La Alianza que ganó los comicios de octubre en Argentina impulsa una reforma del Estado para reducirlo y hacerlo más transparente y cercano a la ciudadanía, decidida a recoger el mandato de los votantes de llevar adelante una gestión honesta.
Argentina aparece como un país "altamente corrupto" desde hace cinco años, en el índice de la organización no gubernamental internacional Transparency International, que confía que con el nuevo gobierno esto comience a cambiar.
Por lo pronto, el presidente electo Fernando de la Rúa enviará una iniciativa al Congreso para aumentar de ocho a 10 el número de ministerios, al tiempo que disolverá más de 70 organismos públicos entre secretarías, subsecretarías y direcciones varias.
"Queremos llevar adelante una administración austera y eficiente, con un Estado más pequeño, dinámico, eficaz y profesionalizado", propuso De la Rúa en una reunión que mantuvo con la prensa previa a la asunción, prevista para el 10 de diciembre.
Según encuestas realizadas el mismo día de los comicios, el 24 de octubre, una amplia mayoría de electores se inclinaron por De la Rúa en primer lugar por su honestidad, una cualidad que aparentemente contrastaba con las del actual mandatario, Carlos Menem.
Pero el presidente electo tiene un margen estrecho de maniobra. Por un lado, muchos analistas advierten que si va a fondo en la investigación de la corrupción en el gobierno saliente, podría poner en riesgo la gobernabilidad.
Por el otro, el propio De la Rúa deberá cuidarse de que en su misma coalición no estallen escándalos por irregularidades que erosionen su credibilidad, porque la opinión pública parece estar muy atenta para que esto no ocurra más.
Para comenzar, el vicepresidente electo, Carlos Alvarez, advirtió a Menem que de acuerdo a la ley de ética pública, los funcionarios de su gobierno deben presentar su declaración jurada de bienes antes de dejar el cargo, para mostrar la evolución de su patrimonio.
"Si muestran que entre la declaración inicial y la última hay un aumento del patrimonio deberán rendir cuentas ante la sociedad, porque los argentinos no podemos seguir creyendo que lo normal es que una persona se enriquezca al pasar por la función pública", advirtió Alvarez.
El futuro vicepresidente, que en ese carácter será además presidente del Senado, es líder del Frente País Solidario, la agrupación de partidos que en coalición con la Unión Cívica Radical de De la Rúa, formaron la Alianza y ganaron las elecciones presidenciales.
Alvarez vive en un pequeño apartamento y, según promete, no se mudará al asumir. Su primera medida como presidente del Senado, anunció, será renunciar a los 2,5 millones de dólares de "fondos reservados".
En Argentina los gastos reservados son una cuenta que los gobiernos utilizan para erogaciones que no pueden justificar. Ese monto fue aumentando de 50 millones a 300 millones de dólares al año durante la década que gobernó Menem, desde 1989.
Asimismo, el coordinador de los temas económicos de la Alianza, José Luis Machinea, propuso poner un tope a las llamadas "jubilaciones de privilegio", que perciben funcionarios que ni siquiera tienen edad para el retiro. Estas pensiones insumen 800 millones de dólares al año.
También se prevé un recorte drástico de los llamados ATN (Ayuda de tipo Nacional) del gobierno a las provincias, que se constituyó en una cesión arbitraria de fondos que el Ministerio del Interior otorgaba hasta ahora a las provincias por 400 millones al año.
Alvarez anticipó que entre las secretarías que se eliminarán se encuentra la de Etica Pública, creada por Menem para que administre las declaraciones juradas de los funcionarios, y le otorgó un presupuesto de 2,5 millones de dólares al año.
También se colocará una lupa a créditos de organismos financieros internacionales que no se sabe a ciencia cierta si funcionan o no, si llegan o no a la meta, y cuántos funcionarios viven de esos salarios millonarios, sin rendir cuentas a nadie.
"El problema de la corrupción es cultural, porque durante estos años muchos argentinos se acostumbraron a asociar el poder con la fama y el dinero, y esto parece normal", declaró Alvarez, quien condenó la complacencia qué hay con Menem.
El presidente, que tenía sólo un apartamento en 1983, se retira con un patrimonio declarado de 2,5 millones de dólares, además numerosas propiedades que se le atribuyen y eventualmente ocupa él o miembros de su familia, a nombre de sociedades anónimas radicadas en Uruguay.
"Cómo es posible que nos resignemos a aceptar que el presidente Menem, que no tenía casi nada, se va de la función pública como un hombre rico, que mantiene un nivel de vida elevadísimo, al igual que su ex esposa y su hija", dijo Alvarez.
Para contrarrestar este fenómeno, la Vicepresidencia lanzará un programa de reforma del Estado que procura dotar de mayor transparencia a todas sus instituciones.
"Queremos que cualquier ciudadano pueda acceder día a día a conocer en qué se gasta el presupuesto, cuánto se recauda, que conozca los distintos programas y al personal", afirmó Alvarez.
En la función pública "no debe haber secretos, la información debe estar disponible para todos", dijo el vicepresidente electo. "Queremos un Estado con paredes de cristal, que rompa con esa distancia con el ciudadano, con la opacidad y el sojuzgamiento". (FIN/IPS/mv/ag/ip/99
