Grupos de derechos civiles de Estados Unidos festejaron la liberación esta semana de un inmigrante palestino tras 19 meses de prisión, luego que un juez federal determinara que el uso de pruebas secretas contra el acusado es violatorio de la Constitución.
Los grupos insistieron en que el caso del palestino Hany Kiareldeen debe conducir a la aprobación de una ley que prohíba la utilización de evidencias secretas contra inmigrantes sospechosos de amenazar la seguridad nacional.
"La práctica de las pruebas secretas debe terminar", urgió Judith Golub, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
La única forma de impedir nuevas deportaciones o encarcelamientos injustos de inmigrantes consiste en que "el Congreso reconozca que las leyes de 1996 (sobre antiterrorismo e inmigración) fueron demasiado lejos y deben cambiarse", exhortó Golub.
Más de 50 miembros del Congreso patrocinan el proyecto de Ley de Rechazo de Pruebas Secretas, que si resulta aprobada revocará disposiciones de las leyes de 1996 que permiten al gobierno deportar, excluir o detener inmigrantes en base a evidencias a las que el acusado y sus abogados no tienen acceso.
Las leyes sobre antiterrorismo e inmigración fueron aprobadas tras el bombardeo en 1993 del World Trade Centre de Nueva York por inmigrantes árabes.
El atentado generó una histeria antiislámica en los principales medios de prensa y apoyo popular a duras leyes contra el terrorismo.
"La sentencia en este caso será una victoria limitada si el Congreso no deroga la ley que legaliza el uso de evidencias secretas", advirtió el jueves el representante David Bonior, de Michigan, en declaraciones a la prensa.
"Todavía hay otros 20 encarcelados en base a pruebas secretas que no tuvieron un debido proceso, no pueden defender su causa y no fueron acusados de ningún delito, y ni siquiera saben por qué están en prisión", agregó.
Kiareldeen, de 31 años, ingresó a Estados Unidos desde Israel como estudiante y en 1994 se casó con una ciudadana estadounidense, de la que se divorció. Luego se volvió a casar y presentó una solicitud de residencia permanente.
Sin embargo, en marzo de 1998 fue detenido en base a pruebas secretas que lo relacionaban con algunos de los autores del atentado contra el World Trade Centre.
Los esfuerzos del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS, por sus siglas en inglés) por deportarlo dieron lugar a una serie de recursos judiciales.
El primer juez de inmigración en oir el caso, Daniel Meisner, determinó que las pruebas secretas presentadas contra Kiareldeen no eran suficientes para comprobar su participación en actividades terroristas ni su supuesta amenaza a la seguridad nacional.
Dos paneles de tres miembros de la Junta de Apelaciones de Inmigración concordaron con Meisner, pero el INS luego apeló ante un tribunal federal. Finalmente, el día 20 de este mes, el juez William Walls de Nueva Jersey ordenó la liberación de Kiareldeen.
"Esta corte no puede justificar el esfuerzo del gobierno por permitir el procesamiento de personas en base a testimonios no juramentados, que contradice la noción de justicia en la que se basa nuestro sistema judicial", escribió el juez.
La liberación de Kiareldeen se produjo luego que el INS y el Departamento de Justicia decidieron el lunes no apelar la decisión de Walls.
Kiareldeen expresó confianza en que el sistema judicial lo reivindicará. "No es un delito ser árabe o musulmán", declaró el jueves en Washington.
Los árabes estadounidenses siempre temieron que las leyes de 1996 se dirigirían especialmente en su contra.
De los 20 casos pendientes, todos menos uno involucran a inmigrantes árabes. Por esta razón, Aly Abuzaakouk, presidente del Consejo Musulmán Estadounidense, preguntó el miércoles si todo esto "se trata de seguridad nacional o de prejuicios políticos". (FIN/IPS/tra-en/jl/mlm/hd/99
