La ofensiva del juez español Baltasar Garzón contra militares de América Latina acusados de violar los derechos humanos sobrevuela la 23 Conferencia de los Ejércitos de América (CEA), que reúne en Bolivia a jefes militares de 17 países.
La agenda oficial de las sesiones de la CEA, que se realizan a puertas cerradas en La Paz desde el lunes y continuarán hasta este jueves, no incluye el "asunto Garzón", pero se sabe que las acciones del juez español se discuten de modo informal, e incluso podrían mencionarse en la declaración final.
El ex dictador chileno Augusto Pinochet fue arrestado en Londres el 16 de octubre del año pasado, a causa de un pedido de extradición de Garzón, y permanece detenido desde entonces en Gran Bretaña, mientras se decide si el gobierno británico lo entrega a España para que sea juzgado allí.
El 2 de noviembre de este año el juez español emitió una orden internacional de captura contra 98 militares argentinos acusados de genocidio y tortura durante la dictadura en ese país (1976- 1983), en el marco de la coordinación represiva entre dictaduras militares de América Latina, que incluyó el llamado "Plan Cóndor".
La CEA fue creada en 1960, en el marco de la llamada "Guerra Fría", y está integrada por los ejércitos de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
La agenda de la 23 Conferencia abarca cuestiones relacionadas con el narcotráfico, el ambiente, el terrorismo, la migración ilegal, la paz, la democracia y la globalización.
Las iniciativas adoptadas por Garzón afectan en forma directa a Argentina y Chile, pero fueron autoridades y militares de Bolivia las que se adelantaron a realizar declaraciones de rechazo a lo que llaman "intromisión", "injerencia foránea" o "colonialismo jurídico" por parte de España.
El gobierno del presidente boliviano Hugo Banzer, quien fue dictador de su país entre 1971 y 1978, y participó en el "Plan Cóndor" junto a los gobiernos militares de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, ha rechazado categóricamente la aplicación extraterritorial de la justicia.
El ministro boliviano de Defensa, Jorge Crespo, afirmó en la inauguración de la Conferencia que la fortaleza democrática de América Latina es una condición fundamental para erigir "una arquitectura de seguridad y defensa regional, y también para evitar la intromisión externa en asuntos de estricta competencia interna".
"Los latinoamericanos hemos alcanzado un ejemplar grado de madurez y responsabilidad democrática que nos permite, en defensa de nuestra soberanía y dignidad nacionales, rechazar enérgicamente todo intento extrarregional de administrar nuestro ordenamiento jurídico", añadió,
"Somos defensores de la soberanía y no podemos aceptar ningún tipo de interferencia foránea", dijo a los periodistas el almirante Jorge Zabala, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia.
El general Gonzalo Arredondo, comandante del Ejército boliviano y presidente de la Conferencia, advirtió la pasada semana que Bolivia no sería objeto de ningún "colonialismo jurídico".
Arredondo aclaró esta semana que su comentario fue hecho a título personal y que no involucraba a la CEA, pero precisó que tampoco se podía descartar que el asunto fuera incluido en la agenda de la reunión.
"Mientras no haya un consenso unánime no se puede tocar ese tema. A este tipo de foros no le corresponde tomar decisiones sobre asuntos bilaterales o particulares mientras no sean de interés común", explicó.
Algunos medios de comunicación chilenos informaron la semana pasada que la CEA emitiría un pronunciamiento de apoyo al ex dictador Augusto Pinochet, pero eso no ha ocurrido aún.
La prensa boliviana ha dedicado especial atención a la presencia en la Conferencia del comandante en jefe del Ejército chileno, general Ricardo Izurieta, por el trascendido de que él propondría emitir una declaración de rechazo a la acción de la justicia española contra Pinochet.
Izurieta es además el primer jefe militar chileno que pisa Bolivia desde 1975, cuando los entonces dictadores Banzer y Pinochet se abrazaron en la fronteriza población de Charaña, mientras intentaban encontrar una solución a la demanda boliviana de una salida al Océano Pacífico, que pasaría por territorio de Chile.
En 1978, tras el fracaso de esas gestiones, Bolivia y Chile rompieron sus relaciones diplomáticas y no las han reanudado hasta hoy.
La centenaria demanda de una salida al Pacífico es otro de los focos de interés de Bolivia en la 23 Conferencia de la CEA, ante la cual el gobierno boliviano pidió una solución de ese problema, como lo hizo este martes Banzer, en la Habana, durante la IX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. (FIN/IPS/ac/mp/ip/99
