La Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su decepción porque el gobierno de Sri Lanka no sancionó a militares y policías acusados del asesinato de civiles, entre otras violaciones de los derechos humanos.
"Las comisiones presidenciales especiales que investigan las desapariciones entregaron una lista de personas responsables, pero salvo en algunos casos, ninguno de los acusados fue llevado ante un tribunal de justicia", señaló Manfred Nowak, del Grupo de Trabajo sobre las Desaparaciones Forzadas, de la ONU.
La labor del gobierno se concentró en la investigación y en el pago de indemnizaciones, pero la justicia fue muy lenta para las familias de los desaparecidos, dijo Nowak a la prensa el jueves.
"Muchas personas sienten que no se hizo justicia, a pesar de los esfuerzos del gobierno por aliviar a las familias de las víctimas", declaró Nowak.
Nowak y el secretario del Grupo, Miguel de la Lama, estuvieron una semana en Sri Lanka para verificar que se investigaran las consecuencias de la intervención del gobierno en una revuelta estudiantil de 1990, como recomendó la ONU en 1991 y 1992.
La visita, que terminó este viernes, fue coordinada por la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombo, que organizó varias entrevistas con los afectados y los grupos que representan a los desaparecidos entre 1988 y 1990.
"Es una visita valiosa para nosotros", aseguró Shantha Pathiran, secretario de la Organización de Padres, Madres y Familiares de los Desaparecidos, uno de los principales grupos que piden justicia.
Se calcula que durante los tres años que duró la insurgencia del Frente de Liberación Popular, con mayoría de integrantes de la etnia cenegalesa, predominante en el país, habrían desaparecido hasta 60.000 personas.
El Grupo de Trabajo de la ONU aconsejó al gobierno, en un informe presentado luego de las visitas de 1991 y 92 al país, la creación de un mecanismo oficial para revelar el destino de las personas desaparecidas, y el castigo a los responsables de esos actos.
La presidenta Chandrika Kumaratunga, que asumió el poder en 1995 con la promesa de castigar a los culpables de la campaña de terror desatada con el conocimiento del gobierno de entonces, organizó tres comisiones investigadoras.
Las comisiones investigaron 16.000 de los 27.000 casos de desapariciones documentadas, 12.000 personas fueron indemnizadas, y 3.000 policías, militares y civiles fueron acusados de haber perpetrado esos crímenes.
Pero las indemnizaciones fueron "escasas y desiguales", protestaron los grupos defensores de los derechos humanos, y Nowak los apoya.
Las familias de los empleados públicos que se presumen muertos recibieron 150.000 rupias (unos 2.100 dólares) como compensación, mientras que a los parientes de otros civiles desaparecidos sólo les tocó la tercera parte de esa suma.
"No puedo entender el motivo de la diferencia de esas cifras, ya que la pérdida que sienten las familias es la misma, tanto si el desaparecido es un empleado público o una persona cualquiera", se quejó Nowak.
Los activistas pretenden que el Grupo de Trabajo de la ONU considere nuevas pruebas de desapariciones. Pathiran asegura que existen evidencias sobre 31.000 casos de desaparecidos, presentadas al equipo de visitantes.
Kamaratunga no cumplió con su promesa de designar una comisión independiente de investigación para el norte del país, donde se registraron entre 600 y 700 desaparecidos a raíz de la lucha entre el movimiento separatista Tigres por la Liberación de la Patria Tamil y las fuerzas del gobierno, indicó Nowak.
"En cambio, nos dijeron que se creó una comisión investigadora del Ministerio de Defensa, que encontró a 185 víctimas en centros de detención, e identificó a los culpables de entre 25 y 30 casos", comentó.
El Ministerio de Defensa no compartió sus conclusiones con los grupos de activistas, y nadie conoce el contenido del informe definitivo.
El gobierno informó que las tres comisiones presidenciales registraron 480 acusaciones contra personal de las fuerzas de seguridad y la policía, pero estos no fueron identificados, declaró Nowak.
El Grupo de Trabajo de la ONU anunció que exhortó al gobierno a crear una comisión para investigar los 11.000 casos restantes de desaparecidos, a fin de conseguir un mandato presidencial para investigar unas 14.000 nuevas quejas recibidas por desapariciones.
"La comisión, que terminará de sesionar este mes, recibió unas 14.000 quejas nuevas, pero no tiene orden de investigarlas. Sólo puede terminar de estudiar los casos anteriores", explicó un funcionario.
El funcionario declaró que la visita del Grupo de Trabajo de la ONU servirá para presionar a Kamaratunga para que actúe.
Nowak advirtió que su equipo recomendará también la creación de una comisión independiente permanente para investigar las desapariciones "a fin de ejercer la justicia de un modo justo y equitativo, y de agilizar el proceso de la justicia criminal".
Los activistas de Sri Lanka sostienen que el informe de la ONU demorará. "Tendremos que presionar para que las cosas avancen. La visita es al menos una victoria moral para las víctimas", declaró Pathiran. (FIN/IPS/tra-en/fs/an/ceb/aq/hd/99
