La crisis bananera de América Central entró en una nueva fase, luego de que el gobierno de Panamá y uno de los sindicatos del sector decidieron hacer frente a las amenazas de la transnacional estadounidense Chiquita Brands.
El conflicto surgió cuando directivos de la Puerto Armuelles Fruit Company (PAFCO), empresa de Chiquita Brands en el litoral Pacífico, amenazaron con el cierre de operaciones si los sindicatos insisten en mantener "prebendas" laborales sin ajustarse a la realidad del mercado.
Virgilio Aizprúa, alto ejecutivo de PAFCO, dijo que la crisis se inserta en el actual conflicto entre los países exportadores de América Latina y la Unión Europea (UE), que da preferencias al ingreso del banano de sus ex colonias de Africa, el Caribe y el Pacífico.
La transnacional, que tiene un contrato con Panamá para la explotación bananera por 20 años, adujo que afronta dificultades económicas que podrían provocar el cierre de PAFCO.
La presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, manifestó poco antes de su partida hacia la IX Cubre Iberoamericana de Presidentes en La Habana que dio instrucciones al ministro de Trabajo, Joaquín Vallarino, para que acabe con la práctica de proteger a empresas en perjuicio de los trabajadores.
Moscoso participó en una concentración de casi un millar de obreros bananeros en la occidental provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, donde abordó la explotación y el cultivo del fruto.
Edgar William, del Sindicato de Trabajadores de la firma Chiriquí Land Company, declaró a IPS que en la actualidad "no existe un conflicto con la empresa", la cual, empero, "ha tratado de maximizar ganancias, creando supuestas crisis" a lo largo de su trayectoria.
En 1994, a raíz de una huelga en demanda de mejores salarios y condiciones de trabajo decorosas, la empresa acusó pérdidas por unos 40 millones de dólares y redujo de 5.000 a 3.700 la cantidad de empleados.
William acotó que el despido masivo benefició a la transnacional, ya que logró la disminución de los costos reales de producción de 5,50 a tres dólares por cada caja de 18,14 kilogramos exportada.
En 1999, los precios promedio por cada caja de banano panameño alcanzaron 15 dólares en Estados Unidos y 24 dólares en el mercado de Alemania. Estos precios empezaron su caída regular en noviembre, al ser inundados los mercados con frutas de estación como manzanas, uvas y peras.
Ochenta por ciento de los 33 millones de cajas producidas por Panamá al año son suministradas por Chiquita Brands. El resto corresponde a productores independientes.
Panamá cuenta con 14.600 hectáreas destinadas a la producción de la fruta, que posee una de las mejores calificaciones de calidad a nivel mundial.
La Dirección Nacional del Banano del Ministerio de Comercio e Industrias calculó que las exportaciones panameñas de este rubro ascenderán a unos 181 millones de dólares a fines de este año.
Sin embargo, los trabajadores han denunciado que las transnacionales Standard Fruit (Dole), Chiquita Brands y Del Monte mantienen el dominio del negocio, que ha contribuido a la crisis laboral en las zonas de cultivo en toda América Central.
William sostuvo que Panamá debe desarrollar una política bananera agresiva para no quedar atrapada en la guerra comercial que libran las grandes potencias.
En ese sentido, opinó que se requiere una sólida unidad en la Unión de Países Exportadores de Banano (UPEB), creada en 1974 por Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela.
Costa Rica se vio afectada este año, luego de que Standard Fruit disminuyó sus exportaciones 17 por ciento y decidió no renovar los contratos para la adquisición de la fruta.
Asimismo, ejecutivos de esa transnacional anunciaron el cierre de operaciones en Nicaragua y Venezuela, tras alegar pérdidas a causa del desbalance en los mercados internacionales y el efecto de las restricciones impuestas al ingreso de la fruta latinoamericana a la UE.
El gobierno panameño rechazó este mes la propuesta de UE de sustituir, a partir del año 2006, los contingentes a la importación de banano por un arancel único automático, que suprimiría las restricciones cuantitativas.
Francisco Alvarez, embajador especial para Asuntos Comerciales Internacionales de Panamá, dijo que la propuesta es discriminatoria y sólo favorece a las antiguas colonias de países de la UE en Africa, el Caribe y Pacífico.
El planteamiento de la UE tropezó, sin embargo, con el rechazo de España, que considera en peligro la producción bananera en las Islas Canarias.
Portugal y Francia han expresado su apoyo a España, pero el problema aún persiste, por lo que se espera que el asunto sea retomado en la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que se realizará en Seattle, Estados Unidos, del 30 de noviembre al 3 de diciembre.
Guatemala y Ecuador, principal exportador latinoamericano del fruto, también han objetado el planteamiento de la UE, porque sus exportaciones quedarán marginadas, mientras que los países de Africa, el Caribe y el Pacífico contarán con cupos preferenciales y un arancel de cero.
Costa Rica y Colombia también advierten un riesgo en la propuesta de la UE, pese a que mantienen una cuota fija en el contingente tarifario latinoamericano de la fruta, estimado en 2,5 millones de toneladas anuales.
Según Alvarez, una propuesta de Panamá de crear tramos arancelarios para abordar el conflicto ha encontrado receptividad en Alemania, Austria y Finlandia, que podrían actuar como "países aliados" en el litigio con la UE.
No obstante, reconoció que la crisis no tiene una solución a corto plazo, y que esto obligará a los países exportadores de América Latina a tratar de superar sus diferencias y considerar el interés común, en procura de un mercado abierto y sin restricciones. (FIN/IPS/dc/mj/if/99
