El presidente de Argentina, Carlos Menem, adelantó esta semana que rechazará "de plano" el pedido de extradición de 98 militares requeridos por la justicia española para su juzgamiento por genocidio, terrorismo y torturas durante la última dictadura (1976-1983).
Entre los militares figuran los ex comandantes que hoy están procesados y detenidos en sus domicilios por el delito de secuestro de niños y falsificación de su identidad durante el mismo régimen, como es el caso del ex general y ex presidente Jorge Videla y el ex almirante Emilio Massera.
También está entre los reclamados el general Antonio Domingo Bussi, quien fue hasta hace pocos meses gobernador de la provincia de Tucumán y que acaba de ser elegido diputado nacional con 17 por ciento de los votos de su distrito en las elecciones del 24 de octubre.
El juez español Baltasar Garzón procesó el martes a ex dictadores y jefes de áreas, policías, gendarmes, un juez y un médico considerados responsables de represión y de la desaparición de miles de peronas durante el régimen (1976-1983). Pidió su arresto y prisión preventiva.
Dirigentes humanitarios y legisladores argentinos opinaron que el momento elegido para el procesamiento por Garzón —que investiga a los militares de este país hace 42 meses— estaría relacionado con la inminente asunción del presidente electo Fernando de la Rúa.
De la Rúa, que asumirá el 10 de diciembre, se impuso en los comicios del 24 de octubre encabezando la llamada Alianza, opositora a Menem. El Frente País Solidario, una agrupación centroizquierdista en la que actúan destacados activistas de derechos humanos, integra la coalición.
El pedido de Garzón deja a la Alianza en una situación incómoda. Un jurista de la coalición que es mencionado como ministro de Justicia del futuro gabinete, Ricardo Gil Lavedra, prefirió no comprometerse con un anticipo de resolución antes de su posible asunción.
No obstante, advirtió que sería difícil conceder la extradición, dado que los militares ya fueron juzgados y condenados por esos delitos, y que los acuerdos bilaterales de cooperación jurídica que menciona Garzón fueron firmados con posterioridad a los delitos que se imputan.
Mientras, Menem respondió que ahorrará la tarea a su sucesor y rechazará el pedido de extradición en cuanto ingrese a la cancillería. El presidente ya había firmado un decreto negando colaboración a Garzón en nombre del principio de territorialidad y ratificó esa posición.
El principio de territorialidad de las leyes establece que los delitos deben ser juzgados en el país donde se los comete. La orden de detención de Garzón afirma, en cambio, "el carácter extraterritorial de los presuntos delitos que se imputan".
Menem consideró que el pedido del juez, a quien calificó de proclive al "vedetismo", resulta en un "intento de violación a la soberanía", el mismo principio que defendió para apoyar al gobierno chileno, que rechaza el proceso iniciado contra el ex dictador de ese país Augusto Pinochet en España.
De hecho, Menem ya anunció que no viajará a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en La Habana este mes en respaldo a la posición de Chile y contra la actuación de la justicia española, que reclamó la extradición de Pinochet, detenido desde octubre de 1998 en Londres.
La crisis que surgió en torno al caso Pinochet también causó un impacto en la coalición de gobierno en Chile, integrada por los partidos Socialista y Demócrata Cristiano, entre otras fuerzas.
El candidato socialista a la presidencia en los comicios de diciembre, Ricardo Lagos, coincidió en la necesidad de devolver al ex dictador a Chile y lo mismo hicieron numerosos activistas de derechos humanos en ese país.
Sin embargo, penalistas y organizaciones de derechos humanos de Argentina explicaron que hay numerosas diferencias entre un caso y otro.
En Chile, Pinochet, que dejó el poder en 1990, nunca fue juzgado. En Argentina, los militares sí fueron juzgados y condenados a mediados de los años 80, y aunque luego recibieron indultos y amnistías, no podrían ser procesados en otro país por los mismos delitos.
Así lo explicaron, entre otros, los juristas de la Alianza. Sin embargo, un grupo de legisladores del Frente País Solidario ya presentó el mismo martes un proyecto de resolución en el que se pide al Poder Ejecutivo que dé curso al pedido de captura internacional y a la extradición de los requeridos por Garzón.
Los congresistas que alientan el juzgamiento de los militares en España son acompañados por dirigentes de derechos humanos y familiares de desaparecidos, aunque no todos manifiestan optimismo por alcanzar ese objetivo, ni aún con un cambio de gobierno.
La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, expresó su desconfianza en la actitud de De la Rúa hacia la represión, y lo mismo sostuvo el Premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel, presidente del Servicio de Paz y Justicia.
No obstante, a diferencia de Bonafini, Pérez pidió una audiencia con De la Rúa para convencerlo de aceptar, cuando llegue, el pedido de extradición. "No se pueden alegar cuestiones de soberanía para delitos contra la humanidad que no tienen fronteras", argumentó.
En cambio, el ex general Luciano Menéndez, que fue comandante del Tercer Cuerpo de Ejército durante la dictadura, consideró "una insolencia" el reclamo de Garzón, "un atentado a la soberanía", y una "vuelta a la colonia" española, pues Argentina declaró la independencia en 1810.
Para Ménendez, Garzón pretende ser "un justiciero", que "a cada paso encuentra algo que inventar", y aseguró que los niños secuestrados, que las organizaciones de derechos humanos estiman en cerca de 500 casos durante la dictadura, son "un cuento". (FIN/IPS/mv/mj/hd ip/99
