El gobierno de Chile ratificó hoy que las razones humanitarias son el único recurso para traer pronto de regreso al ex dictador Augusto Pinochet, ya que España apelará si la justicia británica rechaza este viernes su extradición.
Las esperanzas de que el gobierno español posibilitara la liberación del ex gobenernante de facto de 83 años, arrestado desde el 16 de octubre de 1998 en Londres, fueron desahuciadas este jueves en Madrid por el canciller del país europeo, Abel Matutes.
Las declaraciones de Matutes aumentaron en Chile la polémica sobre Pinochet, en la víspera del trascendental fallo acerca del general retirado y senador vitalicio que gobernó desde septiembre de 1973 hasta marzo de 1990.
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Juan Gabriel Valdés, dijo en Santiago que no le sorprendieron las precisiones de Matutes, quien ratificó las instrucciones que el juez español Baltasar Garzón dio anteriormente a la Fiscalía británica.
La Fiscalía, que representa en el juicio contra Pinochet al gobierno español, deberá entonces apelar si el juez Ronald Bartle, del tribunal de Bow Street, dictamina que no procede la extradición del ex dictador a Madrid.
La prensa chilena se hizo eco en los dos últimos días de versiones del diario español El País, según las cuales el gobierno del derechista José María Aznar había dado instrucciones a la Fiscalía británica de abstenerse de una apelación.
"No me sorprende", dijo Valdés a propósito del desmentido de Matutes a El País. Esto demuestra, según el canciller chileno, el "margen de maniobra inexistente" del gobierno de Aznar en este caso.
Valdés recordó que el 11 de julio, en una carta enviada al diario El Mercurio de Santiago, Matutes sostuvo que España respetaría una eventual decisión del gobierno de Gran Bretaña de liberar a Pinochet por razones humanitarias.
"Espero que pueda ser respetada esa palabra (de Matutes) si eso llega a suceder", añadió el canciller chileno, quien ha criticado permanentemente la falta de coherencia que a su juicio ha tenido su par español en el caso Pinochet.
Pinochet fue exonerado por el juez Bartle de comparecer personalmente en la corte este viernes, atendiendo a informes sobre la deteriorada salud del ex dictador chileno, quien habría sufrido dos ataques cardíacos durante septiembre.
La ratificación hecha este jueves por Matutes garantiza la continuidad del proceso de extradición y ratifica la decisión del gobierno español de no interferir los pasos propiamente judiciales del proceso.
En caso de que el fallo de Bartle sea favorable a la extradición, será la defensa de Pinochet la que apelará para impedir que sea enviado a España, donde el juez Garzón lo procesa por crímenes contra la humanidad.
Los trámites de apelación, de acuerdo a precedentes británicos sobre juicios de extradición, podrían prolongar el proceso por dos años o más, período al cual Pinochet difícilmente podría sobrevivir, según sus médicos.
El gobierno británico del laborista Tony Blair sostiene también que no interferirá el desarrollo judicial del caso Pinochet, pero tras el fallo de este viernes se abre una fase en que pueden aplicarse consideraciones políticas.
El ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, podría optar en las próximas dos semanas por ratificar la continuidad del juicio de extradición o expulsar del país a Pinochet por razones humanitarias, permitiendo su regreso a Chile.
La advertencia de Valdés, en términos de que España respete los dichos de Matutes en su carta de julio, apunta precisamente a esa hipótesis y confirma que la clemencia es el único camino para el retorno del ex dictador en el corto plazo.
Cualquiera sea el fallo de Bartle, la sociedad chilena seguirá pendiente de la suerte de Pinochet en un clima de polarización, motivado por las masivas violaciones de los derechos humanos durante el régimen dictatorial.
El gobierno del presidente Eduardo Frei estima que un fallecimiento del ex dictador en el exilio alejará más aún la reconciliación nacional y abortará el diálogo civico-militar sobre los derechos humanos iniciado el 31 de agosto.
La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) y otros grupos humanitarios estiman que la única posibilidad de hacer justicia está en la extradición a España de Pinochet, quien en Chile estaría protegido por un sistema de impunidad.
La presidenta de la AFDD, Viviana Díaz, quien ha sido objeto en las últimas semanas de constantes amenazas de muerte anónimas, denunció esta situación al gobierno y presentó este jueves un recurso de amparo ante los tribunales.
La Corte Suprema de Justicia de Chile dará curso tal vez este mismo viernes a un escrito judicial con 75 preguntas para Pinochet del juez Juan Guzmán, encargado de unas 40 querellas criminales presentadas en el país sudamericano contra el ex dictador desde enero de 1998.
Frei y Valdés alegan que estas acciones judiciales demuestran, pese al escepticismo de la comunidad internacional, que Pinochet "puede y debe" ser juzgado en Chile, en lugar de ser extraditado a España.
Los chilenos madrugarán este viernes para seguir por la radio y la televisión los informes sobre el fallo en el tribunal de Bow Street, que será virtualmente cercado en Londres por partidarios y detractores del ex dictador.
La AFDD inició una vigilia en su sede en Santiago a la espera del dictamen judicial y otro tanto harán los seguidores del ex dictador en la Fundación Pinochet, mientras la policía reforzará la protección a las embajadas de España y de Gran Bretaña en la capital chilena. (FIN/IPS/ggr/ag/hd-ip/99
