Organismos internacionales de financiamiento preparan un sistema para supervisar el uso de préstamos y donaciones en los países beneficiarios, informó en Honduras un alto funcionario estadounidense.
Jim Wesberry, director del Proyecto Anticorrupción en las Américas de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID) hizo ese anuncio durante el seminario "Gobernabilidad, Integridad y Transparencia en Centroamérica y República Dominicana", realizado en Tegucigalpa el lunes y el martes.
"La USAID y otros organismos internacionales estamos buscando un acuerdo para establecer un mecanismo de supervisión a fin de que los préstamos y donaciones sean bien utilizados, como parte de un plan contra la corrupción", señaló Wesberrry.
Esa supervisión se efectuará mediante sistemas de inspección ajustados a las leyes de cada país y a las condiciones fijadas en los convenios de préstamos y donaciones.
Wesberry indicó que aún no está definida la forma en que se harán esas inspecciones o auditorías, pero adelantó que se apelará a la participación de la sociedad civil. "La idea de esta supervisión es garantizar que los recursos lleguen a los beneficiarios directos de la ayuda", afirmó el funcionario.
La organización Transparencia Internacional (TI) elabora cada año un Indice de Percepción de la Corrupción en los países del mundo, y en el correspondiente a 1999 Honduras ocupó el primer lugar entre las naciones de América Latina. El gobierno y el sector empresarial hondureños rechazaron el informe.
El Indice de TI es elaborado a partir de encuestas de organismos especializados, que registran la percepción sobre la existencia de corrupción en cada país.
Wesberry dijo que la información de TI sobre Honduras puede no ser confiable, porque en el caso de este país se tomaron datos de tres encuestas, mientras en otras naciones se consideraron seis o siete.
"La corrupción está en todos los países, inclusive en Canadá y Estados Unidos", señaló el funcionario.
El ecuatoriano Napoleón Saltos, consultor principal de la USAID, opinó que es necesario iniciar un proceso de depuración para evitar y prevenir los hechos de corrupción, con participación y discusión pública.
"La corrupción es un mal del fin del milenio y, en el caso de América Latina, afecta 30 por ciento de los presupuestos de los países, por eso se necesita una cultura de transparencia y un plan anticorrupción y de ética", expresó.
El experto enfatizó que los abusos de poder y los problemas éticos vinculados con la corrupción afectan a los sectores menos privilegiados desde el punto de vista económico y social, porque la cooperación internacional no llega a ellos en el monto establecido para mejorar su situación.
Los participantes en el seminario, en su mayoría funcionarios de organismos públicos fiscalizadores de América Central y República Dominicana, coincidieron en que la mayoría de los problemas de corrupción se presentan en las contrataciones que realizan los Estados para realizar obras públicas
Fernando Costa, funcionario de la División de Países Pro Centroamérica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indicó que el apoyo a los procesos que buscan mayor transparencia y ética en la función pública es parte de los esfuerzos para modernizar el Estado.
Ese proceso no incluye sólo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo y al Judicial, señaló.
La cuestión de la transparencia es prioritaria en las políticas de financiamiento y apoyo, y por eso se procura fortalecer a los organismos estatales de contralor y fiscalización, añadió.
Costa dijo que el Banco tiene en cuenta los informes de TI, pero trabaja ante todo con información propia más amplia.
"El BID apoya los procesos de reformas para que la administración se torne eficiente en materia de transparencia de las licitaciones y contrataciones del Estado, transparencia fiscal, administrativa y financiera integrada, y mejora de los sistemas de justicia", comentó el experto.
Los organismos públicos encargados de impedir y prevenir la corrupción en Honduras incluyen a la Contraloría General, la Dirección de Probidad Administrativa y la Procuraduría General y la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público, cuyos presupuestos anuales suman unos 30 millones de dólares.
El Ministerio Público se ha quejado de que el sistema de administración de justicia no actúa en forma adecuada para impulsar una lucha a fondo contra la corrupción y castigar a los responsables. (FIN/IPS/jrd/mp/ip/99
