Muchos en Granada temen que el nuevo gobierno deje en libertad a 17 personas condenadas por organizar en 1983 la insurrección que desembocó en la ejecución del primer ministro Maurice Bishop y la ulterior invasión de Estados Unidos.
Bishop había instalado un gobierno izquierdista mediante un golpe de Estado, en 1979, y fue fusilado el 19 de octubre de 1983, junto a diez altos funcionarios, durante un levantamiento encabezado por sectores radicales del gobernante Movimiento de la Nueva Joya.
Aquella insurreción causó la muerte de numerosos civiles, y las bajas aumentaron durante la resistencia a la invasión de Estados Unidos, que se produjo el 25 de octubre de 1983.
Ahora hay rumores de que el primer ministro Keith Mitchell está considerando la posibilidad de dejar en libertad a Coard y sus colaboradores, quienes habían sido condenados a muerte pero se beneficiaron en 1990 de la conmutación de sus penas por sentencias a cadena perpetua.
Mitchell se ha mantenido en silencio sobre la cuestión, pero despertó sospechas cuando su gobierno colaboró con la organización de una conferencia de prensa convocada por Coard y otros tres condenados por el levantamiento de 1983.
Durante esa conferencia de prensa los presos pidieron perdón por la ejecución de Bishop y sus colaboradores.
"Estoy profundamente apenado y me disculpo por las consecuencias de mis acciones", declaró Ewart Layne, un ex coronel del Ejército Populra Revolucionario.
"Creo sinceramente que cualquier observador objetivo que conozca los hechos admitirá que lo del 19 de octubre fue una situación espontánea que se descontroló en forma terrible. Desde mi punto de vista, quienes lideraron (la insurrección) deben aceptar la responsabilidad de lo ocurrido", sostuvo.
"Sé que es muy difícil para muchas personas olvidar lo que sucedió, sobre todo para quienes perdieron a sus seres queridos. Pero espero que todos comprendan la terrible situación a la cual tuve que enfrentarme en 1983, cuando era un coronel de 25 años", añadió.
En las calles de Saint George no impera un clima de perdón. "Si liberan a esas personas, será una gran decepción", comentó a IPS un joven. Un empresario aseguró que perdería toda su confianza en el gobierno "si deja libres a esos asesinos".
En varios países del Caribe se expresó desacuerdo con la idea de liberar a quienes organizaron la masacre.
Tim Hector, un político opositor de Antigua y Barbuda, declaró que la anulación de la pena de muerte era suficiente "perdón" para los "crímenes terribles" de Coard y sus colaboradores, quienes en su opinión no deberían salir nunca de la cárcel.
Errol McLeod, un sindicalista de Trinidad y Tobago, sostuvo que "los crímenes de los 17 (presos) son más que suficientes para que sigan en la cárcel durante muchos años".
El Sindicato de Trabajadores del Petróleo, al cual pertenece McLeod, intentó intervenir en los sucesos de 1983, al mando del legendario sindicalista George Weekes.
"El gobierno de Granada cometería un error si deja en libertad a esas personas, y le pedimos al primer ministro Mitchell que no colabore con la pequeña pero bien organizada campaña por su liberación", declaró McLeod.
La alusión a una "pequeña pero bien organizada campaña" apuntó al editor de periódicos Leslie Pierre, quien fue acusado de "contrarrevolucionario" y condenado a prisión durante el gobierno de Bishop.
Pierre jugó un importante papel en la organización de la conferencia de prensa de los presos y de otra similar en 1996.
El diario Grenadian Voice, de Pierre, publicó el 9 de octubre un editorial en el cual se sostuvo que los 17 prisioneros debían quedar en libertad, no sólo porque ya estuvieron 16 años en la cárcel sino también porque "no tuvieron un juicio justo" y no se les brindó "la posibilidad de defenderse en forma adecuada".
Coard no habló de su juicio durante la conferencia de prensa, y en cambio se sumó a las protestas por la desaparición de los restos de los fusilados, que nunca fueron entregados a sus familiares pese a que militares de Estados Unidos anunciaron, tras la invasión, que los habían encontrado.
Marcelle Belmar, portavoz de las familias de los ejecutados, pidió a comienzos de este mes que se creara una comisión investigadora del período que siguió al golpe de estado de 1979 y las circunstancias que condujeron al cruento final del régimen de Bishop.
Bellmar enfatizó que las familias de los ejecutados se opondrán con todas sus fuerzas a la liberación de Coard y sus colaboradores.
El fiscal y analista político Lloyd Noel, columnista del Grenadian Voice, sostuvo que ha llegado la hora de terminar una etapa.
"Si no tratamos con seriedad la cuestión de los 17 prisioneros políticos y tomamos la decisión conciente y piadosa de perdonar, seguiremos anclados en el siglo XX durante un largo y doloroso período", advirtió Noel.
La decisión es ahora de Mitchell, y se afirma que el gobierno organizará pronto una discusión a nivel nacional con el fin de exorcisar a los fantasmas del pasado. (FIN/IPS/tra- en/wg/ceb/mp/ip/99
