Los principales grupos ambientalistas de Estados Unidos cerraron filas contra la agenda comercial del presidente Bill Clinton, que al parecer se ampliará en la próxima ronda multilateral de negociaciones, cuyo comienzo está previsto para noviembre en Seattle.
Los ambientalistas restaron importancia al llamado de Clinton a "una economía global con rostro humano" y acusaron a su administración de dar vía libre a la Organización Mundial del Comercio (OMC) para atentar contra normas domésticas sobre ambiente y salud.
"La administración Clinton no logró conducir al mundo hacia un comercio ambientalmente responsable", afirmó Brent Blackwelder, presidente de Amigos de la Tierra. "La retórica de la administración sobre ambiente no se ha hecho realidad".
Si bien los líderes ambientalistas creen que un tipo correcto de globalización podría mejorar la calidad de vida de las personas, previnieron que el comercio internacional debe ser equilibrado con protección ambiental, seguridad en el trabajo, derechos laborales y una justa distribución de la riqueza.
Washington tiene la oportunidad de imponer un correcto equilibrio entre comercio y ambiente en la próxima conferencia ministerial de la OMC, que se realizará entre el 23 de noviembre y el 3 de diciembre en Seattle, según los activistas.
"Hasta ahora, la política comercial estadounidense parece estar destinada, sobre todo, a favorecer intereses comerciales específicos, no a lograr una visión económica global equilibrada", apuntó Durwood Zaelke, titular del Centro por una Ley Internacional del Ambiente.
Zaelke dio cierto crédito al gobierno por hacer que las reuniones y audiencias de la OMC sean menos reservadas y promover la reducción de subsidios que perjudican los recursos naturales. "Pero, en general, los esfuerzos para reformar el organismo de comercio fueron una gran desilusión", observó.
Antes de la firma en 1994 del Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México, las organizaciones ambientalistas estaban divididas sobre esa liberalización comercial.
Sin embargo, tras comprobar el debilitamiento de normas ambientales y de salud por causa del TLC y las reglas comerciales de la OMC, incluso grupos tradicionales como Defensores de la Fauna Silvestre y la Federación Nacional de la Fauna Silvestre denunciaron al organismo mundial.
En su último informe, "Qué tiene que ver el comercio con esto", la Federación Nacional de la Fauna Silvestre culpó a la OMC de poner en peligro determinadas especies, obstruir la conservación y desmantelar programas ecológicos.
El año pasado, Tailandia, Malasia, India y Pakistán denunciaron con éxito ante la OMC que una norma estadounidense por la cual todos los camarones vendidos en este país deben ser capturados con redes dotadas de dispositivos de escape para tortugas violaba el derecho internacional, por imponer una ley nacional a otros países.
En respuesta, Estados Unidos debilitó su protección a las tortugas marinas, amenazadas de extinción. Los ambientalistas estadounidenses, que lucharon denodadamente para lograr la ley, se mostraron indignados porque el dispositivo de exclusión de tortugas salva la vida a 150.000 ejemplares por año.
Seis de las siete especies de tortugas marinas en el mundo figuran en la lista estadounidense de especies en peligro, mientras todas están amparadas por la Convención de las Naciones Unidas sobre Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES), que prohíbe su comercialización.
Mark Van Putten, titular de la Federación Nacional de Fauna Silvestre, instó a Washington a recomendar a la OMC que preste mayor atención a las leyes nacionales sobre ambiente.
"La OMC debe reconocer legítimas normas ambientales, nacionales e internacionales", dijo. "Individuos y naciones deben ser capaces de tomar en cuenta los efectos de la forma de realización de ciertas importaciones".
Carl Pope, presidente del Club Sierra, insistió que los activistas no piden a la OMC que imponga valores estadounidenses en el exterior. "Sólo queremos que esta administración evite que la OMC haga retroceder los progresos alcanzados hasta ahora", dijo Pope.
Agregó que otra disposición de la OMC que obliga a Estados Unidos a importar gasolina causó un aumento de la polución.
Luego que las refinerías venezolanas protestaron por una enmienda de 1990 a la Ley de Aire Puro de Estados Unidos, que requiere a los refinadores de gasolina producir un combustible limpio, la OMC declaró que la norma estadounidense era "discriminatoria".
La Agencia de Protección Ambiental se vio obligada entonces a establecer nuevas reglas para cumplir con la decisión del panel o afrontar posibles sanciones comerciales.
Estados Unidos, por su parte, usó a la OMC para atacar la prohibición europea sobre carne bovina tratada con hormonas, arguyendo que violaba las normas comerciales, y a pesar de las sospechas científicas de que los residuos hormonales son cancerígenos.
El panel de discusiones de la OMC decidió en favor del reclamo estadounidense.
"El comercio internacional debe trabajar concertadamente, no en conflicto, con las expectativas públicas de alimentos limpios, un ambiente saludable y una pujante fauna silvestre", manifestó Van Putten.
Debido a esos antecedentes decepcionantes, la confianza pública en los acuerdos comerciales disminuyó.
Este hecho quedó demostrado por la reiterada negativa del Congreso a aprobar la "vía rápida", que permitiría a Clinton negociar libremente nuevos acuerdos comerciales, algo que sus predecesores obtuvieron rutinariamente en los últimos 25 años.
"A menos que las normas comerciales incorporen valores democráticos como administradoras ambientales, los nuevos acuerdos comerciales difícilmente obtendrán el apoyo público necesario para ponerlos en marcha", advirtió Van Putte. (FIN/IPS/tra- en/dk/mk/ego-mlm/en/99
