MADRID – El juez español Baltasar Garzón dictó el martes orden de búsqueda y captura contra 98 militares argentinos, incluyendo a integrantes de las juntas de la última dictadura (1976 y 1983).
En un auto notificado ese día a Interpol y a los abogados de la acusación, cuyo equipo encabeza el argentino Carlos Slepoy, Garzón acusó a los 98 militares de crímenes de genocidio, terrorismo y tortura.
Basándose sobre el principio de territorialidad, Buenos Aires ha sostenido que ni España ni otros países tienen competencias para juzgar a ciudadanos argentinos por delitos cometidos en Argentina.
También ha alegado que en Argentina ya se celebraron juicios y que ahora se instruyen otros por delitos como el secuestro de recién nacidos, por los cuales ocho militares de alta graduación, cuatro de los cuales miembros de las juntas, están procesados.
Pero el auto dictado por Garzón incluye los delitos de genocidio y terrorismo, por los cuales esos 98 militares no fueron juzgados, según el juez español.
Aunque Buenos Aires se niegue a trasladar a la justicia el pedido de Garzón, si cualquiera de los procesados viajase fuera de Argentina correría el riesgo de ser detenido y sujeto a un juicio de extradición.
En ese sentido son ilustrativos los casos del general Augusto Pinochet y del ex capitán de la Armada argentina, Alfredo Astiz.
Pinochet está detenido en Londres desde el 16 de octubre de 1998 y sometido a un juicio de extradición, en virtud de un proceso que está instruyendo el mismo juez Garzón.
En 1990 Astiz fue condenado en ausencia a cadena perpetua por un tribunal francés, por la desaparición de dos monjas francesas, y desde entonces no se atreve a cruzar las fronteras de su país por temor a ser detenido. —-
