La Asamblea Constituyente de Venezuela fue legalizada como una entidad todopoderosa por encima del orden jurídico establecido, en medio de una carrera contra el reloj para terminar la nueva Constitución.
La Corte Suprema de Justicia declaró que la Asamblea "es supraconstitucional", y por lo tanto no está sometida a la Constitución vigente, de 1961, cuyas disposiciones en cambio afectan al resto del país.
El dictamen anunciado este miércoles precisó que la Asamblea está por encima del orden jurídico, aunque la Corte Suprema podrá controlar su apego a las normas que rigen su funcionamiento.
La más reguladora de estas normas establece que la Asamblea "tendrá como límites el cumplimiento de los tratados internacionales, el respeto a los derechos fundamentales del hombre y las garantías democráticas".
La Corte Suprema aprobó esta declaración con nueve votos a favor y cuatro salvados, en rechazo a un recurso del presidente de la Cámara de Diputados, Henrique Capriles, en el cual se sugería que "no hay ningún órgano que esté por encima de la Constitución".
La Asamblea Constituyente de Venezuela fue instalada el 3 de agosto pasado con la misión de redactar una nueva Constitución para el 2000.
Los miembros de la comisión constitucional de la Asamblea recibieron la declaración del máximo tribunal venezolano en medio de una actividad febril, ya que pretende cumplir su cronograma y tener listo el anteproyecto de Constitución el lunes próximo.
Los constituyentes trabajan contra el reloj después de haber recibido una abrumadora cantidad de propuestas para el nuevo texto constitucional.
El contenido fue abordado por 20 comisiones de la Asamblea, cada una de ellas dedicada a un tema específico, que según medios locales le entregaron a los redactores del anteproyecto unos 950 artículos.
Las quejas por el volumen de trabajo asignado a la comisión constitucional encargada de preparar el texto han sido públicas. En algunos casos las, comisiones entregaron diversas alternativas, para que los redactores decidieran.
Temas como el de la naturaleza de la seguridad social, el derecho a una información calificada como veraz o una nueva división política de la capital dan origen a largos debates entre los redactores del anteproyecto.
El cronograma anunciado por el presidente de la comisión constitucional, Hermann Escarrá, incluye la entrega del anteproyecto el lunes, la presentación pública al país el martes y el inicio de la discusión en sesión plenaria el miércoles.
La Asamblea Constituyente deberá discutir todo el contenido del anteproyecto, para aprobar un proyecto definitivo de Constitución.
Después, la nueva Constitución será sometida a un referendo y tanto la directiva de la Asamblea como el gobierno de Hugo Chávez esperan poder realizar esa consulta antes de fin de año, con el fin de aclarar el destino institucional del país.
Chávez asumió el poder en febrero, tras ganar los comicios presidenciales enarbolando la convocatoria a una Asamblea Constituyente como su principal proyecto político, para reemplazar una Constitución a la que calificó de "moribunda".
En abril, un referendo popular aprobó la convocatoria de una Asamblea Constituyente, cuyos 131 miembros fueron elegidos a fines de julio. El oficialista Polo Patriótico tiene un papel protagónico en el proceso, después de obtener 121 puestos.
La declaración de "supraconstitucional" anunciada por la Corte Suprema de Justicia confirma la naturaleza de "originaria" que se atribuyó la Asamblea desde el primer día, lo cual la colocaba por encima de los poderes constituidos.
El carácter originario había sido cuestionado reiteradamente por la propia Corte Suprema y los analistas locales no dejaron de hacer notar que el dictamen de este miércoles implicó un giro de 180 grados por parte del máximo tribunal.
La Asamblea Constituyente se basó en su carácter originario para decretar emergencias judicial y parlamentaria que provocaron un choque de poderes y sumieron al país en un clima de tensión política.
Esa situación fue conjurada a comienzos de septiembre, cuando la Asamblea y el Congreso firmaron un acuerdo de convivencia que entró en efecto la semana pasada. (Fin/IPS/lc/ag/ip/99
