– La desesperación se apoderó hoy de los partidario s del ex dictador chileno Augusto Pinochet al conocerse la decisión del juez Ronald Bartle, que autoriza su extradición a España para responder por cargos de tortura.
En la puerta del tribunal, el representante oficioso de Pinochet en Gran Bretaña, Fernando Barros, dijo con voz entrecortada a los periodistas que España y Gran Bretaña intentan "reescribir la historia" de su país, pero que Chile "no es un país tropical".
Barros no explicó a qué se refería con la alusión al trópico, p ero insistió en la tesis lanzada por la ex primera ministra británica, Marga ret Thatcher, de que España montará un "juicio espectáculo" contra Pinoc het. El propio ex dictador – que no asistió al juicio alegando problemas de salud – dijo en un mensaje que es inocente de los cargos y que se trata de "un juicio político".
Pinochet ha basado prácticamente toda su estregia defensiva en la esperanza de que el ministro del Interior británico, Jack Straw, le conced a la libertad por razones humanitarias. Sus asesores han desplegado una variedad de alarmantes informes médicos, pero los especialistas de la fiscalía británica han sido impedidos de practicar exámenes independie ntes.
Los abogados defensores de Pinochet anunciaron que apelarían a la decisión, lo que probablemente alargará su estancia en Londres por vario s meses. El ex general se encuentra bajo arresto domiciliario en una lujosa mansión al sur de la capital británica.
Al contarario de otras ocasiones, esta vez había pocos partidarios de Pinochet a las puertas del tribunal para lamentar la decisión, pero sí un numeroso grupo de familiares de las víctimas de la dicatdura militar chilena (1973-90), que estallaron en aplausos y lágrimas al conocerse el fallo.
El dramaturgo chileno Ariel Dorfman, también entre quienes esperaban el fallo en Londres, dijo a la cadena británica BBC que el fallo prueba que "Pinochet puede ser el dictador de Chile, pero es solo un ciudadano común del mundo".
Dorfman comparó la ansiedad de los británicos por la suerte de decena s de pasajeros de un tren accidentado, cuyos cuerpos no han sido encontrados, con la de miles de familiares de los más de mil detenidos desaparecidos en Chile durante los 17 años de dictadura. "Pinochet sabe donde están", subrayó.
Dorfman no excluyó que Pinochet pueda ser relevado de la extradición por razones humanitarias, pero insistió en que el ministro Srtaw tiene que reflexionar seriamente acerca de las consecuencias de una decisión favorable al ex dictador. En todo caso, dijo, el fallo demuestra que "no importa cuan poderoso alguien pueda ser, no está por encima de la ley".
Pinochet fue arrestado por la policía británica el 16 de octubre del 1998 – el día de su cumpleaños – , en cumplimiento de una orden de arres to emitida por el juez español Baltasar Garzón, que investiga en España l os crímenes contra la humanidad cometidos por las dictaduras de Chile y Argentina.
El caso Pinochet inmediatamente se convirtió en un episodio inédito d e la jurisprudencia de derechos humanos. Tras un fallo a su favor y dos decisiones de la máxima instancia judicial británica – la cámara de lo s Lores – el ex general debió enfrentar el juicio de extradición.
Los Lores determinaron que Pinochet sólo puede ser juzgado por los crímenes de tortura cometidos durante un breve período al final de su régimen – entre septiembre de 1989 y marzo de 1990 – dejando de lado la mayor parte de los cargos más graves, de genocidio, asesinato y desaparición de personas, contenidos en la acusación.
El gobierno chileno del presidente Eduardo Frei inició una intensa batalla judicial, diplomática y política para salvar al ex general, que incluyó presiones sobre España para que el gobierno de ese país acepta ra una mediación internacional sobre el caso.
Las conversaciones privadas sostenidas entre los gobiernos chileno y español acerca del caso, causaron un escándalo en España. El gobierno derechista de José María Aznar no ha ocultado su malestar por el proceso lanzado por el juez Garzón, pero prometió respetar la independencia del poder judicial.
El gobierno chileno sostiene que Pinochet debe ser juzgado en Chile, donde hay 12 acusaciones en su contra. Pero abogados y grupos internacionales de derechos humanos destacan que el ex dictador goza allí de inmunidad parlamentaria como senador vitalicio, y del apoyo abierto de la jefatura de las fuerzas armadas.
Chile ha argumentado que el juicio a Pinochet pone en peligro la transición democrática, pero al mismo tiempo rechaza terminantemente est ar bajo amenaza de las fuerzas armadas, que en Chile disfrutan de un alto grado de autonomía política y financiera. (FIN/IPS/eu hd/ws/ak/99)
