El lavado de dinero suma miles de millones de dólares en Tailandia, pero una ley aprobada para reprimirlo aún no se aplica porque el gobierno no creó los organismos necesarios.
La legislación, vigente desde agosto, cubre delitos en varias categorías: drogas, prostitución, fraude, corrupción, estafas o desfalcos que involucran a ejecutivos de firmas financieras, extorsión y contrabando.
Los más afectados por la ley son los bancos, que hasta ahora fueron los principales conductos para el lavado de dinero, y el organismo estatal que tramita todos los negocios de bienes raíces en el país.
"La ley contra el lavado de dinero es una medida legal para poner fin al crimen organizado y transnacional, que es extremadamente lucrativo", declaró el subsecretario permanente de justicia, Bandit Rachataran.
Aunque no existen cifras precisas, se calcula que el lavado de dinero podría llegar a casi 40.000 millones de dólares, la mitad del producto interno bruto del país.
Sólo la prostitución genera casi 2.500 millones de dólares de ingresos, mientras el tráfico de drogas, en el que la zona del Triángulo de Oro en la frontera entre Tailandia, Laos y Birmania desempeña un importante papel, generaría más de 10.000 millones de dólares por año.
Las ganancias de los negocios ilegales con frecuencia se invierten en el sector de bienes raíces.
Algunos analistas incluso responsabilizan al lavado de dinero por la oferta excesiva de inmuebles, que fue una de las causas de la caída de la economía tailandesa a mediados de 1997.
Según cálculos de la industria, hasta 40 por ciento de todos los negocios inmobiliarios del país se hacen con "dinero sucio" de este tipo.
Otra parte de las ganancias ilegales se lava a través de múltiples transacciones bancarias. Hasta la adopción de la nueva ley, la legislación no exigía a los bancos que indagaran sobre la fuente de ingresos de sus clientes, sin importar la cantidad de dinero en su poder.
"Las ganancias del narcotráfico se depositan en un banco, se retiran y se depositan en otro banco. Las cuentas pueden ser propiedad del propio traficante, su esposa, sus hijos, sus parientes o amigos y en algunos casos corresponden a un nombre falso", dijo un alto funcionario del Ministerio de Justicia.
"El proceso se repite varias veces para que el origen del dinero de la droga se borre y se legitime", agregó.
La nueva ley estipula que los bancos deberán informar a las autoridades de cualquier transacción en efectivo que supere los 5.000 dólares, transacciones de propiedades que superen cierto límite, y cualquier transacción, sin importar el valor, en la que haya razones para sospechar actividades de lavado de dinero.
Los bancos que no cumplan con las disposiciones podrán ser multados por hasta 7.600 dólares. Los informes sobre las transacciones se deben remitir a una oficina contra el lavado de dinero que dependerá del primer ministro.
Esa oficina puede recomendar que se congelen los bienes y la Oficina del Fiscal General puede obtener ante la justicia una orden para confiscarlos.
Si los propietarios no prueban ante la justicia que los depósitos se obtuvieron a través de medios honestos, serán embargados por el Estado.
El lavado de dinero es considerado un delito grave, con una pena de prisión de uno a 10 años o una multa de entre 506 y 5.063 dólares, o ambas. Las empresas involucradas en esas actividades pueden ser multadas por 5.063 a 25.316 dólares.
Los críticos de la ley señalan que, aunque entró en vigencia el 20 de agosto, todavía falta que se aprueben varios decretos parlamentarios para establecer los organismos que se encargarán de su aplicación.
Se deben crear tres organismos jurídicos para aplicar la ley: el Comité de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero, el Comité Administrativo y la Oficina de Prevención y Lucha Contra el Lavado de Dinero vinculada a la Oficina del Primer Ministro.
Los críticos también temen que una vez establecidos los comités, no capturen a los culpables. Se cree que muchos de ellos podrían ser poderosos políticos, burócratas y militares.
La aprobación de la ley llevó cinco años desde su presentación como proyecto en 1994, debido a la oposición de miembros del parlamento a ciertas cláusulas.
"Entre los legisladores hay un gran número de infractores. Se sospecha que varios parlamentarios estarían involucrados en narcotráfico, contrabando, juego ilegal, tráfico de armas y humano. Otros dependen del dinero y apoyo de quienes están involucrados en esas actividades", según un editorial del periódico The Nation, de Bangkok.
Los defensores de la ley, elaborada de acuerdo con el modelo de las leyes contra el lavado de dinero de Estados Unidos, afirman que a pesar de los problemas de implementación, la aprobación es un logro en sí mismo porque marca la primera vez que Tailandia intenta resolver el problema.
En el pasado, el país no tenía leyes que permitieran a la policía realizar arrestos y confiscar dinero ilícito a pesar de los resultados de sus investigaciones.
"Aunque hay algunas brechas que los delincuentes pueden utilizar para cubrir su rastro, la nueva ley sin duda ayudará a reducir el problema", dijo Suvarn Valaisathien, destacado experto en materia legal y fiscal.
Los defensores de la ley sostienen que el uso de "dinero sucio" fue un importante factor que permitió a los grupos de presión criminales establecerse en la política electoral tailandesa.
"Al permitírseles construir enormes imperios 'legítimos', los criminales se volvieron parte inamovible del sistema político y social. El dinero sucio atrae más dinero de ese tipo, y los riesgos para el país trascienden el sistema político y amenazan la estabilidad de la economía y de los sistemas financieros", según The Nation. (FIN/IPS/tra-en/ss/js/at/aq/ip/99
