Canadá incluirá medidas restrictivas en su tratado de aguas limítrofes con Estados Unidos, buscando mantener las exportaciones de agua de los Grandes Lagos fuera de la jurisdicción de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Esta semana Ottawa anunció que propondrá la inclusión de restricciones a la extracción masiva de agua en el Tratado de Aguas Fronterizas Internacionales, en cuyo marco se creó la Comisión Mixta Internacional Canadá-Estados Unidos sobre Aguas Limítrofes.
El temor a que las normas de la OMC obliguen a Canadá a realizar exportaciones de agua aumentó tras los cambios climáticos de la última década, porque el clima inusualmente cálido hizo que el nivel de los Grandes Lagos, situados en la frontera oriental con Estados Unidos, bajara un metro respecto del de 1980.
A comienzos de este año la Comisión Mixta Internacional pidió que se impusiera una moratoria a las exportaciones de agua de los Grandes Lagos.
"Los canadienses están muy preocupados acerca del futuro del agua potable de este país, y esperan que ese importante recurso natural sea protegido", declaró Lloyd Axworthy, el ministro de Relaciones Exteriores de Canadá.
"Las enmiendas que hemos propuesto en el frente internacional son plenamente consistentes con el deseo de mantener a salvo nuestros recursos acuíferos. Se trata de iniciativas amplias, ambientalmente seguras, y adecuadas a las leyes del comercio internacional", expresó.
"Sabemos que hay gente que piensa que la manera de proteger el agua potable es prohibir en forma total su exportación. Con franqueza, opino que esa idea es simplista y equivocada. Si se adoptara ese criterio el recurso se haría más vulnerable y más difícil de proteger", comentó.
"Nuestra iniciativa asegura que el agua potable esté protegida antes de convertirse en objeto de exportación", añadió.
El mismo día en que se anunció la iniciativa del gobierno, éste criticó a la provincia occidental de Columbia Británica por mantener su prohibición de exportar agua, afirmando que eso hacía que Canadá fuera vulnerable a demandas en el ámbito de la OMC.
Las compañías extranjeras pueden entablar querellas contra la prohibición, invocando las normas internacionales del comercio, explicó Axworthy.
"La historia y la prosperidad de nuestro país se originaron en gran parte en la explotación de sus recursos naturales. Pero siempre hubo una diferencia, una línea divisoria, en lo relacionado con nuestras reservas de agua potable", expresó el ministro de Ambiente, David Anderson.
"¿Cómo evitamos que mezquinos intereses comerciales perjudiquen los objetivos de los canadienses? Canadá necesita cerrar las canillas a la extracción masiva en la fuente, y no en la frontera. Nuestros ríos, lagos y cuencas están en el corazón de nuestra identidad nacional", afirmó.
El día 29, los ministros federales y provinciales de Ambiente se reunirán en la localidad de Kananaskis para discutir los métodos de protección de los recursos de agua potable.
El gobierno federal pedirá a las provincias que firmen un "acuerdo nacional" voluntario. "Aceptamos prohibir la extracción masiva de agua de nuestras principales cuencas, incluso las extracciones con propósitos exportables. Cada jurisdicción determinará su propio método", señala el acuerdo.
Maude Barlow, titular de Consejo de Canadienses, un grupo de Ottawa contrario a la globalización, declaró que el gobierno federal "está tratando de quitarse el fardo de su propia responsabilidad".
"Un acuerdo voluntario será sólo eso, voluntario, y no obligará a las provincias a proteger sus recursos acuíferos ahora o en el futuro", afirmó.
"Si bien la responsabilidad por el agua potable recae bajo la jurisdicción provincial, el comercio internacional incumbe exclusivamente al gobierno federal. Sólo éste tiene la jurisdicción de imponer la prohibición nacional a las exportaciones de agua", agregó.
"La OMC también pone en peligro el agua canadiense. El artículo XI del GATT (el acuerdo antecesor de la OMC) prohíbe específicamente la veda a la exportación de productos comerciales básicos", explicó Barlow.
El "GATT permite que los países apliquen medidas, como tasas de exportación, para proteger sus recursos naturales, pero esas fueron abolidas por el TLCAN", dijo refiriéndose al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, intregrado por Canadá, Estados Unidos y México.
Sin embargo, Anderson previno que Canadá no puede permitir que se considere al agua como cualquier otro producto comercial. "Una vez que se comienza a exportar agua masivamente no hay forma de cerrar la canilla", advirtió.
"Si se empieza, uno debe tener en claro cómo será la situación dentro de 50 o 100 años y las consecuencias para los intereses canadienses en esa época", agregó.
El gobierno federal enfrenta una demanda judicial en su contra por 10.500 millones de dólares, entablada por la compañía estadounidense Sun Belt Inc., bajo las disposiciones del TLCAN.
El socio canadiense de Sun Belt fue una de las seis compañías que obtuvieron licencias para exportar agua por parte del gobierno de Columbia Británica en los años 80, cuando una sequía en California hizo que los envíos en buques cisterna a lo largo de la costa fueran financieramente viables.
No obstante, tras un cambio de gobierno, Columbia Británica impuso una moratoria en las exportaciones de agua antes de que pudiera ser embarcada, y la firma estadounidense pretende resarcirse de los daños por haber perdido el negocio.
Otra firma, Gisborne Lake Water Exports, considera demandar al gobierno canadiense por colaborar con el gobierno de la provincia oriental de Terranova para anular su proyecto de establecer una terminal de buques cisterna y una planta embotelladora de agua extraida de un lago del sudeste de la isla. (FIN/IPS/tra-en/mb/mk/ego/mp-aq/if/99
