Unos 5.000 indígenas, campesinos y negros lograron hoy paralizar en el parlamento de Honduras una reforma constitucional destinada a autorizar la venta de tierras públicas en las zonas costeras y fronterizas para proyectos turísticos.
El dirigente indígena Salvador Zúniga advirtió que las comunidades autóctonas que habitan esas áreas serían desplazadas por inversionistas nacionales y extranjeros, si el Congreso aprobara la reforma propuesta.
El Congreso votó en 1998 la reforma al artículo 107 de la Constitución, que reserva para el estado la propiedad de las tierras en las áreas costeras y fronterizas en un radio de 40 kilómetros y prohibe su venta, como medio de defender la soberanía nacional.
Pero los legisladores deben ratificar su decisión del año pasado y su presidente, Rafael Pineda Ponce, del gobernante Partido Liberal, aseguró a la prensa que la reforma del artículo 107 está descartada.
"Por mis venas corre sangre indígena y tenemos que atender los justos reclamos de nuestros hermanos", dijo Pineda Ponce, que se hallaba en su residencia, convalesciente de una intervención quirúrgica.
Agregó que ha impartido instrucciones para retirar de la agenda legislativa el proyecto de modificación del artículo 107.
La reforma era impulsada por el ministro de Turismo, Norman García, quien arguyó que la autorización de venta de tierras fronterizas y del litoral estimularía millonarios proyectos de desarrollo turístico.
La manifestación frente al Congreso fue organizada por el Comité Cívico de Organizaciones Indígenas y Negros de Honduras (CCOINH) y varias centrales campesinas, y coincidió con el Día de la Hispanidad, que conmemora la llegada de los conquistadores españoles a América.
Los manifestantes también realizaron una concentración ante la Corte Suprema de Justicia para protestar contra un fallo judicial por problemas de tierras y exigir la libertad de campesinos encarcelados.
Así mismo, pidieron al Ministerio de Seguridad el esclarecimiento del asesinato de más de una decena de dirigentes indígenas, muertos por pistoleros a sueldo de terratenientes y ganaderos en las zonas occidental y norte, también a causa de disputas por tierras.
Siete miembros del CCOINH entregaron un pliego de peticiones a la ministra de Seguridad, Elizabeth Chuiz Sierra, quien se comprometió a investigar los casos señalados.
Por último, los manifestantes exigieron al Instituto Nacional Agrario la agilización del proceso de titulación sus tierras y de la reforma agraria. (FIN/IPS/jrd/ff/pr/99
