Unos 43.000 presos en Colombia y sus familiares lanzaron una campaña por una rebaja de al menos 30 por ciento de sus condenas, en el marco de un proyecto de ley que el parlamento comenzará a debatir este martes.
Los reclusos difundieron este lunes un comunicado en el que rechazan la rebaja de dos años en sus condenas que será debatida por iniciativa del Consejo de Política Criminal, propuesta a la que consideraron "una afrenta para quienes afrontan largas e inhumanas penas".
Los reclusos de las 168 cárceles y 30.000 familiares que los visitaban el domingo se declararon en "desobediencia civil" para expresar su disconformidad con la propuesta de rebaja de penas y pedir soliciones estructurales a la crisis en estos establecimientos de reclusión.
Durante la jornada, los reclusos y sus familiares realizaron manifestaciones en los patios. En la cárcel de La Picota, en Bogotá, se llevó a cabo una misa a la que asistieron cerca de 5.000 detenidos.
Los familiares de los reclusos, que se negaron a salir el domingo al concluir el horario de visita, saldrán este martes en marchas hacia las principales ciudades para pedir al parlamento la aprobación de una ley que suponga una rebaja importante de las condenas.
El Consejo de Política Criminal presentó el proyecto de ley atendiendo el llamado del papa Juan Pablo II para que todos los presos del mundo gocen de una rebaja de las condenas o la absolución con motivo de los 2000 años del nacimiento de Jesucristo.
Carlos Rodríguez, interno de la Cárcel La Picota, dijo a IPS que una rebaja de 30 por ciento de la pena "no es una solución al problema, pero significaría un alivio" para algunos reclusos que tienen largas condenas.
Las cárceles colombianas se han convertido en "depósitos de personas que viven hacinadas, en condiciones infrahumanas", y a las que se les violan sus más elementales derechos, sostuvo Rodríguez.
Frente a la crisis, el gobierno "saca medidas coyunturales, pero no hay soluciones de fondo ni una verdadera política carcelaria", agregó.
En el comunicado de este lunes, los reclusos piden también la aprobación de una legislación que les garantice sus derechos fundamentales, acorde con normas internacionales en materia de derechos humanos
En su informe sobre la situación de derechos humanos, el defensor del Pueblo de Colombia, José Fernando Castro, afirmó en abril que en las cárceles "no se cumplen las reglas mínimas exigidas por los organismos internacionales".
La Organización de Naciones Unidas (ONU) establece que las cárceles deben disponer de 29 metros cuadrados por recluso, pero en Colombia una celda para dos detenidos es ocupada hasta por diez internos.
Según Castro, el problema carcelario colombiano "es una bomba de tiempo para la que no hay respuesta gubernamental alguna".
El informe de Castro indica que los reclusos no cuentan con suficiente atención médica, posibilidades de trabajo o estudio ni adecuada alimentación.
Así mismo, el sistema carcelario, que está habilitado para 30.000 reclusos, tiene una población de 45.000, que se sale del control de las autoridades.
Los propios organismos de seguridad informaron que en 1998 hubo en las cárceles 683 fugas, 373 heridos y 223 asesinatos, así como numerosas revueltas en demanda del respeto a los derechos de los reclusos.
Las quejas más frecuentes se refieren al hecho de que los reclusos se ven obligados por el hacinamiento a pagar sobornos a los guardias para asegurarse el acceso a los servicios sanitarios o privacidad durante las visitas conyugales.
En abril de 1998 los reclusos de La Picota realizaron una revuelta en la que murieron 15 personas entre guardianes, presos y visitantes.
Algunos expertos atribuyen la crisis carcelaria a la inexistencia de una política criminal, y afirman que se debe abrir el debate sobre el mantenimiento de la privación de libertad como forma principal de castigo, de modo de analizar medidas alternativas.
Otros analistas afirman que el establecimiento de penas de cárcel de hasta 60 años, que equivalen, en los hechos, a cadena perpetua, no resocializan a nadie. (FIN/IPS/yf/mj/hd/99
