Las dos centrales sindicales mayoritarias de España reclaman a los grupos políticos, y en especial al gobernante Partido Popular (PP), la rápida tramitación de una ley para acabar con la discriminación de los inmigrantes.
De mantenerse el ritmo actual, un proyecto de ley que podría mejorar la situación de los inmigrantes llegados del mundo en desarrollo quedaría sin aprobación al finalizar la actual legislatura.
Si así fuera, el trámite debería recomenzar el próximo año, en la nueva legislatura, manteniéndose la situación de precariedad, ausencia de servicios sociales y expulsiones, además de un trato discriminatorio en el trabajo, señalaron los sindicalistas.
La Confederación General de Comisiones Obreras (CCOO, pro comunista) y la Unión General de Trabajadores (UGT, pro socialista), reclaman una solución para los inmigrantes en situación irregular, así se apruebe o no la nueva ley. También exigen al PP que no demore el trámite parlamentario del proyecto.
"La dimensión policial que la política migratoria ha tenido hasta ahora, como efecto de la ley de extranjería de 1985, debe dar paso a una nueva visión de la inmigración, desde la solidaridad y la demanda real de nuestro mercado de trabajo", afirmó José Luis García Sánchez, secretario confederal de Migraciones, Juventud y Movimientos Sociales de CCOO.
Las conquistas que implicaría la ley pcon cuyo texto en principio están de acuerdo todos los partidos- son un testimonio de las limitaciones de la normativa vigente, promulgada en 1985, cuando el hoy opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) gobernaba y contaba con 202 de los 350 diputados que integran el Congreso.
Si se aprueba el nuevo texto, los inmigrantes podrán conservar sus documentos originales y los que acrediten su situación en España. Tendrán derecho a circular libremente, a elegir su lugar de residencia y a votar en las elecciones municipales.
Además, se les reconocerá el derecho de reunión y manifestación como a cualquier ciudadano, el acceso a la enseñanza básica, gratuita y obligatoria y a sindicarse libremente o hacer huelgas.
Asimismo, tendrán derecho a la asistencia sanitaria gratuita y los menores de edad indocumentados no podrán ser expulsados por la policía.
La iniciativa determina que, en caso de ser hallado algún niño extranjero sin documentación, las autoridades policiales deberán poner el hecho en conocimiento de los tribunales tutelares de menores.
Esos tribunales resolverán si procede la devolución del menor a su país de origen o la concesión del permiso de residencia.
Antonio Ramos, delegado del gobierno en Melilla, una ciudad española enclavada en la costa norte de Africa y reclamada por Marruecos, critica esa posición y se pronuncia por la repatriación de los menores sin más trámite.
En opinión de Ramos, no se pueden seguir creando centros de acogida "que se llenan continuamente con niños que al cumplir 18 años deben ser expulsados o esperar para pasar a la Península".
El gobierno sostiene que en España existen 800.000 inmigrantes, de los cuales 75.000 en situación irregular, o sea sin documentos de residencia.
Las centrales sindicales rechazan esas cifras pues, argumentan, de los 800.000 extranjeros, aproximadamente la mitad son de países de la Unión Europea y, por lo tanto, gozan de los mismos derechos laborales y sociales que los españoles.
Además, las centrales y las organizaciones no gubernamentales calculan en 200.000 a los inmigrantes en situación irregular.
La nueva ley, de aprobarse, permitirá que todo extranjero que demuestre estar residiendo en España desde antes del 1 de junio de este año tendrá automáticamente regularizada su situación.
El gobierno otorga cada año 35.000 permisos laborales de carácter temporal a trabajadores inmigrantes. Pero las organizaciones empresariales pen especial del sector agropecuario y la construcción- estiman en 300.000 la demanda de empleos que cada año la mano de obra española no cubre.
Se trata de empleos para recoger la cosecha agrícola y para realizar los trabajos no especializados en las obras de construcción de edificios, carreteras y otras obras públicas.
Un anticipo de lo que se podrá contemplar en la nueva legislación se registró a principios de octubre, cuando España firmó un acuerdo con Marruecos para regular la entrada de trabajadores temporales.
Según el acuerdo, los trabajadores marroquíes recibirán un permiso de trabajo por nueve meses. Tratados similares se negocian con Ecuador, Colombia, Malí, Rumania y Polonia. (FIN/IPS/td/ff/pr/99
