El fiscal a cargo de la investigación en Guatemala del asesinato del obispo Juan Gerardi, cometido el 26 de abril de 1998 y atribuido a militares, renunció al caso y huyó a Estados Unidos, aduciendo graves amenazas contra su familia.
El fiscal Celvin Galindo fue nombrado en enero al frente de la investigación, tras la renuncia del fiscal Otto Ardón, acusado por organizaciones de derechos humano y la Iglesia Católica de entorpecer las investigaciones y favorecer a los militares sospechosos.
Galindo orientó las pesquisas hacia la hipótesis del crimen político, mientras el gobierno y el fiscal anterior se inclinaban por la hipótesis del crimen pasional.
El rostro y cráneo de Gerardi fueron destrozados con un trozo de concreto, dos días después de presentar un informe en el que acusaba al ejército de la gran mayoría de las violaciones de derechos humanos durante la guerra civil de 36 años que concluyó en diciembre de 1996.
La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), que Gerardi conducía, recordó que Galindo sometió en abril a 17 sospechosos a pruebas de ADN, practicadas por expertos de la Oficina Federal de Investigaciones estadounidense (FBI).
Según estas pruebas, 11 personas, entre ellas ocho militares, podrían estar vinculados al asesinato.
Galindo, quien se comunicó por teléfono desde Estados Unidos con una radioemisora guatemalteca, reconoció que el caso "está ya en la plataforma de la conclusión y el mismo fiscal general puede terminarlo", pero que a él le fue imposible soportar la presión y decidió retirarse.
El fiscal dijo haber detectado a principios de esta semana un plan, que no se concretó, para secuestrar a uno de sus hijos. "Esa fue la gota que rebasó el vaso, porque cuando a uno le tocan lo más sagrado que son los hijos llega al fondo del abismo y no soporta la presión", dijo.
El ex fiscal había denunciado antes ser objeto de espionaje y acoso telefónico, además de persecución y amenazas de muerte directas.
Galindo aseguró que su vivienda fue objeto de espionaje por parte de militares a bordo de automóviles con placa oficial. El Departamento de Información y Divulgación del Ejército afirmó que sus funcionarios rondaron el lugar en busca de un oficial a quien debían entregar correspondencia.
La activista de derechos humanos Helen Mack dijo a IPS que la renuncia de Galindo, quien había logrado darle un nuevo giro a la investigación, es un lamentable golpe contra la justicia.
"Es obvio que el ejército siempre presionó y desde esta perspectiva el gobierno es el responsable. A pesar de todo, debemos mantener la lucha aunque sea difícil", dijo Mack.
Adela Torrebiarte, de la agrupación Madres Angustiadas, dijo que "es como que se apagara una luz, todo lo que queda es duda y tristeza". Es evidente, agregó, que Galindo no tuvo el apoyo necesario para continuar su trabajo.
Pero los guatemaltecos "no debemos dejarnos vencer por esos grandes, enormes, obstáculos ocultos", sostuvo Torrebiarte.
Galindo se unió a una extensa lista de personas vinculadas al caso Gerardi que abandona el país.
El primero fue el taxista Diego Perussina, quien declaró ante la fiscalía que la noche del crimen vio una camioneta con placa oficial número 3201 rondando la iglesia de San Sebastián, donde el obispo residía y fue asesinado. Ese vehículo estaba registrado a nombre del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Lo la familia de Perussina recibió amenazas de muerte y se fue del país.
El juez Henry Monroy también fue amenazado de muerte y debió huir a Canadá. Antes, había sido presionado por Howard Yang, un alto funcionario del gobierno, para que no sobreseyera al sacerdote Mario Orantes, quien vivía en la casa parroquial con el obispo asesinado.
También viajó a Canadá Jorge Aguilar, ex sargento del Estado Mayor Presidencial (cuerpo de elite del ejército), quien declaró que los militares Juan Escobar Blas, Byron Lima Oliva y Rudy Pozuelos, estuvieron en ese comando la noche del crimen, pese a que ellos siempre lo habían negado.
El Ministerio Público anunció el jueves la designación interina del fiscal Aníbal Sánchez, quien se desempeñaba como asistente de Galindo, para terminar la investigación.
"Los miembros del equipo nos mantendremos en nuestros puestos, en espera de que se nombre otro agente, porque no queremos correr la misma suerte de nuestro ex jefe", declaró Sánchez, al asegurar que no cuentan con las condiciones necesarias de seguridad.
El fiscal general, Adolfo González Rodas, aseguró que Galindo siempre fue respaldado en sus requerimientos, y que una muestra de eso fue el aumento de personal de seguridad para protegerlo a él y su familia.
"No es la primera ni la última vez que un fiscal renuncia. Por ello no debe (haber) temor de que las investigaciones puedan quedar estancadas" expresó González Rodas. (FIN/IPS/cz/mj/hd/99
