La IX Asamblea de Entidades Fiscalizadoras de América Latina (Olacefs) que se celebra esta semana en Paraguay debatió estrategias contra la corrupción y el lavado de dinero procente del tráfico de droga y armas y contó con la asistencia del juez español Baltasar Garzón.
Por este motivo, sus sesiones no pudieron competir en el interés de la opinión pública local con los discursos de Garzón, en las horas previas al fallo de la justicia británica sobre la solicitud de extradición a España del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-90).
La polémica desatada por Chile ante la invitación de Garzón concluyó con una salida salomónica de la Contraloría General de la República de Paraguay, que separó las sesiones oficiales de la Asamblea, del lunes al viernes, y el lanzamiento del programa "Por un mundo transparente", donde habló el juez español.
Esto no evitó la ausencia de los representantes chilenos y argentinos en Paraguay, que ocupa el segundo lugar en el mundo en materia de corrupción en la lista de Transparencia Internacional y donde la Contraloría estimó que los casos de mal manejo de fondos públicos que estudia suman 6.000 millones de dólares.
El contralor general de Paraguay, Daniel Fretes Ventre, dijo que "el monstruo engendrado en este caldo de cultivo, llámese narcotráfico, tráfico de dinero y niños, de especies en vías de extinción, de madera, piratería o tráfico de órganos humanos, ha crecido notablemente, se ha fortalecido y perfeccionado".
"No estaríamos hablando hoy de corrupción si tuviésemos un Poder Judicial eficiente, porque se sancionaría a los corruptos", añadió Fretes Ventre, quien consideró que "no se juzgan los casos con la rapidez que requieren, y así falla el sistema de control de la corrupción".
La representación local del Banco Mundial manifestó su malestar por la acusación del contralor anfitrión de que créditos de organismos multilaterales no llegaron a destino y terminaron beneficiando más a los gobernantes de turno que a los proyectos a los que estaban destinados.
Richard Werksman, director del Programa Anticorrupción del Departamento de Estado de Estados Unidos, apuntó al factor social y sostuvo que "los ciudadanos deben cambiar de actitud para controlar este problema", que afecta tanto a los países industrializados como a las naciones en vías de desarrollo.
El ex fiscal argentino Luis Moreno Ocampos, presidente para América del Sur y el Caribe de Transparencia Internacional, ratificó que "el primer control contra la corrupción debe ser el control social" y se negó a aceptar que haya pasado a ser parte de la cultura paraguaya.
Moreno Ocampos llamó a realizar un esfuerzo conjunto, ya que no se debe esperar "jueces heroicos, pues nadie es tan fuerte como para hacerlo solo".
Garzón, quien adelantó su viaje a España este jueves para reafirmar su apelación en caso de un fallo favorable a Pinochet en Gran Bretaña, subrayó que si bien los estados mantienen compromisos con muchas normas, "falta aplicación para los casos concretos".
El juez español reclamó la rápida implementación del intercambio de datos y normativa contra el tráfico de armas y drogas, y especialmente el seguimiento de testaferros, intermediarios en la triangulación del lavado de dinero.
La Unión Europea "tiene un complejo de culpa de los países occidentales en zonas de conflicto armado", afirmó Garzón, pues detrás de una manifestación de desarme se alienta la venta a las partes en pugna por empresarios privados de esos estados.
La reunión de la Olacefs permitió a los anfitriones acordar intercambio de expertos con entes fiscalizadores de Colombia y Estados Unidos, así como su adiestramiento en los sistemas que utilizan las organizaciones delictivas para evadir los controles. (FIN/IPS/cm/ag/ip/99
