Cincuenta alcaldes de Brasil fueron asesinados en los años 90 y la justicia condenó a menos de 20 por ciento de los responsables, según un estudio publicado esta semana por el diario Folha de Sao Paulo.
Esos datos agravan el pesimismo de los partidos de oposición sobre la investigacion policiaca en torno del asesinato, el sábado, de la alcaldesa del municipio de Mundo Novo, en el estado de Mato Grosso.
Dorcelina Folador, la víctima número 50, fue asesinada en su casa por un pistolero que habría logrado refugio en territorio paraguayo. La Policía Federal, que asumió las investigaciones por orden del Ministerio de Justicia, no había identificado aún este fin de semana a ningún sospechoso.
Pero la prensa brasileña publicó varias posibles explicaciones para el crimen, atribuyéndolo a supuestas presiones de bancos acredores, a carteles de la coca o a mafias del contrabando de ninos.
Folador, del centroizquierdista Partido de loa Trabajadores (PT), asumió la alcaldía de Mundo Novo con la promesa de eliminar la corrupción de las administraciones anteriores.
Los partidos de oposición en Brasil estiman que la alcaldesa fue muerta por sicarios, muy comunes en el interior del país y responsables de más de 90 por ciento de los asesinatos de alcaldes.
Mato Grosso, cerca de la frontera con Paraguay, empieza a tomar el lugar de Piaui como el estado donde la violencia y el asesinato son armas políticas frecuentes en las disputas entre siglas y clanes familiares locales.
Piaui, en la zona más pobre del nordeste de Brasil, encabeza la lista de la violencia municipal con siete alcaldes asesinados desde 1990, según el estudio de Folha de Sao Paulo, uno de los dos diarios más leídos del país.
Es también un estado donde la impunidad es rutina. Solo un asesino de alcaldes fue llevado a juicio y condenado. La impunidad es tal que las viudas de alcaldes formaron en mayo uma asociación de parientes de políticos asesinados para exigir justicia a las autoridades nacionales.
Las viudas afirman que casi todos los acusados siguen en libertad y no han sido citados por la policía o por las cortes.
En ciertos casos, incluso, se utilizaron fondos municipales para pagar a los pistoleros, como fue denunciado en el caso del asesinato del alcalde de Capitfo de Campos, Joao Batista Filho, en enero.
Seis alcaldes fueron víctimas de crímenes políticos en el estado de Bahía y otros seis en Sao Paulo en esta década. Veinticinco por ciento de los acusados de esos 12 asesinatos son alcaldes suplentes.
Hay casi 5.700 municipios en Brasil. En los del interior, los clanes familiares y el crimen organizado siguen el principio de "plata o plomo", tristemente célebre en Colombia.
La divulgación de noticias criminales antes ignorados por la opinión pública en los grandes centros urbanos del país coincide con la banalización de las rebeliones en las cárceles (cinco en la primera semana de noviembre) y las denuncias de participación de parlamentarios y personalidades en el crimen organizado.
Preocupado por el deterioro de las condiciones sociales y el pesimismo de la población ante el nuevo brote inflacionario, el presidente Fernando Henrique Cardoso formuló una dramática apelación a un esfuerzo nacional contra la violencia.
El parlamento decidió investigar la violencia y el crimen organizado, después de que varios diputados fueron acusados de ordenar el asesinato de contricantes y de comandar mafias del crimen organizado.
A pesar de toda esa movilización de las autoridades, poca gente cree en la acción del gobierno y parece conformarse con la impunidad, según una encuesta publicada hace uma semana por la revista semanal Epoca. (FIN/IPS/cc/mj/hd ip/99
