Un nuevo foco de violencia surgió en España, ahora en la región de Cataluña, donde este domingo se celebrarán elecciones para renovar el parlamento y el gobierno autónomos.
Dos cócteles molotov (bombas incendiarias) fueron lanzados este miércoles contra la vivienda de Isabel Espinosa, concejal y portavoz municipal del centroderechista Partido Popular (PP) en el ayuntamiento de Cornellat de Llobregat, próximo a Barcelona, la capital de Cataluña.
Este atentado, que provocó un incendio sin víctimas, siguió a fuertes incidentes registrados en Barcelona el martes, día en el que España celebró el Día de la Hispanidad, en conmemoración del arribo de Cristóbal Colón a América, en 1492.
Los hechos se desataron a partir de un acto convocado por la Alianza por la Unidad Nacional (AUN), partido minoritario y neofascista que lidera Ricardo Sáenz de Ynestrillas, hijo de un militar procesado en 1981 por participar en un fracasado golpe de estado.
Una Plataforma Antifascista convocó una contramanifestación, que reunió a un millar de jóvenes a escasos 500 metros de la organizada por la AUN.
El gobierno desplegó un dispositivo de seguridad entre ambas manifestaciones para evitar choques. Los incidentes comenzaron cuando la Plataforma Antifascista avanzó hacia donde estaban reunidos los simpatizantes de Sáenz de Ynestrillas.
Al impedir la policía ese acercamiento, los antifascistas, dirigidos por un grupo de encapuchados, atacaron a los agentes, armaron barricadas incendiadas y destruyeron mobiliario urbano, frentes de negocios y vehículos.
Dirigentes de la Plataforma, que pidieron no ser identificados, negaron que hubiese un plan, estrategia o réplica organizada y atribuyen los hechos a la violencia policial.
Sin embargo, el portavoz municipal del PP en Barcelona, Eladio Jarreño, afirma que estos hechos fueron organizados, pues los manifestantes utilizaron artefactos lanzacohetes, con proyectiles de metal puntiagudos, bombas molotov y sus dirigentes coordinaron sus acciones mediante teléfonos móviles.
También el presidente de Cataluña, el nacionalista moderado Jordi Pujol, expresó este miércoles su preocupación por entender que lo ocurrido fue una evidencia de que "los agitadores estaban bien organizados y utilizaron técnicas de guerrilla urbana".
Esteban Ibarra, presidente de la organización no gubernamental Jóvenes contra la Intolerancia, atribuyó la violencia a la situación de inestabilidad laboral y social que padecen grandes sectores de la juventud, los más afectados por la desocupación.
El nivel de violencia preocupa también al gobierno español, presidido por José María Aznar, del PP, que ha propuesto la formación de una comisión parlamentaria dedicada específicamente a este problema.
El grado de violencia que se vive al margen de los enfrentamientos políticos, como el del País Vasco, se manifiesta, por ejemplo, en los estadios de fútbol, donde los simpatizantes de equipos nucleados en "barras bravas" provocan incidentes durante los partidos.
El gobierno destina cada año 20 millones de dólares a combatir esa violencia.
Pero la de Barcelona es de carácter político y se suma a la que sacude hace tres décadas al País Vasco, región en la que la organización ilegal ETA mantiene una tregua desde septiembre de 1998, pero donde aún impera la violencia callejera de carácter político. Una violencia similar a la desatada ahora en Barcelona. (FIN/IPS/td/mj/ip/99
