La ONU evita adoptar embargos y otras sanciones de carácter general, que convierten a la población de los países en víctimas, y dispone nuevos tipos de castigo que apunten a reducir el poder económico y político de los gobiernos cuestionados.
Las últimas gestiones del Consejo de Seguridad para prohibir los vuelos internacionales y congelar los bienes del Movimiento Talibán fuera de Afganistán muestran que la ONU (Organización de las Naciones Unidas) aún incluye las sanciones en su arsenal.
A pesar de las preocupaciones que inspira el embargo a Iraq y las sanciones contra Libia, ahora suspendidas, la ONU sigue contando con ese recurso.
El Consejo de Seguridad, de 15 miembros, prohibirá esta semana los vuelos internacionales de Ariana, la aerolínea de Afganistán, y congelará los bienes que tiene el Movimiento Talibán fuera del país.
La decisión cuenta con el apoyo de Estados Unidos, que se propone lograr que Talibán entregue a Osama bin Laden, un magnate saudí sospechoso de financiar actividades terroristas.
Rusia, que a pesar de ser enemiga de los extremistas afganos suele oponerse a las sanciones, también apoyará la moción en el Consejo. China, la más persistente opositora a la mayoría de las sanciones, anunció que no las vetará en este caso.
Beijing se limitará a pedir garantías de que las medidas que se tomen apunten a objetivos específicos, para que no sufra toda la población de Afganistán.
El Consejo suspendió este año las sanciones impuestas a Libia y consideró la posibilidad de levantar el embargo de nueve años contra Iraq. Eso, sumado al pedido de imponer sanciones concretas contra Talibán, evidencia un cambio en los castigos.
Es de prever que los embargos generales, como aquellos que funcionarios de la ONU acusaron de causar hambruna y enfermedades en Iraq, no se volverán a aplicar. De todos modos, se continuarán adoptando sanciones enfocadas contra los gobiernos cuestionados.
La aplicación de sanciones concretas permite que el sistema siga aplicándose mientras se escuchan las advertencias de varios críticos de los embargos generales, como el canciller de Rusia, Igor Ivanov.
"Es inadmisible castigar a países enteros, sobre todo si se hace por un tiempo indefinido e indiscriminado", comentó Ivanov.
El cambio de posición respecto de las sanciones se hizo evidente también la semana pasada, cuando la firma minera sudafricana De Beers anunció que dejará de comprar diamantes de Angola, como le sugirió el Consejo de Seguridad.
El órgano y Canadá, que preside el Comité de Sanciones contra Angola, reclamó a los empresarios a tomar medidas enérgicas contra todos los que violen la prohibición de comerciar con la insurgente Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA).
El objetivo de la prohibición de comprar diamantes a UNITA es suprimir la fuente de ingresos de la organización, que controla la mayoría de las minas diamantíferas de Angola.
El embajador de Canadá en la ONU, Robert Fowler, estimó la semana pasada que los rebeldes reunieron entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en total por las ventas de diamantes en los últimos ocho años, lo cual alcanzó para financiar su prolongada guerra contra el gobierno.
Lloyd Axworthy, canciller de Canadá, instó a De Beers, que según algunas fuentes controla dos tercios de las transacciones de diamantes del mundo, a liderar la imposición de sanciones contra UNITA.
"Llegó la hora de detener la nueva economía de guerra, en la cual existe una relación directa entre ciertos negocios ilícitos, funcionarios corruptos, mercenarios y jefes guerrilleros. En Angola, esa relación perpetúa la miseria, el conflicto y el sufrimiento de personas inocentes", denunció Axworthy.
El ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Robin Cook, señaló en septiembre que el comercio ilegal de diamantes sirve para "financiar las armas ligeras, y también, demasiado a menudo, a los mercenarios, que perpetúan los conflictos".
De Beers se dio cuenta de que la única manera de asegurarse de no comprar diamantes a UNITA era no comprar en Angola. De ese modo, "eliminó toda duda posible" en cuanto a su proceder, señaló Fowler.
El ejemplo de De Beers demostró lo difícil que es hacer que se cumplan este nuevo tipo de sanciones. En este caso, algunos vendedores angoleños de diamantes que no pertenecen a UNITA e intentan hacer transacciones desde las zonas controladas por el gobierno sufren el castigo destinado a los rebeldes.
Sin embargo, tanto el caso de Angola como el de Afganistán sirven al menos para establecer reglas claras acerca de cómo imponer sanciones no generales.
Las reglas para la aplicación de este nuevo tipo de sanciones aún no fueron explicitadas, pero ciertas reglas ya son evidentes. Primero, que deben aplicarse como último recurso y, en general, contra grupos que son rechazados por toda la comunidad internacional.
UNITA y Talibán son rechazados por la mayoría de los países. Los rebeldes angoleños y la dictadura de Afganistán luchan en territorios conflictivos durante la guerra fría, pero no cuentan ni con el apoyo de Rusia ni con el de Estados Unidos.
Segundo, las sanciones deben dañar a las elites pero no restringir el comercio en general. Es decir que ya no se imponen embargos sino que se cierran las oficinas que tienen los gobiernos y sus allegados fuera del país o se congelan sus cuentas bancarias.
La ONU ya congeló las cuentas bancarias de UNITA fuera de Angola, e impondrá medidas similares a Talibán, a instancia de Rusia y Estados Unidos, que intentó que se impusieran las mismas sanciones contra Sudán, pero no tuvo éxito.
De todos modos, el único modo de terminar con la "fatiga de las sanciones" de la que habló el año pasado el secretario general de la ONU, Kofi Annan, es asegurar que las medidas se levanten en algún momento.
La mayoría de los miembros del Consejo presionan para que la suspensión de las sanciones contra Libia se convierta pronto en la eliminación total.
Mientras, China, Francia, y Rusia siguen insistiendo en levantar pronto el embargo a Iraq, y el Consejo en conjunto aceptó, por lo pronto, suspender la prohibición de las exportaciones e importaciones del país.
Los defensores de la imposición de sanciones esperan que esta tendencia se mantenga, para que haya menos casos de colapso económico, como en Yugoslavia e Iraq, y más ejemplos de gobiernos o líderes rebeldes con grandes dificultades financieras.
Pero el Consejo se enfrentará pronto a un nuevo dilema, cuando considere la eficacia de las nuevas sanciones en relación con las generales, o si UNITA y Talibán, entre otros, simplemente se encogerán de hombros ante esas medidas. (FIN/IPS/tra- en/fah/ceb/mj/ip/99
