Organizaciones populares y grupos independientes de Panamá reclamaron una política gubernamental y un movimiento internacional que obligue a Estados Unidos a descontaminar sus bases militares en este país.
El secretario general de la Confederación de Trabajadores de la República (CTRP), Guillermo Puga, reconoció en entrevista con IPS que estas demandas comienzan a cobrar fuerza tras la reunión privada que sostuvo en Washington la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, con el mandatario estadounidense Bill Clinton.
Puga recalcó que el conflictivo tema de la descontaminación de bases debe convertirse en política de Estado, para que Estados Unidos fije fecha de inicio y terminación de la tarea, antes del retiro de sus tropas de territorio panameño el 31 de diciembre próximo, de acuerdo a los tratados canaleros "Torrijos-Carter".
El dirigente sindical recordó que Moscoso planteó a Clinton la necesidad de recuperar áreas contaminadas con sustancias y desechos de uso bélico, porque representan un peligro para la seguridad y el desarrollo de Panamá.
Clinton se manifestó dispuesto a trabajar con las autoridades panameñas en la búsqueda de respuestas a este problema, aunque sostuvo que su gobierno ha cumplido sus obligaciones legales en esta materia.
Pero el jurista Carlos López Guevara, ex negociador de los Tratados del Canal, dijo a IPS que "Panamá debe insistir por los medios diplómaticos a su alcance frente a Estados Unidos, para que este país cumpla su responsabilidad en la descontaminación de las áreas utilizadas por muchos años en prácticas militares".
En julio pasado, el ex presidente Ernesto Pérez Balladares reclamó a Estados Unidos por la lentitud en la remoción de explosivos en las riberas del Canal, pero Washington evitó hacer comentarios al respecto.
López Guevara subrayó que el problema de fondo consiste en la falta de información precisa sobre la totalidad y localización las armas explosivas y químicas no detonadas durante décadas, que se encuentran depositadas en áreas de difícil acceso.
El proceso para una completa descontaminación requiere una auditoría y un estudio de impacto ambiental que permita la recuperación efectiva de tierras y aguas, que forman parte del patrimonio nacional.
Según un informe de la asociación norteamericana de reconciliación Lindsay-Polland, de 1930 a 1968 Estados Unidos mantuvo en Panamá un programa de armas químicas.
De 1930 a 1946, el programa sustentó su objetivo en la defensa de la vía interoceánica, pero en los 20 años siguientes probó en secreto arsenales en un clima tropical con fines estratégicos.
Entre las áreas de mayor contaminación figuran la deshabitada Isla de San José, en el Pacífico, y zonas marítimas contiguas, utilizadas en pruebas extensas de municiones químicas, así como el campo de tiro de Nuevo Emperador, en las riberas del Canal, donde fueron sometidas a ensayo minas del agente neurotóxico VX y otras armas de destrucción masiva.
Según López Guevara, Panamá debe hacer valer el principio del Derecho Internacional de que "donde hay un beneficio hay una obligación, lo que en este caso es igual a plantear que quien ensucia está obligado a limpiar".
El jurista señaló que el gobierno panameño tiene a su favor el Tratado del Canal de 1977 y la Convención de Armas Químicas de 1997, de la cual es signataria Estados Unidos, que obliga al país que contamina a destruir las armas en el país afectado.
Por su parte, la directora del cristiano Centro de Capacitación Social, Celia Sanjur, dijo a IPS que " Panamá debe explorar distintos espacios y no dejar a Estados Unidos la iniciativa en la limpieza de los polígonos de tiro".
Esta organización ha mantenido una campaña para eliminar la contaminación en los polígonos, pero nunca pudo obtener autorización del ejército estadounidense para observar la extracción de explosivos, pese a reiterados pedidos ante la comisión binacional asignada a estos procedimientos.
El investigador Ricardo Leal, quien participó en temas vinculados a esta comisión, indicó que estadounidenses y panameños estuvieron a punto de irse a los puños, por diferencias provocadas por la restricción al acceso a algunas áreas en las que se cumplían tareas dirigidas a remover o desactivar material explosivo y contaminante.
Leal aclaró que estas operaciones limitadas de limpieza se han concentrado en áreas planas, a escasa profundidad, ya que los estadounidenses alegan que no disponen de equipos para garantizar la depuración absoluta en laderas, suelos quebrados o selvas con abundante vegetación.
López Guevara adujo al respecto que Estados Unidos posee una tecnología avanzada para acometer estas labores con éxito, pero altos oficiales de ese país sostienen lo contrario, ya que "Estados Unidos no actúa de buena fe".
Miguel Montiel, director del Instituto de Estudios del Canal de la Universidad de Panamá, dijo a IPS que es significativo que Washington acepte sus responsabilidad en la contaminación, pero advirtió que más importancia tendrá su compromiso de sufragar los costos millonarios de campos con minas, artefactos explosivos y bombas sumergidas en el mar.
"Es necesario que se pase de la palabra a los hechos", puntualizó Montiel al recordar el derecho irrenunciable de Panamá a recibir un territorio soberano, seguro y sin fuerzas extranjeras a principios del nuevo siglo, tal cual lo estipulan los Tratados "Torrijos-Carter".
Estudios realizados por el Instituto del Canal sugieren que soldados de Estados Unidos habrían probado hace varios años en la provincia de Darién, fronteriza con Colombia, el Agente Naranja, un tipo de Dioxina con graves efectos teratogénicos, que fue utilizada en forma extensa en zonas boscosas de Vietnam para reducir la resistencia de los vietnamitas.
En el período de 1964 a 1975, Estados Unidos arrojó sobre Vietnam decenas de millones de litros de compuestos químicos, en un intento por ganar la guerra contra ese país, que hoy intenta recuperar áreas asoladas, donde persisten los daños a la salud humana y a los ecosistemas.
Las demandas de los panameños, para lograr la completa limpieza de los polígonos se producen en momentos en que un grupo de Científicos Atómicos estadounidenses divulgó en Washington una lista de más de 20 países en todo el mundo, que fueron utilizados como depósitos de armas nucleares, sin el respectivo conocimiento de sus respectivos gobiernos.
Montiel indicó que existen testimonios que sugieren el uso de áreas bajo control militar del ejército de Estados Unidos en las riberas del Canal de Panamá, para el almacenamiento de dispositivos nucleares, pero aclaró que esto no ha sido aún confirmado por las autoridades panameñas.
Para López Guevara, la larga lucha para recuperar su soberanía y lograr una transferencia ordenada del Canal debe salvar en el futuro inmediato un nuevo obstáculo: la contaminación de parte de su territorio por parte de un país poderoso, un "mal vecino" que quiere irse sin limpiar lo que ensució.
El ex negociador de los Tratados del Canal subrayó la necesidad de que el mundo apoye a Panamá en estas demandas y no se perpetúe un acto de lesa humanidad. (FIN/IPS/dc/ag/ip/99
