El general Antonio Bussi, acusado en Argentina de la desaparición de más de 600 personas, secuestro de niños y enriquecimiento ilícito durante la última dictadura (1976- 1983), tendrá dificultades para ocupar en diciembre la banca parlamentaria que ganó en las elecciones.
Bussi, gobernador de la provincia de Tucumán hasta hace menos de dos meses, podría quedar fuera del parlamento si prospera una impugnación en su contra presentada por 25 diputados, que se sumó a otros pedidos formales e informales para que se frene su ingreso.
Entre las solicitudes de rechazo al ingreso de Bussi a la Cámara de Diputados figuran una de la Universidad Nacional de Tucumán y una campaña por correo electrónico en la que miles de particulares han añadido su firma pidiendo que el ex general no ocupe ese asiento.
Uno de los diputados que lo impugnaron, el socialista Alfredo Bravo, advirtió que Bussi está "inhabilitado moralmente" para integrar la Cámara, por lo que sus títulos, conseguidos por el voto popular, serán rechazados en la sesión del 1 de diciembre, cuando los nuevos legisladores deberán jurar.
Bussi fue comandante del Tercer Cuerpo de Ejército durante la dictadura, y bajo su conducción desaparecieron unas 600 personas, pero la Ley de Punto Final (1987) impidió que fuera condenado.
En octubre, un ex soldado durante la dictadura reveló la existencia en Tucumán de un centro clandestino de detención donde Bussi acudía en ocasiones para torturar en persona a prisioneros y dispararles a quemarropa.
Bravo explicó que, aun cuando la Ley de Punto Final fue sancionada por el parlamento, Bussi no tendría "antecedentes morales" para ejercer como legislador, y manifestó su sospecha de que el militar pretende ampararse en los fueros de diputado nacional para esquivar la justicia.
Bussi comenzó al finalizar la dictadura una carrera política que lo llevó a ser elegido gobernador de la provincia de Tucumán en 1995. Pero en el tercer año de gestión, una investigación iniciada en España lo colocó de nuevo en la mira de la justicia.
El juez español Baltasar Garzón pidió entonces que se lo investigara junto con otros militares por secuestro, torturas, desaparición de personas y enriquecimiento ilícito. En la búsqueda de información, se supo que el militar tenía una cuenta en un banco suizo.
Bussi, que no había declarado esa cuenta bancaria, negó al principio la información, pero luego lo admitió. La legislatura provincial lo suspendió 60 días hasta que rindiera cuentas ante la justicia.
Un tribunal militar de honor halló culpable al entonces gobernador suspendido y lo amonestó por mentir, pero una mayoría oficialista en el parlamento provincial evitó que se considerara su destitución en juicio político.
En los comicios nacionales de octubre, que ganó el hoy presidente electo Fernando de la Rúa, Bussi fue electo diputado nacional apenas dos días antes de entregar el cargo a su sucesor en Tucumán. Su elección mantuvo los fueros de los que gozaba como gobernador.
Bravo señaló que Bussi, además de reivindicar el terrorismo de Estado por el que los dictadores hicieron desaparecer a más de 11.000 personas, tiene procesos por mentir en sus declaraciones juradas y por enriquecimiento ilícito en su paso por la función pública.
El diputado explicó que cuando Bussi estaba bajo la lupa de los medios periodísticos o de la justicia, transfería sus bienes y los de su familia nuclear a allegados o familiares en segundo o tercer grado, y que cuando pasaba el mal momento los volvía a poner a su nombre.
Se estima que la fortuna de Bussi supera el millón y medio de dólares en Argentina, además de los bienes y dinero que podría tener guardados en el exterior. (FIN/IPS/mv/mj/ip hd/99
