La Organización Mundial de Comercio (OMC), fundada en 1994 para hacer respetar las normas que rigen la compra y venta de bienes y servicios, dio un golpe contra la democracia en todo el mundo, denunció un grupo de Estados Unidos defensor de los derechos del consumidor.
"En el foro de la OMC, el comercio tiene precedencia sobre todo, democracia, salud pública, educación, igualdad, ambiente, seguridad alimentaria y mucho más", expresa un informe de Ciudadano Público, el grupo fundado por el activista Ralph Nader.
"Bajo ese nuevo sistema, muchas decisiones que afectan la vida diaria de la gente le fueron quitadas a nuestros gobiernos locales y nacionales y, en cambio, son adoptadas por un grupo de burócratas del comercio a quienes nadie votó y que están encerrados en sus despachos en Ginebra", dijo Nader.
El informe "¿Organización de Comercio de quién? La globalización corporativa y la erosión de la democracia" advierte que, como resultado de las reglas de la OMC, e incluso por la posibilidad de ser denunciados ante el organismo, los países renunciaron a políticas sociales arduamente conquistadas.
Muchas normas domésticas, cuestionadas ante la OMC por intereses empresariales, son consideradas trabas al libre comercio, apuntó el informe dado a conocer el miércoles, antes de la cumbre ministerial de la organización que deliberará entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre en Seattle, Estados Unidos.
"Esto no es libre comercio", afirmó Joan Claybrook, presidenta de Ciudadano Público. "Se trata de comercio administrado corporativamente… que concentra más y más poder en cada vez menos empresas transnacionales", añadió.
Los países signatarios ante el organismo internacional tienen permiso para impugnar las leyes de otras naciones si creen que violan los principios del libre comercio.
Una vez que la comisión de resolución de disputas de la OMC emite su dictamen contra la legislación de un país, esa nación debe revocar esa reglamentación o afrontar multas permanentes del país que presentó la controversia ante la organización.
"Los cinco años de actuación de la OMC parecen un silencioso, lento golpe de Estado contra la democracia, las políticas y los gobiernos de todo el mundo", declaró Lori Wallach, de Ciudadano Público.
Las reglas de la OMC van más allá de los principios comerciales básicos porque, entre otras cosas, tratan de la misma forma a productos locales y foráneos e imponen juicios de valor sobre cuánta protección ambiental o de seguridad alimentaria se le permitirá brindar a un país, señaló el informe.
Ciudadano Público enumeró cerca de 100 reglas domésticas que fueron impugnadas o amenazadas ante la OMC.
Estados Unidos impugnó cerca de la mitad y, al revés de muchos países en desarrollo, posee los recursos económicos para sostener y defender numerosas denuncias ante la OMC, apuntó Claybrook.
Tras una de esas impugnaciones de Washington, Guatemala dejó de aplicar con rigor el Código de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF sobre la venta de sucedáneos de leche materna, el cual prohíbe los envases de alimento para bebés con dibujos de niños regordetes y saludables.
El Código fue creado para evitar que madres analfabetas asocien ese producto con bebés saludables, debido a que muchos niños enfermaron o murieron tras ingerir ese sucedáneo diluido en agua contaminada.
Expertos en salud también manifestaron su inquietud de que esa publicidad pueda hacer que muchas madres desistan de amamantar a sus hijos.
Gerber, un fabricante de alimentos infantiles, amenazó con llevar el caso ante la OMC e hizo notar que el rostro de un rollizo bebé formaba parte de su marca registrada y protegida por normas de propiedad intelectual del organismo.
"Ante la amenaza, Guatemala exceptuó los productos importados de su legislación sobre etiquetas comerciales", dijo el informe.
En otro caso, Corea del Sur suavizó su política de seguridad alimentaria para evitar la impugnación estadounidense sobre su plazo legal de 30 días para almacenar alimentos congelados.
Seúl aceptó acortar el proceso de control de los productos, permitiendo que vegetales y frutas pudieran venderse antes de que concluyeran los respectivos exámenes sanitarios.
Normas estadounidenses sobre salud y medio ambiente también fueron impugnadas ante la OMC.
Cuando México amenazó con hacer respetar una normativa del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) de 1991, el antecesor de la OMC, Estados Unidos dejó de cumplir cláusulas de la ley de protección de mamíferos marinos destinadas a salvar a los delfines de las redes de los pescadores de atún.
"Por primera vez en 20 años, atunes capturados en redes tendidas en torno a cardúmenes de delfines aparecerán en los supermercados y llevarán la etiqueta 'Seguro para los Delfines' que los consumidores llegaron a conocer y confiar", dijo Ciudadano Público en su informe.
Numerosas impugnaciones acaban de ser presentadas ante la OMC, agregó.
Una se refiere a la industria automotriz debido a que Estados Unidos y la Unión Europea amenazaron con denunciar las nuevas normas japonesas sobre carburantes depurados para autos, implementadas para cumplir con el Protocolo de Kyoto, el tratado que busca reducir las emisiones de gases invernadero.
"Si este caso es presentado formalmente ante… la OMC, será una prueba importante para la organización porque refiere a la legalidad de una medida adoptada según un tratado internacional sobre el ambiente", señaló.
En otra cuestión planteada a comienzos de este año, Estados Unidos cuestionó a la Unión Europea (UE) afirmando que sus normas sobre la contaminación causada por la industria electrónica podría violar las reglas de la OMC que gobiernan la política ambiental.
En nombre de la Asociación Electrónica Estadounidense, Estados Unidos afirmó que la propuesta de la UE de prohibir ciertos metales pesados en equipos electrónicos para permitir su reciclaje parcial y trasladar el costo de limpieza y descarga del público a la industria, es ilegal según las reglas de la OMC.
El informe de Ciudadano Público tambien criticó el sigilo en torno a los procedimientos y dictámenes de la organización comercial.
La prensa, el público, activistas, fiscales generales que representan a las propias leyes que son impugnadas no pueden asistir a las sesiones a puertas cerradas del tribunal y las audiencias del comité de resolución de disputas, indicó el informe.
"No hay ley de libertad de información, ni apelación independiente, ni tampoco transcripción pública", dijo Nader. "Nos hemos ligado a tribunales que en este país serían ilegales e inconstitucionales", afirmó. (FIN/IPS/tra-en/dk/mk/ego/aq/if/99
