La comunidad indígena u'wa inició acciones legales contra el gobierno de Colombia por la aprobación de la licencia a la Occidental Petroleum Company (OXI) para la exploración de hidrocarburos en su territorio.
El senador indígena Jesús Piñacué presentó una demanda penal y disciplinaria contra el ministro del Interior, Néstor Martínez, por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de la licencia a la OXY para la exploración en el bloque Samoré, en el noreste del país, que los u'wa reclaman como suyo.
La acción, presentada el día 5, es la primera de una serie que desarrollarán los u'wa, que han anunciado que llevarán el caso a los tribunales internacionales, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General.
El Ministerio del Medio Ambiente dio licencia a la OXY para explorar un campo petrolero de Gibraltar, a cinco kilómetros de la reserva de los u'wa, y aunque el gobierno sostiene que el área de exploración está fuera de los dominios de la comunidad, los indígenas lo consideran parte de su territorio ancestral.
La demanda "busca que los organismos fiscalizadores indaguen si hubo intereses ocultos e irregularidades en el trámite" de la licencia que favoreció los intereses de la multinacional petrolera, dijo Piñacué.
El Ministerio del Medio Ambiente tomó su decisión el 20 de septiembre pasado sin consultar al al Ministerio del Interior, el responsable de la política indigenista, donde el funcionario encargado había señalando la inconveniencia de aprobar la licencia a la OXY.
El funcionario, que fue destituido de su cargo, consideró que la exploración en el campo de Gibraltar afectaría a varias localidades de la comunidad u'wa, que debían ser consultadas previamente para tomar una determinación, como establece la Constitución, lo que no ocurrió.
El ministro del Medio Ambiente, Juan Mayr, para autorizó la exploración por considerar que "en el área de influencia directa del proyecto (…) no hay presencia regular y permanente de comunidades indígenas".
El gobierno amplió la reserva de los u'wa en 150.000 hectáreas dos semanas antes de haber dado a conocer la aprobación de la licencia a la OXY. Pero para los indígenas el problema no radica en el límite del resguardo, sino el carácter sagrado que ancestralmente le han dado al llamado bloque Samoré.
Según el gobierno, la aprobación de la licencia a la OXY forma parte de la estrategia que busca incentivar la exploración petrolífera "para evitar que el país vuelva a ser importador de hidrocarburos en el 2004".
El bloque exploratorio asignado a la OXY, de 209.000 hectáreas, se estima que cuenta con reservas cercanas a 2.500 millones de barriles de petróleo, que asegurarían las necesidades energéticas de Colombia hasta comienzos del próximo siglo.
Los u'wa consideran que el petróleo no debe tocarse, ya que es la sangre "de la madre tierra", y han amenazado con el suicidio colectivo si la OXY lleva a cabo la exploración en su territorio.
Según el gobierno, esta comunidad indígena, de cerca de 5.000 personas, no debe anteponer sus intereses particulares a los del resto del país, que recibe cerca del 30 por ciento de sus ingresos fiscales de la actividad petrolera.
Piñacué replicó que sus indígenas no se les puede negar el derecho a existir de acuerdo con su cultura y sus tradiciones.
"Hemos pedido que nos expliquen cuál es la política indigenista de este gobierno", porque sin conocerla "es dificil dialogar", dijo el senador, quien aclaró que los u'wa desean que se busquen los medios para usar los recursos sin provocar "la muerte de los indígenas y la extinción de su cultura".
La Organización Nacional Indígena (ONIC) expresó que el otorgamiento de la licencia a la OXY revela que la única política indigenista del gobierno se basa en "extinguir a los pueblos indígenas y entregar sus recursos naturales a la banca internacional".
El gobierno colombiano podría ser demandado por genocidio ante los tribunales internacionales, según el diputado independiente Gustavo Petro, quien recordó que el país suscribió en 1998 ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el estatuto internacional contra los delitos de lesa humanidad.
El genocidio, uno de los delitos conteplados en el estatuto, implica la lesión grave a la integridad física o mental de las comunidades o el sometimiento intencional a condiciones que acarreen su extinción.
Estas dos condiciones se darían en el caso de "usurpación del territorio" de que sería objeto la comunidad u'wa si la OXY inicia exploraciones en el bloque Samoré, aseveró el parlamentario. (FIN/IPS/yf/ag/hd/99
