Varias firmas transnacionales están tratando de demostrar que cuando hacen negocios no sólo se interesan en las ganancias, sino también en el respeto de los derechos humanos, pero muchos activistas dudan de su sinceridad.
El ejemplo más reciente es el de la firma transnacional petrolera Royal Dutch Shell, que lanzó a nivel internacional un aviso publicitario en el cual afirma que realmente le importan los derechos humanos.
"Nos hemos comprometido a sostener derechos humanos fundamentales en la declaración sobre Prácticas Generales de Negocios que publicamos", expresó el aviso de dos páginas.
Arvind Ganesan, de la organización no gubernamental (ONG) humanitaria Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos, dio una cauta respuesta acerca de ese cambio de actitud en el mundo de las finanzas e inversiones internacionales.
"Nos alegramos de que Shell y British Petroleum Amoco hayan decidido considerar la cuestión de los derechos humanos en sus operaciones", declaró Ganesan, quien se ha dedicado a estudiar los antecedentes de firmas transnacionales en esa materia.
El activista comentó, sin embargo, que el juicio definitivo sobre esas compañías dependerá de "su voluntad y habilidad para adoptar y hacer respetar esas políticas en su actividad comercial".
"La base de cualquier iniciativa de derechos humanos por parte de una compañía" es que haya un compromiso de transparencia, para que todas las partes interesadas puedan acceder a la información, añadió Ganesan.
Antes de que Shell y British Petroleum asumieran sus nuevos compromisos, la transnacional Nike, fabricante de artículos y prendas deportivas, había declarado que su actividad comercial en el mundo en desarrollo era sensible a la cuestión de los derechos humanos.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) destacó en su último Informe sobre Desarrollo Humano, difundido en junio, dos iniciativas tendientes a lograr que las transnacionales hicieran sus negocios con "responsabilidad social".
Una fue el esfuerzo del Consejo de Prioridades Económicas, una ONG que anualmente otorga premios y reconocimiento público a firmas que muestran un desempeño excepcional en el combate a la desigualdad de género y la defensa de los derechos humanos.
Las distinciones son asignadas a empresas que figuran en la lista de las 500 mayores del mundo que publica cada año la revista estadounidense Fortune.
La otra iniciativa destacada por el PNUD fue una conferencia organizada en 1998 por la ONG Iniciativa de Comercio Etico, con sede en Gran Bretaña, la cual congregó a cientos de personas de numerosas compañías para discutir "cuestiones de lealtad comercial y códigos de conducta de las empresas".
Según el Informe sobre Desarrollo Humano, códigos de ese tipo estaban siendo redactados por seis compañías británicas que se encuentran entre las 100 mayores transnacionales del mundo.
Muchos activistas del mundo en desarrollo no están convencidos de que esos datos marquen una tendencia, y señalan que en sus países las transnacionales merecen la reputación de ser "agentes de explotación".
La Coalición Intereclesiástica Africana, por ejemplo, realizó en el último mes una campaña contra Talisman Energy, una transnacional de origen canadiense que ha construido rutas de acceso a las reservas petroleras de Sudán.
La ONG criticó a Talisman por asociarse con el Frente Nacional Islámico que gobierna Sudán, al cual se señala como uno de los peores violadores de los derechos humanos en el mundo.
"Agencias humanitarias internacionales y la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han acumulado muchas pruebas contundentes de que el régimen sudanés es responsable de actos de genocidio, limpieza étnica y otros crímenes contra la humanidad", manifestó la coalición.
Las actividades en India de la transnacional de energía Enron, de origen estadounidense, también fueron denunciadas por activistas.
A comienzos de este año Human Rights Watch publicó un libro de 166 páginas en el cual puso al descubierto "la complicidad de Enron con la Corporación Eléctrica Dabhol en violaciones de los derechos humanos" en el estado sudoccidental indio de Maharashtra.
"Personas inocentes fueron golpeadas, a veces frente a las puertas de la planta eléctrica de Enron, y acusadas de cargos falsos porque habían protestado contra los efectos adversos que, a su juicio, esas instalaciones causan al ambiente y la economía", alegó la ONG.
Activistas que han estudiado la actividad de las transnacionales en América Latina recordaron que varias de esas firmas intervinieron en asuntos políticos para preservar sus negocios en Chile, Guatemala y otros países.
Según Ganesan, las transnacionales que han desarrollado políticas de derechos humanos "lo hicieron en respuesta a una crisis".
En el caso de Shell, la declaración sobre Prácticas Generales de Negocios se debió a la ejecución en noviembre de 1995 de Ken Saro Wiwa, un escritor y activista nigeriano por la democracia y el ambiente, aseguró Ganesan.
Saro Wiwa fue ejecutado junto a otros ocho integrantes del Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni, pese a una campaña internacional que intentó salvarlos, y luego varios países, incluyendo a Estados Unidos, retiraron sus embajadores en Nigeria, donde Shell había realizado importantes inversiones.
Robin Arram, el portavoz de Shell, admitió que la muerte de Saro Wiwa había "influido en la forma de pensar" de la firma, pero aseguró que la preocupación por los derechos humanos "no es nueva" para la transnacional.
"Durante años tuvimos que considerar importantes cuestiones humanitarias en Sudáfrica debido al apartheid", dijo Arram a IPS que .
"También es una triste realidad que muchas reservas de gas y petróleo están en países con antecedentes cuestionables en el respeto por los derechos humanos. En 1995 comenzamos nuestra actual etapa de pensamiento y desarrollo de una política humanitaria", apuntó.
"Ese proceso llevó a la inclusión de la cuestión de los derechos humanos en los Principios Generales de Shell en 1997, y desde entonces, hemos seguido desarrollándolo", agregó.
Según Arram, Shell considera que "hay una buena razón de negocios para apoyar los derechos humanos y, desde luego, el desarrollo sustentable".
"Las expectativas sociales sobre las firmas han estado cambiando, y lo siguen haciendo. El precio para que se nos permita hacer nuestro negocio es reconocer y contemplar esas expectativas en lo referido a salud, seguridad, protección ambiental y la compleja área de derechos humanos", explicó.
Arram añadió que las sociades ya no aceptan a quienes sólo dicen "confía en mí", y ahora responden "demuéstralo", sobre todo "en América del Norte, un poco menos en Asia y a mitad de camino en Europa".
Factores como "la globalización y, en particular, el uso eficaz de los medios de comunicación globales e instantáneos por parte de las organizaciones no gubernamentales" son responsables de la tendencia a exigir a las firmas que prueben lo que declaran, señaló.
John Jennings, un ex presidente de la Compañía Shell de Transporte y Comercio, señaló hace algunos años, poco antes de retirarse, que la ONU había intentado durante años establecer un código general de conducta comercial, pero le resultó difícil obtener apoyo.
"Creo que es poco probable que logremos un código aceptado por todos. Me gustaría que otras transnacionales siguieran el camino de Shell", señaló Jennings, pero admitió que "muchas se resisten a hacerlo", y que eso hace muy difícil lograr un consenso. (FIN/IPS/tra-en/mmm/mk/ego/mp/hd if/99)
