramático cuadro social de esa parte del Chaco y escuchó testimonios de los propios afectados.
El funcionario se comprometió a crear una comisión integrada por representantes del gobierno central, del departamento y de los municipios del área para acabar con la explotación a la que son sometidos los indígenas guaraníes por los hacendados.
"No podemos entrar al nuevo siglo con una situación de semiesclavitud», dijo el viceministro.
Por otra parte, el Consejo de Capitanes Guaraníes, que reivindica el término de "capitanes" en honor al título que ostentan las autoridades originarias e impulsa la defensa de los derechos de las comunidades de esa región de Bolivia, comenzó a preparar las condiciones de la liberación de los indígenas.
Una parte del proyecto "Rekota Tekove" se materializó este mes con la entrega de 1.150 hectáreas de tierra a 26 familias guaraníes en la población de Cañadillas, a 30 kilómetros de Monteagudo, en el departamento de Chuquisaca.
El gobierno español compró en 33.000 dólares esa extensión de tierra a un terrateniente boliviano para entregársela a ese pequeño grupo de familias originarias.
"Gente de otro país nos apoya, pero nuestros propios gobernantes no", dijo el capitán grande de la comunidad guaraní de Iguembe, Marcelino Tardío, durante una visita que realizó a la zona el embajador de España en Bolivia, Manuel Viturro, y el presidente del gobierno autónomo de Navarra, Miguel Sanz.
Sanz, por su parte, dijo que las comunidades guaraníes ilustran y ejemplifican plenamente la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
"Espero y deseo que sus aspiraciones se hagan realidad. Cuentan con un gobierno amigo y hermano que una vez les tendió la mano y lo volverá a hacer", dijo Sanz a un grupo de guaraníes en Monteagudo.
Y aunque saben que por ahora la prioridad consiste en conquistar la libertad, las comunidades guaraníes saben que luego deberán afrontar nuevos desafíos y para eso reclaman apoyo del gobierno.
Algunas de esas tareas en las que los indígenas requieren ayuda son la recuperación de tierras para el asentamiento de las familias que serán liberadas, apoyo a la producción agropecuaria, ayuda alimentaria y construcción de infraestructura básica.
El Consejo de Capitanes Guaraníes estima que todo ese proceso se ejecutará en tres años, durante los cuales se harán trabajos de reflexión y concientización con las propias familias para que se preparen a vivir en libertad, condición que nunca conocieron.
Mario Rivera, otro capitán guaraní del Chaco boliviano, afirmó que la libertad no es suficiente para que las comunidades originarias mejoren sus condiciones de vida.
También hace falta que las autoridades nacionales, departamentales y locales presten atención en materia de salud, educación, infraestructura y apoyo a la producción, añadió.
El 55 por ciento de los indígenas guaraníes de esa región vive en comunidades libres, 24,6 por ciento está en una situación intermedia entre la libertad y la dependencia, y 25,6 por ciento vive bajo completa dependencia de los hacendados.
Todos ellos conforman el grupo de población más empobrecido de Bolivia y con los peores indicadores sociales del país. (FIN/IPS/ac/ag/hd/99
