Altos funcionarios de América, reunidos en Washington para la Conferencia de Líderes del Hemisferio Occidental contra las Drogas, deben decirle que no a la guerra contra los narcóticos dirigida por Estados Unidos, exhortó un grupo de destacadas personalidades americanas.
La estrategia de "la prohibición aplicada por una guerra militarizada contra las drogas es fundamentalmente errónea", afirman políticos, juristas, intelectuales, médicos, artistas y religiosos en una carta abierta dirigida a los delegados de la conferencia que comenzó este miércoles y concluye el viernes.
"Es hora de admitir que, tras dos décadas, la guerra de Estados Unidos contra las drogas es un fracaso", sostiene la carta presentada en la conferencia patrocinada por la Organización de Estados Americanos (OEA).
"A pesar de que el gasto de la guerra… se multiplicó por 17 desde 1980, de que hubo un número récord de confiscaciones, arrestos y encarcelamientos, así como la destrucción de cientos de laboratorios y cultivos de coca y amapola, hoy las drogas ilícitas son más baratas, potentes y accesibles en Estados Unidos que hace dos décadas", declara la carta.
Entre los signatarios están el ganador del premio Nobel de la Paz y ex presidente de Costa Rica Oscar Arias, la ex presidenta de Nicaragua Violeta Chamorro, el ex presidente colombiano Belisario Bentancur y el escritor peruano Mario Vargas Llosa.
Otros signatarios son el ganador del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, de Argentina, el ex canciller boliviano Antonio Araníbar, el activista y cantante estadounidense Harry Belafonte, el analista político mexicano Jorge Castaneda y varios jueces estadounidenses.
Tanto la carta como la conferencia, a la que asisten funcionarios de programas contra las drogas de 34 países que integran la Comisión Interamericana de Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA, suceden en un momento crucial de la lucha de Washington para detener la producción y el tráfico de narcóticos "en su fuente".
El objetivo principal de la reunión es "compartir ideas y estrategias para detener el flujo de las drogas ilegales", dijo el zar de la lucha antidrogas de Estados Unidos, el general retirado Barry McCaffrey.
El CICAD revelará un nuevo mecanismo multilateral por el cual los miembros evaluarán los progresos hechos en la reducción del consumo y el tráfico de drogas.
El plan tiene el fin de ofrecer una alternativa a las "certificaciones" anuales que otorga Estados Unidos a la gestión antidrogas de otros países, una práctica que irrita a los gobiernos extranjeros y provoca sentimientos nacionalistas.
Pero gran parte de la atención en la reunión de Washington se dirige a la situación en Colombia y a las intenciones que tiene Estados Unidos en ese país.
McCaffrey pidió al Congreso de su país que incremente la ayuda militar y policial a Colombia, el mayor productor de cocaína y heroína consumida en Estados Unidos.
Colombia recibe en la actualidad 300 millones de dólares por año en este tipo de ayuda, lo cual la hace la tercera receptora de asistencia estadounidense después de Israel y Egipto.
McCaffrey y los legisladores del opositor Partido Republicano esperan aumentar la cifra a 500 millones de dólares por año.
Pero a los detractores de esa política les preocupa que la escalada militar intensifique los conflictos armados que convirtieron a Colombia en el país más violento de América.
Advierten que la estrategia estadounidense podría extender el conflicto, que involucra a guerrilleros de izquierda, el ejército y fuerzas paramilitares de extrema derecha, más allá de las fronteras colombianas.
Frente a la prensa esta semana, McCaffrey destacó que, aunque Colombia no será el punto central de la reunión de esta semana, la situación del país sudamericano debe interesar a todos los miembros del CICAD.
La cuestión, según McCaffrey, "es nunca dejar a Colombia aislada, nunca sugerir que este es (sólo) su problema. A todos nos afecta y todos le debemos cooperación práctica" a Bogotá, declaró.
"Bajo la bandera de la lucha contra las drogas, la ayuda militar estadounidense a Colombia se catapultó… Pero en la última década, la producción de drogas en Colombia aumentó 260 por ciento", señala la carta que se opone al incremento de la ayuda militar al país.
"La escalada de una guerra militarizada contra las drogas en Colombia y en otras partes de América amenaza la estabilidad regional, socava los esfuerzos hacia la desmilitarización y pone las armas de Estados Unidos en manos de funcionarios, militares, policías y unidades de inteligencia corruptos, involucrados en abusos contra los derechos humanos", agrega.
El presidente colombiano Andrés Pastrana destituyó a varios altos oficiales por abusar de los derechos humanos y por complicidad con fuerzas paramilitares presuntamente responsables de la mayoría de las peores masacres de los últimos años, pero sus críticos sostienen que esas medidas no alcanzan.
Esta semana, la principal organización de derechos humanos estadounidense, Human Rights Watch, denunció que dos oficiales implicados en el asesinato de un senador colombiano en 1994 siguen trabajando en la inteligencia militar de ese país.
La carta dirigida a la conferencia de Washington pide al gobierno de Estados Unidos y de otros países del hemisferio que modifiquen sus estrategias.
"La política estadounidense contra las drogas se dirige exageradamente contra granjeros campesinos y no ataca la pobreza ni la desigualdad… que están en la raíz del cultivo de las drogas", sostiene.
Los signatarios argumentan que la guerra contra las drogas no se ganará mientras continúen las ganancias del narcotráfico, estimadas en 57.000 millones de dólares por año sólo en Estados Unidos.
"Llevar la guerra contra las drogas de Estados Unidos a otros países se limitará a extender el fracaso del control de los narcóticos en el resto del hemisferio, mientras aumentan las matanzas y la destrucción ambiental", advierte. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/aq/ip/99
