La comunidad internacional debe concentrarse en la investigación de las atrocidades cometidas en Timor Oriental, ahora que el parlamento de Indonesia renunció a sus pretensiones sobre la antigua colonia portuguesa, exhortaron activistas.
La votación el miércoles de la Asamblea Consultiva del Pueblo de Indonesia, que aceptó el resultado favorable a la independencia del plebiscito celebrado el 30 de agosto en Timor Oriental, resolvió la cuestión del estatuto del territorio y formalmente lo puso en camino a la independencia.
El llamado de los grupos de derechos humanos a una investigación completa de los crímenes se produjo tras el descubrimiento el martes de una fosa común en Liquica, unos 30 kilómetros al oeste de Dili, la capital timorense, donde había hasta 20 cuerpos.
Se trata del mayor descubrimiento de cadáveres en el mes transcurrido desde el inicio de las operaciones de la Fuerza Internacional de Timor Oriental (Interfet).
Así mismo, varios cuerpos mutilados comenzaron a aparecer en la costa oeste de Suai, a unos 30 kilómetros de la frontera con la región indonesia de Timor Occidental.
Las tropas multinacionales también están estudiando un sitio en Suai donde, según testigos, hasta 200 personas fueron masacradas por milicias indonesias luego del plebiscito de autodeterminación del 30 de agosto.
Funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron que hasta 300.000 timorenses orientales permanecen desaparecidos y expresaron su temor a que hayan sido asesinados.
Antes del plebiscito, la población de Timor Oriental se estimaba en 890.000 habitantes.
Luego de conocerse el resultado, cuando milicias opuestas a la independencia -respaldadas por el ejército indonesio- iniciaron una ola de matanzas, incendios y saqueos, cientos de miles de timorenses huyeron hacia las montañas del interior del territorio o hacia el vecino Timor Occidental.
Ahora que una fuerza multinacional de paz encabezada por Australia está en control de la antigua colonia portuguesa, muchos timorenses orientales regresaron de sus escondites en bosques y montañas, y unos 230.000 refugiados en Timor Occidental están siendo repatriados lentamente.
Aun así, hasta 300.000 timorenses orientales permanecen desaparecidos, informaron funcionarios de la ONU.
Ahora se trata de establecer en la sede del foro mundial si los desaparecidos aún permanecen escondidos o fueron asesinados por fuerzas indonesias durante la ola de violencia del mes pasado.
Además de los 230.000 timorenses orientales expulsados hacia Timor Occidental en septiembre, miles más fueron embarcados con destino hacia otras islas de Indonesia y posiblemente arrojados al océano Pacífico, indican informes citados por grupos defensores de los derechos humanos.
Un diplomático sudamericano informó al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la "persecución y aun matanza de 6.000 timorenses orientales en Java y otras islas indonesias".
Así mismo, algunos botes indonesios que debían transportar timorenses orientales hacia la capital de Timor Occidental, Kupang, regresaron en menos tiempo del que lleva el viaje, según informes citados por un ex funcionario de la ONU en Timor Oriental.
Estos informes llevaron a líderes independentistas timorenses como José Ramos Horta, premio Nobel de la Paz, a acusar a los indonesios de haber "tirado gente al océano desde helicópteros".
Hace casi tres semanas, la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos autorizó una investigación de los crímenes contra la humanidad cometidos en Timor Oriental, pero los expertos aún no llegaron.
"Si la llegada de los expertos internacionales se demora más, los sitios de las masacres pueden deteriorarse y aun ocultarse", advirtió Danny Brown, un observador australiano de los derechos humanos en Dili.
"Esta investigación debe ser la máxima prioridad ahora que la cuestión del plebiscito parece arreglada con Indonesia", exhortó Brown, quien recaba pruebas de atrocidades cometidas en el territorio y las entrega a grupos australianos de derechos humanos.
Se preveía que la investigación comenzaría inmediatamente después de la recomendación de la Comisión, el 27 de septiembre.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, designó rápidamente a la alta comisionada de Derechos Humanos, Mary Robinson, como jefa de la investigación, y exhortó a realizarla "con urgencia".
Sin embargo, la recomendación de la Comisión debe ser aprobada por el Consejo Económico y Social de la Asamblea General antes de ser implementada, y dicho consejo no se reunirá hasta el día 26, por lo menos.
"Si los discursos de la ONU no se transforman en acciones, habrá graves complicaciones en el futuro", advirtió Brown.
Mientras, Interfet, encabezada por Australia, está encargada de recolectar y preservar las pruebas que halle sobre los abusos, pero la Fuerza de Defensa Australiana admitió que la tarea la supera.
"Interfet carece de poder de investigación, pero está protegiendo los sitios para que otros puedan investigar", explicó el portavoz de la Fuerza, coronel Duncan Lewis.
Agregó que el comandante de Interfet, general Peter Cosgrove, hizo conocer su preocupación a la ONU y solicitó más recursos para la tarea.
Pero el comienzo de la temporada lluviosa en Timor Oriental podría complicar aún más las cosas.
"La estación lluviosa comenzará muy pronto, y muchos cadáveres podrían ser arrastrados por los ríos", previno Anna Noronhe, del Centro de Derechos Humanos de Timor Oriental, una organización no gubernamental.
Noronhe y sus colegas descubrieron más de 130 cuerpos en dos semanas de trabajo en Dili.
"No eran cuerpos encontrados dentro de casas incendiadas. Eran tumbas que contenían entre dos y seis cuerpos juntos", afirmó. (FIN/IPS/tra-ensi/js/mlm/hd/99
