Los menores detenidos en cárceles de Pakistán padecen habitualmente abusos que incluyen la tortura policial, denunció esta semana la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
Los adolescentes bajo custodia policial, a menudo encarcelados junto con adultos, reciben "el mismo tratamiento deplorable" que éstos, sostiene el nuevo informe de HRW, titulado "Destinados a la prisión: La negación de justicia a los menores infractores en Pakistán".
El tratamiento incluye "varias formas de tortura física, como golpizas, colgamiento cabeza abajo y latigazos", denuncia el documento de 147 páginas, divulgado el jueves.
En base a visitas a varias instituciones de Punjab y entrevistas con personal de cárceles, fiscales, abogados defensores, jueces y activistas de los derechos humanos, HRW afirmó que, nueve años después de ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia, Pakistán niega protecciones básicas a los menores que infringen la ley.
Según la Convención, los menores detenidos deben estar separados de los adultos, además de tener derecho a asesoría legal y a un procesamiento oportuno de sus casos, pero estas normas raramente se cumplen en Pakistán, según el informe.
Aunque la ley exige que la policía lleve a los detenidos ante la justicia en un plazo de 24 horas, los menores pasan hasta tres meses bajo custodia antes de ver un juez, y aun entonces, sus casos se demoran más de la cuenta.
Por ejemplo, de los 2.700 menores infractores detenidos en febrero de 1998 en la provincia de Punjab, 91 por ciento todavía esperan sentencia.
Mientras transcurre el juicio, los menores languidecen en instalaciones superpobladas, muchas veces sin oportunidades de educación ni de recreación. Peor aún, menos de 20 por ciento de ellos son hallados culpables una vez que termina el juicio.
Si la justicia determina la culpabilidad del menor, éste recibe duras sentencias que van de 10 a 25 años de prisión, según el informe.
En febrero de 1998, sólo en la provincia de Punjab 55 adolescentes aguardaban la ejecución de su pena de muerte, aunque la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia prohíbe la aplicación de la pena capital a menores de 18 años.
A menudo las sentencias de muerte son conmutadas en instancias de apelación, pero igualmente Pakistán es uno de los seis países que ejecutaron a menores infractores en la última década.
La sobrepoblación carcelaria es "generalizada". Por ejemplo, el pabellón juvenil de la prisión del distrito de Lahore alberga el triple de menores para los que fue diseñada, dice el informe.
Además, las comodidades existentes en las instalaciones visitadas por HRW eran "excesivamente escasas". Los menores están recluidos en especies de barracas y duermen en el suelo o sobre plataformas de cemento, sin colchón.
Pese a la exigencia de la Convención de que todos los menores, antes y después de su sentencia, reciban tratamiento de rehabilitación y sean reintegrados a su comunidad, la educación y la enseñanza de oficios están gravemente limitadas en Pakistán, concluyó HRW.
La única excepción es la instrucción religiosa, que constituye una prioridad en las tres instalaciones visitadas por la organización.
Esto está relacionado con una ley que otorga a los prisioneros una reducción de dos años en su pena de prisión si demuestran que memorizaron el Corán por completo, señala el informe.
La tortura es común como medio para obtener confesiones o información sobre un caso antes de los juicios, y también como forma de castigo, intimidación o extorsión económica, sostiene el documento.
"Así mismo, los menores son vulnerables a ataques sexuales de los policías", agrega.
En mayo de 1998, Ghulam Jilani, de 13 años, murió bajo custodia policial en la localidad norteña de Mansehra.
Aunque la policía inicialmente afirmó que se trató de un suicidio, otro menor detenido aseguró que Jilani murió luego de una "grave y prolongada tortura".
Las protestas públicas contra el aparente asesinato condujeron a la detención del jefe de la estación de policía y a una investigación judicial, pero este caso es extremadamente inusual, porque no existen mecanismos independientes para denunciar abusos policiales, señaló HRW.
Dos de las cuatro provincias de Pakistán, Punjab y Sindh, tienen leyes para la creación de tribunales de menores y escuelas de oficios, pero éstos no fueron establecidos plenamente todavía, observó la organización.
Sólo Karachi, que tiene un tribunal y una cárcel para menores, comenzó a implementar las normas básicas de un sistema judicial específico.
"Las autoridades paquistaníes deben ocuparse con urgencia de esta crisis judicial en bien de los menores", exhortó Lois Whitman, jefe de la División de Derechos de la Infancia de HRW. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/mlm/hd/99
