Las ciudades y pueblos de Bolivia sirven de escenario este mes de una aguerrida batalla política con vista a las elecciones municipales de diciembre, en la que el desarrollo urbano y la producción es el centro del discurso de los candidatos.
La campaña concluirá el 5 de diciembre con los comicios para elegir 1.642 concejales y 1.059 agentes cantonales, quienes, a su vez, designarán en enero a los alcaldes de los 314 municipios del país.
Esta es la nueva democracia municipal, que transita esperanzada por un camino abierto hace cinco años tras la aprobación de la ley de Participación Popular, que revolucionó la fuerza de los municipios bolivianos.
Desde la entrada en vigor de la norma los municipios son codiciados espacios de poder económico y político, que reciben recursos del gobierno nacional en forma proporcional al número de sus habitantes, a diferencia de lo que ocurría antes de 1994, cuando la mayoría no recibía un solo centavo.
Cada año, los municipios reciben unos 215 millones de dólares promedio provenientes de la coparticipación tributaria.
Pero, en cinco años de aplicación de la reforma, los espacios de poder local de las poblaciones y capitales de provincia han conocido también de cerca la corrupción.
Si bien los expertos definieron en parte este nuevo fenómeno como la "democratización de la corrupción", a la vez reconocen en la nueva organización grandes potencialidades para transitar del municipio benefactor al productivo.
"El talón de Aquiles de los gobiernos municipales está en la administración de los recursos. A más de 80 municipios se les ha congelado los recursos en estos años por causa de mal manejo" de los fondos, dijo Iván Arias, experto en temas municipales.
Arias, también funcionario de un proyecto de la Agencia de Cooperación Suiza para el Desarrollo, agregó que a causa de la corrupción cayeron decenas de dirigentes que cavaron su propia tumba o, simplemente, aprendieron a ser cínico y hacerse rico con dinero ajeno.
Pero solo el aprendizaje garantizará, en el futuro inmediato, que haya transparencia administrativa. Por un lado los alcaldes aprenden a utilizar correctamente los recursos y, por otro, aumenta el control social a través de los comités de vigilancia, cada vez más efectivos.
Ese control es mayor en los municipios más pequeños, mientras en las grandes ciudades la fiscalización de los fondos municipales es aún reducida, porque los comités de vigilancia se preocupan más por lograr obras para sus distritos que en velar por la transparencia administrativa.
Arias reconoce también que algunos municipios de zonas rurales han comenzado a mirar el mundo con visión de cambio, adoptando una nueva actitud frente a sus condiciones de vida, influyendo, con su ejemplo, en políticas regionales y nacionales.
Con esa nueva perspectiva, los gobiernos municipales tienen como meta convertirse en promotores de desarrollo, en lugar de simples ejecutores de obras como hasta ahora, con acciones de concertación entre el ámbito público (el municipio) y las iniciativas y capitales privados.
Quizá porque los municipios son hoy espacios de participación política y tienen capacidad de disponer de los recursos para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes es que las elecciones de diciembre están movilizando a todo el país, incluso en mayor medida que los comicios nacionales.
Uno de esos casos exitosos es el municipio de Buena Vista, ubicado en el oriente de Bolivia, que en base a una planificación concertada con el sector privado y una población participativa logró un sorprendente despegue económico.
En Buena Vista, de apenas 11.000 habitantes, las autoridades municipales identificaron el potencial turístico del área proporcionada por el Parque Nacional Amboró, con una gran reserva de flora y fauna.
En los últimos años esta pequeña ciudad invirtió más de seis millones de dólares en infraestructura hotelera, urbanizaciones, condominios y ofertas de servicios.
Así, subió su capacidad hotelera de apenas 24 camas disponibles a más de 500 en la actualidad.
Modelos como ese están en la mira de muchos candidatos a alcaldes que competirán en las elecciones de diciembre.
En todo el país participan 18 partidos, mientras unos 40.000 candidatos aspiran a ser concejales municipales, en ciudades y poblaciones intermedias, o agentes cantonales, en capitales de provincias y cantones).
En el caso de las ciudades, las agendas de discusión son tan diversas como las culturas que las habitan.
El mayor dolor de cabeza de la democracia municipal boliviana es La Paz, la ciudad sede del gobierno nacional.
Esta ciudad, que desparramó sus viviendas entre cerros y hoyadas, corre el riesgo de repetir la historia de los últimos cuatro años en que tuvo cuatro alcaldes, uno por año y, por tanto, un trabajo discontinuo, caótico y dominado por las denuncias de corrupción.
En La Paz ocurre un fenómeno curioso de excesiva dispersión del voto, por la que todos se sienten con capacidad para gobernarla.
Una encuesta del diario La Razón reveló que el candidato favorito para ganar la alcaldía paceña es Juan del Granado, un político que ganó popularidad por enjuiciar al ex dictador Luis García Meza (1980-1981), quien cumple 30 años de prisión sin derecho a indulto.
Del Granado, que recoge 22,1 por ciento de la intención de voto de los consultados por La Razón, fortaleció su carrera política a partir de un discurso sobre la honestidad y una práctica parlamentaria fiscalizadora de todas las formas de corrupción.
Detrás de Del Granado aparece la periodista Cristina Corrales, con 21 por ciento de las adhesiones y un discurso populista destinado a los sectores populares.
Ambos candidatos presentan una nueva forma de hacer política, separándose de los partidos tradicionales que han tenido experiencias negativas en los gobiernos municipales y cuyos candidatos registran escasos porcentajes de intención de voto en las encuestas. (FIN/IPS/ac/dm/ip/99
