Los principales responsables por la atención a los menores delincuentes en Brasil admitieron abiertamente que la violencia dentro de los centros de atención está prácticamente fuera del control de las autoridades.
Representantes de organismos internacionales reconocieron que "lo ideal seria abandonar totalmente el sistema de centros para menores delicuentes y empezar todo de nuevo", según declaró Mario Volpi, alto funcionario del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Brasil.
La gravedad del problema quedó en evidencia después de una secuencia de rebeliones en el principal centro de atención a menores delincuentes en el estado de Sao Paulo, donde cuatro jóvenes fueron muertos por sus colegas.
Los sangrientos episodios ocurridos en la Fundación del Bienestar del Menor en la región de Imigrantes fueron transmitidos por la televisión, lo que aumentó el impacto del drama vivido por los amotinados y sus rehenes, todos ellos funcionarios de la institución pública.
Lo que más llamó la atención de la opinión pública fueron las declaraciones del gobernador de Sao Paulo, Mario Covas, quien reconoció que el gobierno estadual ya era impotente para controlar la violencia dentro de los centros de detención.
Covas, quien pertenece al mismo partido que el presidente Fernando Henrique Cardoso y es un posible candidato a la Presidencia en los comicios del 2002, ordenó el traslado de los 100 jóvenes participantes en la rebelion a unidades de máxima seguridad, que sólo existen en cárceles para adultos.
La decisión provocó violentas protestas de los familiares de los menores trasladados, ante lo que el gobernador reaccionó con energía.
"Estamos tratando de cambiar las cuatro llantas neumáticas de un coche en marcha y que no puede detenerse. Estamos en una situación dramática, donde todos los problemas suceden al mismo tiempo", afirmó.
De hecho, Covas enfrentó en agosto una grave rebelión en la unidad de menores delicuentes de Tatuapé, dramáticamente superpoblada. Para calmar a los amotinados decidió llevar a algunos de ellos a Imigrantes, mientras vaciaba una cárcel de mujeres para recibir a los menores.
Las operaciones de traslado estaban en curso cuando los funcionários de la unidad de Fundación del Bienestar del Menor en Imigrantes anunciaron un paro laboral.
Como medida de emergencia, el gobierno llamó a la Policía Militar para evitar fugas de los jóvenes, que temiendo represalias tomaron rehenes y anunciaron el motín, que fue neutralizado el 26 de octubre.
Los episodios dramáticos de la última semana de octubre en SFo Paulo revelaron como los menores delincuentes están imitando los procedimientos utilizados por los adultos en las cárceles brasileñas.
Pero hay un elemento más grave en los centros de menores, que técnicamente no son considerados instituciones carcelarias.
El crimen organizado controla el interior de casi todos los establecimientos penales de Brasil, lo que paradójicamente asegura un mínimo orden, al existir una jerarquía impuesta por la fuerza.
"En los centros de la Fundación del Bienestar del Menor, aun no hay quien controle todo lo que sucede dentro de las rejas y por lo tanto la violencia es más intensa e imprevisible", señaló un policía que prefirió no identificarse para evitar represalias.
El temor de ser objeto de acusaciones de violencia contra los menores ha llevado al gobierno a no ordenar la entrada de la policía a los centros de detención en caso de rebelión. Esto ha vueltoa los funcionarios civiles muy vulnerables a los secuestros, razón por la cual amenazaron con un paro.
Para llamar la atención del gobierno, los menores delincuentes de Imigrantes mataron a cuatro compañeros que se negaron a apoyar la rebelión. A uno de ellos le cortaron la cabeza después de muerto y los demás fueron quemados, posiblemente cuando aún estaban vivos.
Desde agosto, casi mil menores delincuentes han logrado escapar de instituciones administradas por la Fundación del Bienestar del Menor en Sao Paulo. Es el índice más alto de fugas en todo el país y, según las autoridades locales. (FIN/IPS/cc/ag/hd/99
