La emergencia penitenciaria decretada en Venezuela para combatir la infernal situación de las cárceles implicará revisar los expedientes de los reclusos "caso por caso" para decidir sobre la libertad de unas 5.000 personas.
La emergencia fue decretada por la Asamblea Constituyente, que anunció la habilitación de tribunales y de fiscales especiales para combatir el hacinamiento penitenciario, después de varias jornadas de violencia y muerte dentro de los penales venezolanos.
"Este debe ser un trabajo mancomunado de la sociedad venezolana", advirtió este viernes el ministro del Interior, Ignacio Arcaya. Sin embargo, precisó que para un problema de esas magnitudes "no existen soluciones mágicas".
La liberación de los reclusos, que representan 25 por ciento de la población penal, sería posible por la aplicación de beneficios considerados por la ley en casos de atraso procesal.
Medios locales reportaron la muerte el jueves de cinco reclusos a causa de riñas dentro de dos penales, que se suman a otros 13 fallecidos por motivos similares desde el sábado.
Las cárceles venezolanas llevan semanas convertidas en escenario de protestas por parte de los presos, que demandan la libertad de acuerdo con las condiciones establecidas por un nuevo código penal venezolano.
Las perturbaciones generaron a su vez rencillas y choques entre bandas rivales dentro de las cárceles, que fueron la causa de las muertes.
Arcaya reiteró este viernes que los problemas carcelarios tienen origen en "una situación de hacinamiento" y aseguró que se revisarán todos los casos para tratar de resolver el problema, aunque insistió en que se trata de una situación "sumamente compleja".
La emergencia decretada por la Constituyente implica "buscar en forma rápida una salida para enfrentar el problema de las prisiones", dijo el presidente de ese cuerpo, Luis Miquilena.
La Asamblea Constituyente de 131 miembros fue instalada el 3 de agosto con la finalidad de redactar una nueva Constitución de Venezuela que regirá a partir del 2000.
Pero la Asamblea se declaró "originaria", o sea con poder para intervenir los poderes constituidos. La emergencia carcelaria es la tercera que instruye, tras haber decretado medidas similares para el Poder Judicial y el Legislativo, con el fin de revisar su actuación y reformarlos.
"En una semana se verán resultados concretos", afirmó Miquilena. Jueces y fiscales especiales comenzaron a visitar las cárceles con la finalidad de estudiar los casos y decidir si es aplicable la libertad u otra medida de alivio para el hacinamiento.
El Consejo de la Judicatura que administra los tribunales venezolanos confirmó que unos 5.000 presos podrían salir por "sometimiento a juicio", tras haber pasado más de dos años encarcelados sin que se les dictara sentencia.
La presidenta del Consejo, Esther Franco La Riva, precisó que sólo saldrán quienes aprueben exámenes técnicos, cuando se les pueda hacer seguimiento. Las autoridades han descartado que vayan a liberar presos de alta peligrosidad.
La medida de emergencia también servirá para aclarar el panorama de un sistema penitenciario que, según las últimas cifras oficiales, está habitado por 20.061 presos, de los cuales 60 por ciento aún no han sido sentenciados.
El atraso en los procesos no sólo contribuye a que la ocupación de las 32 cárceles venezolanas triplique su capacidad, sino que provoca numerosas situaciones de injusticia, pues algunos presos resultan recluidos durante periodos superiores a los previstos por la ley para los delitos que cometieron.
Las consecuencias más tenebrosas de esta situación, que se mezcla en un peligroso cóctel con corrupción y tráfico de armas y drogas, afloran en estadísticas oficiales que hablan de 217 muertes en las cárceles venezolanas el primer semestre de este año.
El propio presidente Hugo Chávez, quien se encuentra de viaje en Europa, habría llamado a Miquilena para recomendar la declaración de emergencia, según trascendió.
Pero por ahora las autoridades evitan mencionar la posibilidad de una intervención militar de las cárceles, aunque sólo el ingreso de la Guardia Nacional ha permitido sofocar situaciones de violencia.
La Guardia Nacional, un cuerpo militarizado, utilizó tanquetas en la toma de la cárcel de El Rodeo I el miércoles. Luego se retiró en vista que la ley vigente le asigna sólo la custodia externa de los penales.
La versión sobre una supuesta militarización surgió cuando se hizo evidente que en penales como El Rodeo los funcionarios civiles habían sido superados por la situación.
La televisión local mostró escenas de enfrentamientos a tiros dentro del penal, al parecer controlado por presos que se pasean libremente por los patios y tejados de la institución.
El Rodeo I fue escenario el jueves de un intento de fuga controlado desde afuera por la Guardia Nacional, que, según se informó, involucró a cerca de un millar de reclusos. (FIN/IPS/lc/mj/hd/99
