COLOMBIA: Erradicar cultivos ilícitos, una estrategia insuficiente

El aumento de 222 por ciento de los cultivos de coca en Colombia entre 1995 y 1998 evidencia una errática política antidrogas atada a compromisos internacionales, que pone énfasis en la producción y no ataca el negocio del narcotráfico, aseguran expertos.

Acción Andina, organización que agrupa a investigadores en temas de drogas en los países de esa región, informó que los cultivos de hoja de coca en territorio colombiano se extendieron de 45.550 hectáreas en 1995 a 101.200 hectáreas en 1998, pese a haber sido el país que más áreas erradicó en ese lapso.

Este notable incremento fue reconocido por el director de la policía antinarcóticos, coronel Leonardo Gallego, quien afirmó que en los departamentos de Cauca, en el oeste del país, Nariño, en el sur, y Norte de Santander, en el nordeste, el aumento de los sembradíos ilegales superó 100 por ciento.

No obstante, Gallego indicó que la región donde más se evidencia el crecimiento es en Putumayo, en el sur de Colombia, que de 12.000 hectáreas en 1997 pasó a unas 35.000 en la actualidad, un aumento mayor a 300 por ciento.

En 1998 la policía antinarcóticos erradicó cerca de 45.000 hectáreas de plantaciones de coca y en lo que va de este año se destruyeron unas 38.000 hectáreas.

Ricardo Vargas, investigador de Acción Andina en Colombia, afirmó que el aumento de los cultivos ilícitos es el resultado de una estrategia equivocada que "no ataca los dineros del narcotráfico, los verdaderos promotores del negocio".

Vargas dijo a IPS que, si se analiza "históricamente este problema", se aprecia que la demanda de la hoja de coca en los últimos cuatro años se mantuvo entre 270.000 y 300.000 toneladas, mientras lo único que cambió son las zonas en la que se produce.

Lo más notable en este cambio de comportamiento se dio a partir de 1994 con el desmantelamiento del cartel de Cali, que se abastecía en los cultivos de la zona del Huallaga, en Perú.

El proceso de desmantelamiento de los carteles de la droga en Colombia culminó con la detención de los máximos jefes del de Cali, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, entre 1995 y 1997.

En diciembre de 1993 se había desbaratado el cartel de Medellín, en un operativo policial en el que fue muerto su jefe, Pablo Escobar, y se capturó a sus principales integrantes.

La desaparición de esas dos organizaciones, que controlaban 80 por ciento del comercio de la cocaína en Estados Unidos, dio inicio a un proceso de "recomposición" de los capitales de la droga, que son los que estimulan el negocio, señaló Vargas.

El investigador precisó que, a partir de que Huallaga se quedó sin comprador, "el precio (del kilogramo de base de coca) cayó y se detuvo la producción", mientras en Colombia "se consolidó un proceso de 'democratización' del narcotráfico", con pequeños grupos que se apoderaron del negocio, y que aún lo controlan.

Vargas sostuvo que fumigar los cultivos no soluciona el problema del narcotráfico, ya que las plantaciones "no necesitan infraestructura para conseguir materia prima" y los traficantes van con su dinero donde pueden conseguir o estimular fácilmente a los productores.

Agregó que la recomposición de los carteles "es lo que explica el crecimiento de áreas cultivadas en forma ilícita en Colombia, justo en los años en que más se ha fumigado", desplazando a Perú como principal productor de hoja de coca.

Pueden echar todo el "veneno" que quieran, pero mientras el motor del negocio, que es el dinero del narcotráfico, demande materia prima, "el problema se trasladará al lugar donde haya condiciones favorables para el narcocultivo", afirmó el experto.

Acción Andina entiende que en Colombia todavía hay posibilidad de que los cultivos ilegales de coca se desplacen por varios años más, en especial hacia la zona sureña de la Amazonia, ya que los precios internacionales de la droga han aumentado.

Algunos analistas dicen que la tesis de la "narcoguerrilla", sustentada por el jefe de la oficina de política nacional contra las drogas de Estados Unidos, Barry McCaffrey, desvió la atención hacia los grupos insurgentes y dejó en libertad de acción al narcotráfico.

Los expertos afirman que los verdaderos traficantes de drogas se "están haciendo la fiesta" con el incremento de los precios de los estupefacientes. El kilogramo de base de coca pasó de cotizarse a uno 400 dólares hace dos años a 800 y 1.000 dólares en la actualidad.

MaCaffrey pidió este año un incremento de la ayuda militar a Colombia, con el argumento de que la guerrilla es la sustituta de los carteles de la droga, y apoyó la creación de un batallón especial "antinarcoguerrilla" que comenzó a operar en agosto en el sudeste del país.

Analistas políticos señalan que Washington está dedicando el mayor porcentaje de sus recursos (cerca de 500 millones de dólares anuales) para combatir los "narcocultivos", mientras los narcotraficantes, que controlan 88 por ciento del negocio, han recompuesto sigilosamente sus estructuras.

En la actualidad, los cultivos se han desplazado a San Vicente del Caguán, en el sudeste, una zona desmilitarizada por el gobierno desde diciembre para las negociaciones de paz con las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, así como a Murillo y Puerto Guzmán, en el este, y Cauca, en el sudoeste.

El desplazamiento de plantaciones en la Amazonia también involucra a Perú, Bolivia y Brasil, que tienen un gran potencial para desarrollar nuevos cultivos, sostiene Acción Andina.

El incremento de las áreas de cultivos ilícitos se explica también por el deterioro de la situación económica de Colombia, con cerca de 20 por ciento de desempleo, que equivale a unas dos millones de personas sin trabajo.

William Pérez y Luis Londoño, de la facultad de Agronomía de la estatal Universidad Nacional, indicaron que unas 300.000 familias, más de un millón de indígenas, colonos de tierra, campesinos y habitantes urbanos marginales viven directamente de las plantaciones ilícitas.

Varios estudios registran unas 150.000 hectáreas "itinerantes" de cultivos mayoritariamente de coca, pero también de marihuana y amapola, que afectan a 420 de los 1.002 municipios del país y han llevado a la destrucción de entre dos y cinco millones de hectáreas de bosques. (FIN/IPS/yf/dm/ip en/99

Archivado en:

Compartir

Facebook
Twitter
LinkedIn

Este informe incluye imágenes de calidad que pueden ser bajadas e impresas. Copyright IPS, estas imágenes sólo pueden ser impresas junto con este informe