El primer ministro de Perú, Alberto Bustamante, afirmó hoy que el gobierno está dispuesto a resolver sus discrepancias con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "mediante soluciones negociadas".
Observadores atribuyeron las declaraciones de Bustamante al efecto de las presiones diplomáticas y financieras de la comunidad internacional contra la política de derechos humanos del gobierno de Alberto Fujimori.
La situación de Perú respecto de la CIDH es incierta. El órgano judicial interamericano no ha aceptado el desconocimiento de Lima a su jurisdicción, que solo podría entrar en vigencia después de un año, es decir, con el próximo gobierno.
Mientras, la Corte no solo ha acogido nuevas denuncias contra Perú, sino que parece haber acelerado sus trámites.
Los fallos contra Perú en la CIDH, con sede en San José, se refieren a la falta de garantías para los acusados de terrorismo, amenazas contra periodistas opositores y la destitución de magistrados del Tribunal Constitucional que se oponen a la segunda reelección consecutiva de Fujimori.
Bustamante expresó que buscará "soluciones amistosas" a las demandas de la CIDH sobre derechos humanos en Perú, pero aclaró que eso no significa que este país retorne a la jurisdicción del organismo.
El anuncio del primer ministro coincide con la hipótesis de analistas políticos, según los cuales su designación el día 11 es un indicio de que Fujimori tratará de mejorar sus relaciones con los organismos internacionales que criticaron su desempeño en materia de derechos civiles.
El analista opositor Fernando Rospigliosi sostuvo que Fujimori trata de ganar tiempo para que las presiones internacionales no interfieran con su propósito político prioritario: ser reelegido por segunda vez consecutiva en el 2000.
El nombramiento de Bustamante se produjo luego de una serie de pronunciamientos contra el gobierno de Fujimori formulados desde el exterior, respecto de la vigencia de los derechos humanos y la libertad de prensa en este país.
Las últimas críticas fueron emitidas por el Congreso de Estados Unidos, la Corte Europea de Derechos Humanos y por la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos expresó el 4 de octubre que llevaría las infracciones peruanas a los derechos humanos al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.
Bustamante, abogado especializado en Derecho Constitucional, representó a Perú ante la CIDH y sus esfuerzos para evitar los dictámenes y fallos adversos fueron infructuosos.
Uno de esos fallos, referido a las condenas a cadena perpetua de cuatro chilenos militantes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), emitidas por un tribunal militar, desembocó en el desconocimiento por parte de Perú de la jurisdicción de la CIDH, con sede en la capital de Costa Rica.
Bustamante sostuvo que el gobierno está dispuesto a encontrar una solución "negociada" que ponga fin al enjuiciamiento de los casos de terrorismo por tribunales militares.
La CIDH considera que los tribunales castrenses no otorgaron garantías de debido proceso a los acusados de terrorismo, algunos de los cuales fueron liberados varios años después porque se demostró que fueron condenados con pruebas insuficientes.
Bustamante anunció que "el Poder Ejecutivo presentará los correspondientes proyectos de ley al Congreso para que los delitos de terrorismo y traición a la patria sean juzgados por el fuero común y no en el militar".
El primer ministro anunció que se incluirá en las negociaciones la destitución de los miembros del Tribunal Constitucional opuestos a la reelección de Fujimori y el caso de Baruch Ivcher, un empresario opositor despojado de su canal de televisión mediante maniobras judiciales.
La CIDH anuló en mayo la sentencia contra los cuatro chilenos por traición a la patria, a pesar de que su condición de extranjeros, y demandó que se les vuelva a juzgar.
El gobierno de Fujimori rechazó el fallo y decidió retirar a Perú del ámbito de la CIDH, lo cual no fue aceptada por la corte interamericana, que siguió considerando otras denuncias contra el régimen peruano.
Bustamante sostuvo que el caso Ivcher es, en cambio, un conflicto entre el empresario y sus socios en el Canal 2 de televisión de Lima, y que el gobierno no puede modificar el fallo judicial. (FIN/IPS/al/mj/hd/99
