El gobierno de Ecuador declaró hoy la moratoria de los eurobonos, mientras el alcalde de esta capital y organizaciones representativas del empresariado propusieron disolver el parlamento, al que acusan de agravar la crisis económica.
El gobierno de Jamil Mahuad, que en septiembre había declarado la moratoria parcial del pago de los bonos Brady, declaró este viernes que también le resultará imposible pagar los eurobonos que vencían esta misma jornada y anunció que esos papeles entrarían en la reestructuración de la deuda externa.
La moratoria de eurobonos y los bonos Brady parecen las únicas medidas gubernamentales contra la crisis con apoyo en los movimientos sociales, que, empero, señalan la contradicción de que al mismo tiempo se destine al pago de la deuda externa 54 por ciento del presupuesto proyectado para el 2000.
Para las Cámaras de Comercio e Industrias de Quito y otras organizaciones empresariales, la culpa de la crisis económica que vive Ecuador es del Congreso legislativo, que no aceptó el aumento de impuestos propuesto por el gobierno en el proyecto de presupuesto.
Esa actitud "obstruccionista" y el hecho de que todavía no se haya podido instrumentar las privatizaciones es una muestra de la "ineficiencia" de los legisladores, afirmaron.
De esa forma, los empresarios se sumaron a las expresiones del alcalde de Quito, Roque Sevilla, quien también reivindicó la ruptura del orden institucional.
Mientras, el partido de gobierno es acusado de haber recibido más de 10 millones de dólares de banqueros para la campaña que llevó a Mahuad a la Presidencia.
El líder de la bancada de la agrupación Izquierda Democrática, Paco Moncayo, dijo que la ofensiva contra el parlamento tiene el propósito de desviar la atención sobre las denuncias de corrupción en el manejo del dinero aportado por varios banqueros a la campaña de Mahuad.
Moncayo se preguntó cómo puede ser independiente de los banqueros un partido que llega al gobierno con una campaña financiada por esos empresarios.
En marzo, ante la quiebra inminente del Banco del Progreso, uno de los más importantes del país, el gobierno congeló por un año 50 por ciento de los saldos de las cuentas corrientes y de ahorros superiores a 200 dólares y el total de los depósitos en cuenta corriente y a plazo en moneda extranjera mayores a 500 dólares.
El congelamiento no sirvió de mucho porque un mes después el banco anunció su quiebra. Aunque se denunció al presidente de la entidad, Fernando Aspiazu, de mal manejo de fondos, el gobierno accedió a que el Banco Central le concediera un crédito.
En julio, durante movilizaciones lanzadas por indígenas y taxistas, el gobierno dispuso la prisión de Aspiazu, en lo que muchos consideraron un golpe de efecto porque ocurrió tras la agudización de las protestas y luego de una dura represión a 15.000 nativos que llegaban en marcha pacífica a Quito.
Se inició un juicio contra el banquero por haber volcado al Fisco el impuesto a las transacciones bancarias cobrado a sus clientes, algo que había sido denunciado muchos meses antes sin que se tomaran medidas.
Esta semana, Aspiazu pidió desde la prisión cuentas sobre la utilización de 3,1 millones de dólares que afirma haber aportado a la campaña electoral de Mahuad, lo que cayó como una bomba en el ámbito político.
Las leyes ecuatorianas obligan a los candidatos presidenciales a presentar luego de las elecciones ante el Supremo Tribunal Electoral una declaración de gastos de campaña con la justificación de la procedencia del dinero.
Aspiazu aseguró que en las cuentas presentadas por el partido de gobierno ante el Tribunal no consta su aporte, y para demostrarlo enseñó los comprobantes de transferencias bancarias a nombre de Ramón Yulee, tesorero de la campaña y Secretario de la Presidencia hasta hace una semana.
Aspiazu inició un juicio para que se establezca a dónde fue ese dinero, y brindó una lista de banqueros y empresarios que también habrían colaborado.
Alvaro Guerreo, presidente del banco La Previsora, que entró en quiebra hace dos semanas y fue asumido por un banco estatal, fue director hasta hace pocos días del Consejo Nacional de Modernización, entidad encargada de instrumentar las privatizaciones.
Guillermo Lasso, del Banco de Guayaquil, fue gobernador de la provincia costeña del Guayas nombrado por el ejecutivo y ministro de Economía.
Nicolás Landes, presidente del Banco Popular que también quebró hace dos semanas y fue salvado por el gobierno, se fue del país días antes de que la justicia iniciara un proceso contra él por irregularidades en su banco.
Medardo Cevallos, ex embajador del gobierno de Mahuad en México y accionista del Bancomex, otro de los bancos que entró en quiebra, también enfrenta un juicio ante la justicia.
Otro de los que habrían aportado es Javier Espinosa, ex presidente de la Cámara de Comercio de Quito, una de las entidades que piden la disolución del parlamento, cargo que ocupó hasta dos meses atrás cuando ingresó al gabinete, primero como Ministro de Desarrollo y actualmente como Ministro de Economía.
Los empresarios que solicitan la disolución del Congreso legislativo coinciden con el gobierno en afirmar que la especulación cambiaria que hizo trepar al dólar durante los tres primeros días de la semana también fue provocada por los legisladores.
"De continuar la actitud obstruccionista del Congreso, ha llegado la hora de pensar en aplicar la Constitución y revocar el mandato legislativo por incumplimiento de obligaciones o por propiciar actos de corrupción como la especulación cambiaria", afirmaron las cámaras en un comunicado.
Para algunos analistas, la especulación ha sido provocada por los bancos que salieron a comprar dólares.
El miércoles, tras el alza del dólar, el superintendente de bancos, Jorge Guzmán, se reunió con los banqueros para analizar la crisis. Al día siguiente bajó la demanda y el costo de la divisa estadounidense.
Los analistas interpretaron la disminución de la especulación como una consecuencia directa de esa reunión.
El diputado Antonio Poso, del indigenista Movimiento Pachakutik, aseguró que las afirmaciones de los empresarios y del alcalde Sevilla son parte de una campaña para desprestigiar al parlamento.
"Quieren culpar al Congreso de una crisis engendrada por el gobierno tras haber gastado más de 2.000 millones de dólares en salvar 15 bancos durante el último año", señaló Poso.
Mientras, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Carlos Mendoza, se mostró preocupado por la crisis económica que vive el país pero descartó un golpe de Estado como salida.
Mendoza aseguró que "no existe posibilidad de que se rompa el sistema democrático", pero señaló la necesidad de que "el Congreso y el Ejecutivo logren acuerdos".
Los indígenas amenazan al gobierno con nuevas protestas si no restituye a dos dirigentes sindicales petroleros despedidos esta semana.
Voceros de los movimientos sociales aseguraron que se trata de una persecución por haber realizado denuncias sobre el manejo del Ministerio de Energía y críticas al gobierno en un acto realizado el día 12 por indígenas y trabajadores petroleros.
Jorge Pareja, presidente de la empresa estatal Petroecuador, justificó el despido, diciendo que los dirigentes participaron en agresiones "de palabra a la majestad del señor presidente constitucional de la república y demás autoridades del gobierno central". (FIN/IPS/kl/mj/ip if/99
